¿Habrá recortes tras las elecciones? Las reglas fiscales exigirán más ajustes en los peores escenarios del Gobierno

El gasto público de España se encuentra en niveles récord desde 2020, año en el que entraron en vigor los primeros presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez y a lo que se sumó una respuesta expansiva de la Unión Europea a las crisis de la pandemia y de la guerra en Ucrania. El gasto público supuso en 2020 el 51,90% del PIB y después ha ido bajando ligeramente por el extraordinario crecimiento de la economía, situándose en el 50,52% en 2021 y en el 47,80% en 2022.

Según el Programa de Estabilidad entregado a la Comisión Europea hace unos días, el porcentaje de gasto sobre el PIB continuará bajando aún más pasado el año electoral de 2023, ya que el Ejecutivo contempla un descenso desde el 47,3% de 2023 al 46,3% en 2024, que se mantendría los dos años siguientes. Este porcentaje de gasto estaría en la línea de 2013 (con un gobierno de Mariano Rajoy), aunque en cifras absolutas sería muy superior.

Sin embargo, el elevado nivel de deuda pública y la posibilidad de que no se reduzca todo lo deseable si la situación económica empeora, podría obligar al Ejecutivo de turno a hacer más ajustes de los ya previstos para encajar en la disciplina fiscal comunitaria. Las reglas fiscales se reactivan en 2024 y piden, además de un déficit del 3% sobre el PIB, una reducción paulatina de la deuda, con un deseable 60% sobre el PIB. España contaba a cierre de 2022 con un 113,2% de ratio deuda/PIB.

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Lo que se conoce hasta el momento de las nuevas reglas fiscales, indica que los estados miembros con “riesgos fiscales elevados o moderados”, entre los que se encuentra España, deberán asegurar una senda de “reducción continua de la deuda pública en el medio plazo”, según recoge el propio Programa de Estabilidad. Por lo que no se pone una fecha para alcanzar el objetivo del 60%.

Según explica, María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la propuesta de reglas fiscales de la Comisión Europea pide que los gobiernos presenten planes fiscales que permitan un descenso de la deuda de manera “plausible”, es decir, que la tendencia sea “descendente incluso en escenarios razonablemente adversos”. Algo que en estos momentos no se cumple en el caso español: “Con pequeños cambios que hagamos en los supuestos en cuanto a crecimiento del PIB, inflación o tipos de interés, la tendencia resultante es o ascendente o solo muy levemente descendente”, advierte Fernández.

El Programa de Estabilidad detalla que la senda de reducción continua de la deuda se cumple en el escenario principal del Gobierno, según el cual España terminaría 2026 con una deuda sobre el PIB del 106,8%, pero se incumple en el resto de escenarios. Si el BCE sube 120 puntos básicos este año, la deuda disminuiría menos anualmente y se estancaría en el 109,5% del PIB tanto en 2025 como en 2026. Si el crecimiento de la economía de la zona euro fuera un punto menos y continuara la inflación, la deuda crecería en 2025 y en 2026 respecto a los dos años anteriores y llegaría al 110,8%. En el peor de los escenarios contemplados por el Ejecutivo, España terminaría en 2026 con una deuda del 113,7% del PIB, más que actualmente.

Pese a las posibles desviaciones, Fernández no cree que España termine sancionada. Según recuerda, ningún país ha recibido una multa por incumplimiento de las reglas fiscales hasta la fecha “a pesar de que los incumplimientos han sido numerosos y habituales, especialmente en el caso de España”. En su opinión, las nuevas reglas propuestas siguen dependiendo de “valoraciones subjetivas” y de negociaciones políticas sobre planes planteados por las autoridades de cada país, por lo que se podrán “alargar los plazos de cumplimiento si se presentan vagos planes de reformas e inversiones”. En consecuencia, las nuevas reglas fiscales “no van a suponer un avance significativo hacia un esquema estricto”, opina.

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Según el profesor Josep Comajuncosa, del Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad de Esade, la reducción de la deuda pública es “necesaria” para que la Unión Europea funcione correctamente, por lo que los objetivos y sanciones “son de entrada imprescindibles”. La propuesta de la comisión solo contempla por ahora multas acumulables por déficit excesivo, no por deuda. Estas serán cada seis meses y equivaldrán al 0,05% del PIB del Estado incumplidor, pero España alcanzará, según el Gobierno, el nivel de déficit requerido.

Comajuncosa, explica que es difícil que España consiga estar en el 60% de deuda en el futuro próximo: “Reduciendo el déficit a cero y la ratio deuda/PIB solo con el crecimiento del PIB se tardaría casi dos décadas”. Por ello cree que “los recortes serán inevitables” con este escenario: “Se podrá discutir su magnitud, su ritmo y, especialmente, en qué ámbitos se aplican, pero es un tema que estará seguro en la agenda política”, afirma. Antonio Pedraza, presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, coincide en esta opinión y considera que los mayores recortes se aplazarán a 2024.

Pedraza recuerda que la deuda supera ya los 1,5 billones de euros, cifra que “va a ser difícil reducir en este año electoral, con muchos gastos comprometidos”. Prueba de ello es que en febrero la deuda sumó 30.208 millones más, según afirma el economista. En cambio, sí ve “factible” que el déficit descienda hasta el 3% del PIB en 2024, como se ha comprometido el Gobierno, ya que los ingresos continúan en cifras récord tras un aumento de la recaudación interanual del 14,4% en 2022. Por otra parte, cree que el crecimiento del PIB, de los ingresos y el recorte “testimonial” del gasto ya previsto en el Programa de Estabilidad no serán suficientes para rebajar la deuda. “Nos caerá una subida de los impuestos, máxime si la economía no crece al ritmo que está creciendo ahora”, afirma.