El desempleo de larga duración es un problema en España desde el inicio de la crisis financiera y se resiste a bajar de la barrera de más del millón de personas pese a la buena marcha del mercado laboral en los últimos meses. Según los últimos datos de la Encuesta de Población activa, relativos al primer trimestre de 2023, España cuenta con 1.305.000 parados que llevan un año o más en búsqueda de empleo. Si bien esta cifra es inferior en más de 200.000 personas a la del mismo trimestre de 2019, supone una tasa de paro de larga duración del 5,53%, por encima del objetivo que el Gobierno se marcó al inicio de la legislatura.
El Ejecutivo aprobó en 2019 una estrategia para prevenir y reducir el paro de largo duración, el plan Reincorpora-T, que trataba de “reducir sustancialmente” este problema. Entre sus principales objetivos se fijaba rebajar la tasa de paro de larga duración al 4,3% de la población activa en 2021, algo que no ha sucedido por el auge de este desempleo más crónico tras la pandemia. De hecho, el peor dato se registró en el segundo trimestre de 2021, cuando 1.735.600 personas contaban como paradas de larga duración en la EPA y suponían una tasa de paro del 7,48%.
Como se desprende del informe elaborado por CCOO “Mercado de trabajo y protección por desempleo″, presentado a los medios este miércoles, las personas en paro de larga duración suponen ya el 45% del total de parados medios del año 2022, un punto más que en 2019. De ellos, el 67% llevaba más de dos años buscando empleo sin éxito y el 22% más de cuatro años. Según ha afirmado Hortensia García, técnica de CCOO y autora del informe, los agentes sociales no han conocido los resultados exhaustivos del citado plan Reincorpora-T, pero considera que “no han sido muy efectivos” a tenor de estos datos.
El paro de larga duración provoca un mayor peso de las prestaciones asistenciales por desempleo frente a las contributivas y termina derivando en vacíos de cobertura, ya que hay personas que consumen la prestación asistencial sin haber encontrado un nuevo empleo o que no cumplen con los requisitos para acceder a una de ellas. De manera que hay miles de parados de larga duración sin cobrar ningún tipo de prestación. El informe de CCOO refleja que, según el SEPE, la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo a personas con experiencia laboral previa fue del 68,7% en diciembre del pasado año, mejor que en 2021, aunque aún lejos de las tasas alcanzadas en 2009 (80%) y 2010 (77%), antes de la reforma laboral de 2012 que endureció el acceso a estas prestaciones.
Dicha tasa de cobertura significa que más de un 30% de los parados no cobra ningún tipo de prestación, aunque, según García, el porcentaje de personas sin cobertura se eleva hasta el 58% entre los parados de larga duración: es decir, casi 6 de cada 10 personas. Los datos públicos del SEPE no reflejan este desglose, pero la cifra fue comunicada por el Ministerio de Trabajo a los agentes sociales en una de sus reuniones.
Cabe señalar que las personas sin cobertura por desempleo pueden optar a otras prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o las rentas mínimas de las comunidades autónomas para obtener una renta mínima de supervivencia, aunque la dificultad administrativa para solicitar el IMV y el decalaje entre la situación económica que se tiene en cuenta para valorar el caso y la situación inmediata de la persona interesada reducen su alcance. Según CCOO, cuando el Ejecutivo puso en marcha el IMV pretendía llegar a 700.000 hogares, más de dos años y medio después solo llega a 611.029.
Sin reforma de la protección por desempleo
Según Carlos Bravo, secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, los agentes sociales han conseguido llegar a “acuerdos importantísimos” en materia laboral esta legislatura, pero continúa pendiente la reforma del sistema de protección por desempleo, que estaba prevista para finales de 2022 por estar comprometida en el componente 23 del Plan de Recuperación de los fondos Next Generation. Hasta ahora solo se han abordado medidas para ciertos sectores en torno a las prestaciones por desempleo, pero no una reforma general. Algunas de estas medidas han sido la reforma del subsidio de mayores de 52 años, la ayuda por cese de actividad de los autónomos y las modificaciones en las prestaciones por desempleo para artistas, empleadas del hogar y fijos discontinuos.
El Gobierno sabe de la importancia de esta reforma, pero no se tienen noticias de ella desde una comparecencia de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en junio de 2022 en el Congreso de los Diputados. Según recuerda CCOO, Díaz se comprometió durante aquella intervención a reformular las prestaciones asistenciales del sistema, introduciendo cambios en el subsidio por desempleo, simplificando su estructura y facilitando los criterios de acceso para llegar a más beneficiarios y ampliar la cobertura. Casi un año después, CCOO denuncia que aún no han recibido el borrador de la reforma y temen que se termine aprobando sin consultarles o que se deje para la siguiente legislatura, por lo que hacen un llamamiento al Ejecutivo a negociar un real decreto en el marco del diálogo social.