Los rápidos trasvases de los ex altos cargos a las empresas privadas tras abandonar el gobierno en el que trabajaban son motivo de polémica en muchas ocasiones, pero legales si los autoriza la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Entre 2014 y 2022, este organismo ha dado el visto bueno a 444 solicitudes procedentes de 249 ex altos cargos para iniciar un trabajo en la actividad privada tras el cese de sus funciones. Entre ellos, un caso llamativo es el del exvicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias.
Iglesias es el segundo ex alto cargo, solo por detrás del exconsejero de la CNMV Oriol Amat, que más autorizaciones ha recibido para trabajar en la empresa privada por haber pasado menos de 24 meses desde su salida del Ejecutivo. Un total de 12 hasta el 31 de diciembre del pasado año (Amat cuenta con 24), de las cuales ocho son para actividades en medios de comunicación.
Según los datos que aparecen en el Portal de Transparencia, a los cinco meses y medio de dejar el Gobierno (31/03/2021), Iglesias recibió autorización para comenzar en la Universitat Oberta de Cataluña (07/09/2021) y, días después, para iniciar su colaboración en la radio RAC 1 y en los periódicos ARA y GARA. Le siguió la autorización en CTXT, Cadena Ser y la Fundación Instituto 25 de mayo para la democracia, perteneciente a Podemos. Posteriormente, ya en 2022, fue autorizado a prestar sus servicios en la empresa editora de Público, Display Connectors; en el curso de liderazgo de la CEOE; en la Fundación Hamilton A. Y. S. y en los medios TV3 (en el programa Planta Baixa) y CN5.com.
Iglesias se encuentra inmerso actualmente en el lanzamiento y dirección de un nuevo medio, la cadena Canal Red, que emite desde el pasado lunes 24 de abril en la frecuencia de TDT que antes tenía 7NN en Madrid. El Portal de Transparencia no registra autorización al político para iniciar su actividad en esta empresa, aunque podría aparecer en próximas publicaciones, ya que Iglesias debía pedir autorización a la OCI para actividades privadas hasta el 31 de marzo de 2023, dos años después de dejar el Gobierno.
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Además del exvicepresidente, otros antiguos cargos públicos que no son periodistas saltaron a radios, periódicos y productoras al dejar el gobierno. Iván Redondo, quien fue mano derecha de Pedro Sánchez y director de su gabinete hasta julio de 2021, consiguió autorización para colaborar en La Vanguardia tres meses después del cese y actualmente es consejero de la empresa editora, el Grupo Godó.
El exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo comenzó dos meses después de salir del Gobierno de Mariano Rajoy en Cuarzo Producciones, aunque nunca dejó la política (era diputado por Alicante) y ahora es diputado en el Parlamento Europeo y colaborador en distintos medios de comunicación. José María Lassalle, secretario de estado para la Sociedad de la Información hasta junio de 2018, empezó como colaborador en La Vanguardia y a día de hoy escribe para más medios. También tiene una ligera presencia en medios Carmen Calvo, ex ministra de Presidencia, que es colaboradora de la Cadena Ser y preside la Comisión de Igualdad del Congreso.
Algunos de los que pidieron ingresar inmediatamente en medios tras su cese ya tenían una carrera periodística anterior. Es el caso de Fernando Garea, quien tras presidir la Agencia Efe hasta febrero de 2020 solicitó iniciar su actividad en ocho medios privados distintos. También el de José Antonio Sánchez, presidente y consejero de RTVE hasta junio de 2018, que aterrizó meses después en la COPE y en 13TV como consejero. Máximo Huerta, el ministro más breve de la democracia, regresó a TVE un año después de dicha experiencia a través de la productora Catorce Comunicación, y Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación entre 2018 y 2021, tardó ocho días en ser autorizado para volver a Cuatro (Mediaset) tras su cese.
Consultoras y grandes empresas
Pese a la visibilidad de las llegadas de ex altos cargos del Gobierno a medios, estos no son el destino más habitual de los políticos. Abundan las consultoras, asesorías, despachos de abogados, grandes empresas y centros de estudios. Poniendo como ejemplo algunas salidas de 2022, Juan Pablo García-Berdoy, representante permanente de España ante la UE hasta julio del pasado año, ha fichado por la consultora LLYC y el exdirector general de Calidad y Evaluación Ambiental, Ismael Aznar, por una de las Big Four, PwC. Otros ex altos cargos, como Pablo Castillo Bretón, optan por grandes empresas. En su caso, el que fue jefe del mando de personal del ejército del aire ha fichado por Hisdesat, empresa operadora de satélites para clientes gubernamentales.
En cuanto a los ministros de la XIV legislatura que han dejado el Gobierno, gran parte continúan siendo cargos políticos o públicos (Juan Carlos Campo, Carmen Calvo, José Luís Ábalos, Isabel Celaá, José Manuel Rodríguez Uribes y Salvador Illa). Por sus fichajes privados destaca, más allá de Pablo Iglesias, el exministro de Ciencia Pedro Duque, que forma parte del consejo de administración de la ingeniera aeronáutica Destinus, además de ejercer como consultor en Herius Capital.