Multas por malgastar agua, cortes en el suministro y facturas más caras: ¿qué restricciones aplicó España en sus sequías más graves?

La sequía está afectando considerablemente a muchos puntos de España. Actualmente, el 27% de las regiones de España está en situación de emergencia o alerta debido a la escasez de agua. En concreto, el 14% se encuentra en el primer escenario y 12,9 en el segundo. Además, un 20,2% de los territorios está en prealerta. La falta de precipitaciones unido a las altas temperaturas ha provocado que muchas comunidades comiencen a barajar distintas posibilidades para reducir el consumo de agua.

Algunas regiones como Cataluña ya han comenzado a imponer restricciones como la reducción de un 40% del agua para uso agrícola y un 15% para el uso industrial. Así como la prohibición de riego de zonas verdes públicas y privada o la limpieza de calles con agua potable. Además se limita la disponibilidad de agua para cada persona a 230 litros al día. Sin embargo, esta no es la primera vez que España se ve obligada a imponer restricciones respecto al uso del agua.

En 1989, País Vasco enfrentaba una grave escasez de agua que llevó a su gobierno a tomar medidas. Comenzaron con cortes de seis horas durante la noche, que fueron aumentando de forma progresiva. Primero pasaron a diez horas al día y luego a 12, unas limitaciones que no se aplicaban inicialmente a los fines de semana, pero que acabaron por ampliarse a todos los días de la semana. A estos cortes se añadieron las restricciones del uso de agua para el riego y limpieza de las calles.

Años más tarde, en el 2000, Sevilla también se vio afectada por una grave sequía que obligó a tomar medidas. Así, comenzaron prohibiendo el uso de agua potable para regar parques jardines, para la limpieza de las calles, para llevar piscinas, estanques y fuentes. Sin embargo, al observar que la situación no mejoraba, las medidas se endurecieron y llegaron las multas para todos lo que no lograran ahorrar un 7,5% de agua.

Estas sanciones económicas también se anunciaron durante el año 2008, cuando Barcelona comunicó que comenzaría a multar a los ciudadanos que malgastaran agua potable. En concreto, las multas podía ir desde los 30 euros, por ejemplo, por lavar el coche con agua potable, a 50 euros por regar jardines de menos de 250 metros, hasta los 750 cuando se tratara un sanción leve, 1.500 por una grave y hasta 3.000 euros cuando tratara de una sanción muy grave.

Durante la sequía del año 2017, el precio de la factura del agua aumentó en muchas de las viviendas españolas como las situadas en Bilbao, Málaga, Palma de Mallorca, Pamplona, San Sebastián, Santa Cruz de Tenerife y Vitoria. Además, esta falta de agua también impactó en el recibo de la luz que experimentó un incremento en su coste. A ello se sumaron también las limitaciones de uso de agua que llegaron a los cementerios, donde quedó racionada y se llevaron a cabo cortes de suministro.

Los seres humanos no fueron los únicos que sufrieron las consecuencias de la escasez de agua, ya que los ganaderos se vieron obligados a dejar a los animales sin alimentos, provocando muchos casos de desnutrición. Esta situación llevó también a un incremento del precio de muchos alimentos como la leche.

Aunque no es necesario remontarse tantos años, ya que el año pasado muchas comunidades también impusieron limitaciones. Galicia prohibió el uso de agua potable para llenar las piscinas, aunque algunas localidades optaron directamente por cerrarlas. Las duchas de las playas también tenían limitado su consumo, algo que también determinaron en Málaga y Sevilla. En Huelva optaron por restricciones nocturnas. Además, en gran parte del territorio español se prohibió utilizar agua potable para el riego de zonas verdes y jardines, llenado de piscinas y limpieza de calles.