La tumba del dictador Francisco Franco, cuyos restos descansan en el cementerio madrileño de Mingorrubio después de que en octubre de 2019 fueran exhumados del Valle de los Caídos, sigue generando gastos a las arcas públicas. Concretamente, 8.569,44 euros al año (714,12 euros mensuales) en gastos de seguridad para proteger el mausoleo y unos gastos de limpieza de 430 euros anuales. Esta es la respuesta que el Gobierno ha dado al senador de Compromís, Carles Mulet.
Mulet critica que seguir manteniendo los restos “del genocida suponga un dispendio de dinero público, reposando con honores de jefe del Estado, mientras que miles de españoles como Federico García Lorca y otras víctimas estén en fosas sin localizar, o que el presidente del Gobierno republicano o de la República estén en tumbas anónimas particulares o en el exilio”.
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La tumba de Franco, un bien Patrimonio del Estado
La tumba de Franco sigue siendo un bien de Patrimonio del Estado regulado por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, cuya gestión y administración corresponde al Ministerio de Hacienda y sus organismos públicos. Aunque los terrenos que ocupa el cementerio de El Pardo-Mingorrubio están cedidos desde 1959 al Ayuntamiento de Madrid, el mausoleo donde descansa el cadáver del dictador desde octubre de 2019 y su mujer Carmen Polo está gestionado y administrado por la Dirección General del Patrimonio del Estado.
Mulet recuerda que el traslado electoralista de los restos de Franco en 2019 costaron 125.920 euros, más 34.069 euros por el coste de la retransmisión efectuada por TVE, a los que hay que sumar otros 75.382 euros en remodelar el panteón de Mingorrubio. El senador ha solicitado al Gobierno que se deje de sufragar con dinero público estos gastos y que la familia de Franco los asuma como una tumba de carácter privado.
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