Los socios de la coalición registran enmiendas para “dotar de mayor seguridad jurídica” a la Ley de Vivienda

La primera Ley de Vivienda de la democracia en España se aprobará en los próximos días gracias a los votos de los socios parlamentarios del Gobierno. Tras una ardua negociación, que han liderado las ministras Raquel Sánchez y Ione Belarra, ERC y Bildu comunicaron a los medios la firma de un acuerdo para votar sí al texto normativo.

A pesar del acuerdo, a lo largo de la semana se han presentado algunas enmiendas que, aunque no tocan el texto pactado, amplían la regulación sobre asuntos tan importantes como las viviendas de alquiler turístico o los arrendamientos de temporada.

El PSOE ha registrado en el Congreso de los Diputados una disposición adicional en la que se establece un plazo de seis meses para la creación de un grupo de trabajo con expertos para regular los contratos de arrendamiento que tengan un uso diferente a los de la vivienda habitual.

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Desde el ministerio dirigido por Sánchez, quién tiene las competencias en materia de vivienda, aseguran que el objetivo es evitar que la figura de los alquileres de temporada se use de forma incorrecta y se acabe dándose fraude de ley.

A pesar de que reconocen que es un asunto “complejo de abordar”, pretenden componer el grupo de expertos con representantes del sector inmobiliario y en el que también tengan presencia tanto las comunidades autónomas, como los grupos parlamentarios.

El arrendamiento de temporada es una figura jurídica destinada a alquilar una vivienda por un tiempo determinado a causa de una circunstancia concreta, como por ejemplo los estudios o el trabajo. Es decir, la clave de este tipo de contratos no es el tiempo, sino las circunstancias que han llevado al arrendatario a alquilar la vivienda, ya que esta no es su domicilio habitual, sino que funciona como tal de manera puntual, por su contexto personal.

Esta disposición adicional se ha registrado con el objetivo de dar mayor seguridad jurídica al texto tras la advertencia de algunos expertos que sostienen que la falta de regulación de los arrendamientos de temporada podría dar pie a los propietarios a sortear la ley.

Esta enmienda, de aprobarse, modificaría el artículo 3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), norma a la que afecta principalmente la Ley de Vivienda, ya que las políticas en esta materia están mayoritariamente transferidas a las comunidades autónomas y la LAU es de las pocas materias que dependen únicamente de la Administración General del Estado.

Unidas Podemos, por su parte, ha registrado una enmienda transaccional que tiene como objetivo limitar el número de pisos turísticos, entre otras cuestiones, para evitar que el mercado del alquiler se pase al arrendamiento turístico de forma masiva.

Los morados, junto con ERC y Bildu, quieren que las zonas que se declaren tensionadas el número de viviendas turísticas no pueda superar el 2% de la población. Por ejemplo, en Madrid, de declararse el municipio como zona tensionada, con algo más de tres millones de habitantes, sólo podría haber poco más de 600.000 pisos destinados al arrendamiento vacacional.

Para Podemos, es “imprescindible” la aprobación de esta enmienda para “garantizar la bajada de los precios y para evitar que los grandes propietarios saquen del mercado sus viviendas”, aseguran desde el partido. El partido de Ione Belarra sostiene que registran en el Congreso la enmienda para hacer cumplir el acuerdo de gobierno que pactaron con el PSOE, el cual establecía el compromiso de limitar los alquileres de las viviendas turísticas.

Sin embargo, desde el PSOE mantienen que es terreno “complicado”, ya que, tal y como se trató durante la negociación entre los socios de la coalición, las competencias en esta materia pertenecen a las comunidades autónomas.