Las asociaciones de jueces y fiscales condicionan la huelga a un acuerdo con Hacienda: “No nos fiamos de que haya voluntad de negociar”

Varias asociaciones de jueces y fiscales han publicado este lunes un comunicado conjunto en el anuncian su intención de convocar una huelga indefinida a partir del día 16 de mayo de 2023. Esta decisión ha sido suscitada debido a la “falta de propuestas concretas” y de un “verdadero propósito de negociar”. Sin embargo, han destacado que esperarán a conocer el planteamiento del Ministerio de Hacienda en la reunión de la Mesa de Retribuciones prevista para el próximo día 3 de mayo.

En concreto, las asociaciones que han formulado este anuncio son la Asociación Profesional de la Magistratura; Asociación Judicial Francisco de Vitoria; Juezas y Jueces para la Democracia; Foro Judicial Independiente; Asociación de Fiscales; Unión Progresista de Fiscales; y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

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El portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero, ha explicado a Infobae España que la Administración de Justicia se encuentra en una situación “compleja” por diferentes motivos. Entre estos se encuentra, los motivos organizativos, de modernización, la falta de medios o la adecuación presupuestaria.

A estas se juntan también los problemas respecto a las condiciones de trabajo, como prevención de riesgos profesionales, protección de la salud, condiciones de jubilación y de nuevas promociones y también condiciones retributivas. Sin embargo, actualmente es esta última cuestión en la que las asociaciones han decidido poner el foco.

En el año 2003 se aprobó la Ley reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal. Se trata de una normativa que crea un ámbito de negociación específico para jueces y fiscales, ya que “no tenemos posibilidad de afiliarnos a sindicatos”, destaca el portavoz de AJFV. Es decir, con dicha ley se creó la Mesa de Retribuciones que no se ha reunido prácticamente nunca desde 2003, destaca este profesional. Además, en esos 20 años la Mesa nunca ha alcanzado un acuerdo que se haya elevado al Gobierno para adoptar una modificación retributiva.

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Por este motivo, Jorge Fernández Vaquero considera que esta situación es “motivo de queja”, ya que desde el año 2003 lleva el marco retributivo congelado. “Para nosotros es una cuestión de conceptos no de cuantía, no se trata solo de subir las retribuciones, sino de estructurar de otra manera”, ha explicado a Infobae España.

En abril del año pasado comenzaron las negociaciones, en las que el Ministerio de Justicia, capitaneado por Pilar Llop, se comprometió a que en octubre de 2022 se convocara la Mesa de Retribuciones. Así, las asociaciones acudieron a distintas reuniones preparatorias, pero a los pocos días se desconvocó. “No hubo una justificación formal, más allá de que, nuevamente, el Ministerio de Hacienda había alcanzado un acuerdo con los sindicatos y decía que, al margen de lo pactado con éstos, no había nada más que hablar y entonces se desconvoco la mesa”, asegura el portavoz de AJFV.

A comienzo de este año 2023, exigieron por escrito al ministerio que convocara la Mesa y pusiera fin a la situación. Así, el 31 de marzo convocó a las asociaciones para una reunión preparatoria de la Mesa, la cual está ha sido fijada para el próximo día 3 de mayo. “En la reunión de marzo, no hubo ninguna concreción de nada, seguimos en el mismo punto que en septiembre del año 2022, lo único que se dijo es que se convocaría la mesa antes del 10 de mayo″, explica Jorge Fernández Vaquero.

Ahora, con la fecha marcada para el 3 de mayo, este profesional destaca: “No nos fiamos por lo que pasó el año pasado. Primero que nos hayan convocado no nos garantiza nada porque nos pueden desconvocar mañana si quieren y no pasa nada. Segundo porque después de un año hablando y demorando las reuniones tampoco nos fiamos de que haya una verdadera voluntad de negociar”.

Ante esta desconfianza, distintas asociaciones han decidido convocar la huelga para prepararse “para el peor escenario”. Sin embargo, confían en que no sea necesario llegar a él porque consideran que hay margen suficiente para llegar a un acuerdo. “Si no hay voluntad de alcanzar un acuerdo ya saben cuales serán las consecuencias”, destaca Jorge Fernández Vaquero, quien afirma que si hay buena fe es “impensable” que no sean capaces de cerrar un acuerdo antes del día 16 de mayo. Además, ya en marzo trasladaron al Ministerio de Justicia que la situación debía finalizar antes del día 1 de junio.

El portavoz de AJFV considera “incomprensible” que hayan llegado a un acuerdo con los letrados de la Administración de Justicia y no sean capaces de cerrar uno con ellos. En este sentido, ha destacado que hasta que los letrados no convocaron la huelga no llegaron a sentarse con el Ministerio de Hacienda para cerrar un acuerdo. “Desgraciadamente nosotros lo que estamos viendo es que parece que solo bajo anuncio de recurrir a estas vías se puede conseguir sentarte con Hacienda”.

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Por este motivo, pone el foco en el departamento que dirige María Jesús Montero, ya que considera que el Ministerio de Justicia no ha sido reacio ni ha habido negativa por su parte de llegar a acuerdos. Sin embargo, este departamento no tiene la decisión final sobre cuestiones presupuestarias, sino que esta competencia depende de Hacienda y “la única posibilidad de que se plantee hablar contigo es anunciando estas medidas de conflicto colectivo”.