Fue en 2019, 44 años después de su entierro, cuando los restos del dictador Francisco Franco fueron exhumados del Valle de los Caídos -ahora denominado Valle de Cuelgamuros- y trasladados al cementerio de Mingorrubio en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, que impide la presencia de restos de dirigentes del golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la dictadura franquista en lugares preeminentes de acceso público.
El próximo 24 de abril será el turno del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, cuyos restos serán enterrados en el cementerio de San Isidro, después de que su familia así lo reclamara. Sin embargo, los familiares de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura enterradas en el valle aún están esperando para poder recuperar los restos de sus seres queridos.
La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) confía en que esta vez, a diferencia de lo que ocurrió con Franco, la exhumación de Primo de Rivera no se convierta en un “espectáculo bochornoso” y que el Gobierno pueda explicar quién fue, “sus intentos golpistas y su esencia fascista”, dice en entrevista con Infobae el periodista y sociólogo Emilio Silva, presidente de la ARMH.
Silva, nieto de un republicano que fue asesinado por el franquismo, también recuerda que la congregación de monjes benedictinos permanece “de forma ilegal” en el valle de Cuelgamuros desde 2020, ya que en octubre de ese año quedó sin valor el convenio por el que podían habitar y ocuparse del lugar.
¿Qué supone la exhumación de los restos de Primo de Rivera?
Me parece lógico que la familia de Primo de Rivera quiera disponer del cuerpo del fundador de la Falange y lo lleve a un lugar que lo considere oportuno. Me va a parecer un acto mejor hecho que la exhumación de Franco, que fue trasladado de un lugar de propiedad pública a otro lugar propiedad pública y hoy su tumba sigue pagada con nuestros impuestos. Franco sigue en un panteón que es propiedad del Ayuntamiento de Madrid, pero que ha sido acogido por el Estado y eso, simbólicamente, lo que nos está contando es que el Estado democrático no ha sido capaz de extraer a Franco del espacio público. Ni en Argentina con Videla, ni en Chile con Pinochet, ni en Italia con Mussolini ni en Portugal con Salazar existe algo parecido y a nadie se le ocurriría que las víctimas de un terrorista pagaran con sus impuestos la tumba del responsable, pero aquí en España esto existe.
En el caso de Primo de Rivera, la familia va a hacerse cargo del cuerpo y lo va a enterrar con sus medios, algo que el Gobierno no fue capaz de imponerle a la familia del dictador. Por otro lado, las familias de los republicanos que están en las fosas no tienen el derecho a ser escuchadas y a que el Estado les haga caso y les garantice sus derechos y, en este caso, vemos que la familia de Primo de Rivera ha sido atendida directamente por el Estado, es más, va a ser exhumado el mismo día en el que nació y yo no creo en las casualidades, creo que hasta en eso ha habido un acuerdo. Es muy triste que las familias de los republicanos tengan que esperar a unas subvenciones, que son recursos limitados.
Lo que sí espero es que el Gobierno haga una explicación pedagógica de quién fue Primo de Rivera, de todos los intentos golpistas que hizo, de su esencia fascista, de que fue juzgado por un tribunal y con un jurado y condenado por haber intentado derrocar a un gobierno, cosa que no tuvo mi abuelo ni otros miles de civiles que fueron sacados de sus casas por los pistoleros de Primo de Rivera para matarlos a tiros en una cuneta y esconder sus cadáveres.
¿Cree que esta exhumación es un ejercicio democrático?
Ya veremos, depende de cómo se haga. En el caso de la exhumación de los restos de Franco no se permitió trabajar en el Valle de los Caídos a la prensa [los medios no podían retransmitir ninguna imagen, excepto RTVE], lo cual me parece vergonzoso. La familia de Franco acudió a la exhumación con una bandera preconstitucional y gritó “¡Viva Franco!”, lo cual está prohibido por ley, y se le trasladó en un helicóptero que en España traslada a las autoridades… fue un espectáculo bochornoso, fue como un pequeño segundo funeral de Estado. Vamos a ver cómo van a organizar el de Primo de Rivera.
También será interesante ver, periodísticamente hablando, cómo será la próxima misa en el valle el domingo [día 30] después de la exhumación, porque el prior administrador, Santiago Cantera, fue candidato de Falange Española Independiente a las elecciones generales de 1993 [y a las europeas de 1994] y estoy seguro de que hará una despedida al fundador del partido.
¿Por qué España no es capaz de enfrentar con más salud su pasado no democrático cuando sí lo han hecho otros países como Argentina, que ha juzgado a numerosos criminales de la dictadura militar?
En España hay un problema de estructura social. Tuvimos una dictadura muy larga y quienes iban a las universidades de los años 40, 50, 60 y principios de los 70 eran fundamentalmente los hijos de los vencedores y esos hijos han sido dirigentes en partidos políticos de diferentes ideologías. Ningún gobierno en España ha inestabilizado los privilegios de las élites que conquistaron tanos privilegios en el franquismo.
En España tenemos una nueva ley de la Memoria Histórica y, según esa norma, deben ser sancionados los actos contrarios a la memoria democrática, pero esto no ocurre. Ejemplo de ello son los actos que se llevaron a cabo el pasado 20 de noviembre [en el que hubo varios actos y manifestaciones franquistas], nos quejamos al Gobierno y las sanciones aún no han llegado. Si no hay voluntad política, [la ley] sirve de poco.
¿En qué os gustaría que se convirtiera el Valle de Cuelgamuros?
En un dispositivo pedagógico. Lo que tiene que hacer el valle es contar su historia, cómo y quiénes lo construyeron, quiénes eran los presos que lo construyeron. Debe ser un lugar que nos enseñe qué fue el fascismo español y nacionalcatolicismo.
Se trata, además, de una basílica donde desde el año 2020 los monjes [benedictinos] están allí de forma ilegal pero el Gobierno no quiere echarlos. El convenio que tenían venció hace tres años y siguen ahí, de okupas, y nadie les ha dicho que se vayan. Su gran negocio no es la basílica, sino la hospedería que hay detrás, donde suelen recibir a grupos ultraortodoxos de la iglesia católica como los kikos [el Camino Neocatecumenal].
Ahora mismo no vas a encontrar ningún elemento narrativo que te explique qué es ese lugar, quién lo hizo y para qué se hizo, solo hay un cartel en el que indica que ahora se llama Cuelgamuros. Ningún Gobierno ha querido hacer algo tan barato como poner un cartel explicativo, porque a nivel político es muy caro. Se trata de un monumento en el que se ha preservado el discurso franquista, nadie se ha metido allí a hacer un relato democrático y me imagino el enfado de las familias, que llevan muchos años peleando para que sus seres queridos salgan de ahí.