Todas las alarmas saltaron cuando el pasado mes de marzo el científico español Rafael Luque, uno de los químicos con mayor prestigio del país y de los más citados en su materia, fue suspendido de empleo y sueldo por un periodo de 13 años por la Universidad de Córdoba. El motivo se debió a que Luque, que contaba con numerosas investigaciones publicadas sobre química verde, había firmado sus estudios como investigador de otros centros como la Universidad Rey Saúd, en Arabia Saudí, o la Universidad de la Amistad de los Pueblos, con sede en Rusia, cuando tenía un contrato a tiempo completo con la facultad española que le impedía hacerlo.
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Según reveló entonces El País, esas universidades financiaban sus estudios o le costeaban hoteles de lujo y viajes en clase ejecutiva, si bien negó haber recibido dinero tanto de Arabia Saudí como de Rusia.
Al igual que Luque, el mismo diario ha avanzado este martes que al menos otros 11 investigadores españoles declaran falsamente que su trabajo principal tiene lugar en instituciones árabes. El objetivo que persigue Arabia Saudí con este tipo de maniobras es colocarse en un mejor puesto en el ranking de Shanghái, un listado que valora la calidad de las mil mejores universidades del mundo, y en el que Harvard, en EEUU, figura como número uno.
Arabia Saudí, además, pagaría una jugosa cantidad de dinero a esos investigadores, algunos de ellos muy citados por sus investigaciones, para que cambien su principal lugar de trabajo en la base de datos, aunque realmente permanecen en España y desarrollan sus investigaciones con sus respectivos centros españoles.
Tras el caso de Luque, la Universidad de Córdoba cayó de forma considerable en el mencionado ranking, que con el tiempo se ha convertido en una clasificación prestigiosa y respetada a nivel internacional.
Una proposición “indecente”
La química Mira Petrovic, que trabaja en el Instituto Catalán de Investigación del Agua (ICRA), contó a El País que Arabia Saudí le ofreció 70.000 euros si la Universidad Rey Saúd figuraba como su lugar de trabajo principal, pero ella se negó al considerarlo una proposición “indecente”.
Por su parte, el químico Damià Barceló, director del ICRA, si bien aceptó la oferta saudí y consta como científico de esa universidad, también aclara que no ha recibido esos 70.000 euros anuales que el país ha ofrecido a otros profesionales. En su caso, explica, le interesaba concretamente el análisis de los contaminantes en cultivos regados con aguas residuales en Arabia Saudí y en, ese sentido, asegura, figurar como investigador en la universidad árabe era la única vía para poder realizar esos estudios, pues, de lo contrario, “no podía recoger muestras”. Barceló, que no ha dado detalles sobre las condiciones de trabajo, admite que solo ha viajado una vez a Arabia Saudí para recoger dichas muestras.
El investigador de 69 años, que cuenta con más de 1.500 estudios firmados a lo largo de su carrera, recibió en 2013 un premio de unos 120.000 euros por parte del rey saudí, Salmán bin Abdulaziz, por sus investigaciones sobre los contaminantes en el agua.
Investigación interna en el CSIC
También figura como científico de la Universidad Ray Saúd el físico español Andrés Castellanos, que ganó recientemente el Premio Nacional de Investigación para Jóvenes. En su caso, cuenta que aceptó esa condición para poder recibir una beca, según recoge El País.
Tanto Barceló como Castellanos pertenecen al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y hay otros tres miembros más de la institución que figuran como trabajadores de una universidad saudí, por lo que el CSIC ha iniciado una investigación interna.