PSOE y PP pactan la modificación de la ley del ‘solo sí es sí': las claves

La ley del ‘solo sí es sí' ha sido uno de los principales quebraderos de cabeza de la coalición en estos últimos meses. Tras el aumento de excarcelaciones, revisiones de condena y reducciones de penas, el PSOE se vio obligado a registrar en el Congreso de los Diputados una propuesta para modificar el texto. Con la oposición del Unidas Podemos, ministerio del que nace la ley, el texto se enfrenta esta semana a una inminente modificación gracias a la unión del PSOE y del PP en este asunto.

Con la modificación fijada para el jueves, Infobae España repasa algunos aspectos claves de esta ley, una de las normas más importantes de la legislatura y, sin duda, una de las banderas del socio minoritario de la coalición.

La principal novedad de esta ley es el consentimiento, el cual se define así: “Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”.

Por tanto, con esta ley se establece el consentimiento en el centro del delito, es decir, a partir de este texto la víctima no deberá demostrar resistencia contra el agresor para que el acto sea condenado como una agresión sexual. Esta es la principal demanda por la que aparece la ley, una ley que empieza a gestarse desde el feminismo a raíz de la sentencia de La Manada. Los jueces sentenciaron abuso ya que la víctima no pudo demostrar que interpuso resistencia contra los agresores.

Por medio de la aprobación de la ley del ‘solo sí es sí', los homicidios empiezan a contabilizar de forma diferente. El texto diferencia entre las víctimas de violencia sexual, las víctimas de violencia de género. A partir de esta diferenciación, el Ministerio de Igualdad contabilizará las estadísticas en tres casos: los homicidios por parte de las parejas, por otro lado, aquellos que se perpetren por las exparejas y, en tercer lugar, aquellas víctimas fuera del ámbito de la pareja.

La violencia que se ejerza por medio de la extorsión o por la difusión de contenido pornográfico no consentido, es considerado un delito. Comportamientos, que al igual que el acoso callejero, a partir de esta norma, son tipificados. En el caso del acoso callejero, tan solo es perseguible previa denuncia de la víctima y las penas a sentenciar son tres: de 5 a 30 días llevando a cabo trabajos para la comunidad, una multa de uno a cuatro meses o la localización permanente entre 5 y 30 días.

La ley integral de libertad sexual instaura como obligatoria la educación sexual, tanto en todas las etapas educativas, como para los agresores sexuales. Aquellos agresores sexuales que sean sentenciados deberán superar programas formativos en igualdad y educación sexual y se condicionará el cumplimiento de estos programas para suspender las medidas a los agresores. Por su parte, la educación sexual se instaurará también en todos los grados universitarios que estén relacionados con la sanidad, la educación o la justicia.

El texto reconoce el derecho a las víctimas a la “completa reparación” y a proporcionar “garantías de la no repetición de esa violencia”. Entre las principales medidas que se ponen en marcha, una de las más importantes es la construcción de centros de crisis 24 horas. Se construirán 50, una por provincia y ofrecerán asistencia psicológica, jurídica y social a las víctimas, a sus familiares y a su entorno. Esta medida se financiará con 66 millones de euros procedentes de los fondos europeos.

En el capítulo económico, la ley establece ayudas a todas las víctimas de violencia sexual que ganen menos que el salario mínimo interprofesional. Estas mujeres recibirán un subsidio equivalente a 6 meses de ayuda por desempleo y será mayor en caso de discapacidad o en el caso de que tenga personas a su cargo.