La polémica no cesa en España desde que la semana pasada el Parlamento de Andalucía inició la tramitación por la vía de urgencia de una proposición de ley presentada por PP y Vox que pretende ampliar los regadíos en el Parque Nacional de Doñana, gravemente afectado por la sequía y los pozos ilegales. A la reforma no solo se oponen científicos y ecologistas, sino también el Gobierno central y Bruselas, que ya ha alertado del riesgo que supone y ha amenazado con posibles sanciones económicas si la norma se aprueba de forma definitiva.
El PP, por su parte, sigue defendiendo su propuesta y este mismo domingo el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, pidió que cese la campaña de “bulos y falsedades” que, a su entender, el PSOE está realizando sobre la nueva proposición de ley de Doñana, al tiempo que recomendó leer la norma.
“Durante los últimos días hemos estado sometidos a una campaña de bulos, mentiras y falsedades por parte del Gobierno de (Pedro) Sánchez y del PSOE y desde el Gobierno de Andalucía exigimos que cese esa campaña. Estoy convencido que una mayoría de la gente que está hablando de la proposición de ley sobre Doñana no se ha leído la ley, porque si se hubieran leído la ley, no estarían diciendo tal cúmulo de barbaridades y de mentiras como las que está trasladando el PSOE”, indicó Sanz en declaraciones recogidas por Europa Press.
Asimismo Sanz aseguró que esta proposición de ley “blinda el acuífero de Doñana de los desatinos del PSOE durante las últimas décadas”.
¿En qué consiste la proposición de ley?
La nueva ley impulsada por PP y Vox pretende legalizar cultivos hasta ahora ilegales, así como modificar el Plan de Ordenación del Territorio del ámbito de Doñana que aprobó el PSOE en 2014, bajo el Gobierno de Susana Díaz, y que eliminó cerca de 1.600 hectáreas del Condado de Huelva como suelo agrícola. Los cientos de agricultores que quedaron entonces fuera de ese plan con sus fincas convertidas en suelo forestal podrían ahora recalificar los terrenos y convertirlos de nuevo en regadío, si bien la nueva medida afectaría a la mitad de esas 1.600 hectáreas.
En su propuesta PP y Vox aseguran que “no se trata de nuevos suelos agrícolas”, sino que “lo eran antes de la entrada en vigor del Plan Especial, no se aumenta en modo alguno la superficie real”. “Se busca dar una solución de legalidad y justicia material a ciudadanos y empresas”, añaden.
Ambos partidos consideran que ese plan de 2014 afectó de manera notable a muchos agricultores, “provocándoles un desamparo que los hizo caer, a veces, en un limbo jurídico y, en otras ocasiones, directamente a una situación no contemplada por una normativa que se aprobó con efectos retroactivos de más de diez años entre su publicación y sus consecuencias”, según consta en el texto. Por eso proponen que esos terrenos puedan obtener ahora “derechos de aguas, que procederán de aguas superficiales, salvo que la Administración hidráulica de la Demarcación Hidrográfica donde se encuentren estos terrenos establezca un origen de recursos diferente”.
El objetivo de esta iniciativa, añaden PP y Vox, “es legislar para que pueda llegar el agua superficial”, pues solo así, aseguran, “se podrá proteger el parque y su acuífero”.
Críticas a la medida
La propuesta del PP y Vox sobre ampliar los regadíos en Doñana sigue sin convencer, sin embargo, a científicos y ecologistas, que alertan de que la demanda de agua en la comarca no ha dejado de aumentar. Según datos publicados por la Estación Biológica de Doñana, instituto del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el regadío en la corona forestal pasó de 2.162 hectáreas en 2004 a 3.543 en 2014, “lo que supone un incremento del más del 30% en apenas 10 años”.
“La explotación actual del acuífero no es sostenible. Se está extrayendo más recurso del que se regenera anualmente mediante la recarga por precipitación, que es variable y decreciente, por lo que se está agotando este recurso natural”, ha señalado el biólogo Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana.
Revilla considera que la proliferación descontrolada de cultivos de regadío sin las correspondientes autorizaciones se debe a un “claro fallo de gobernanza” por parte de las administraciones competentes, al tiempo que critica la “falta de voluntad política” a la hora de solucionar el problema. “Esta inacción ejecutiva es la que nos ha llevado al insostenible punto crítico en el que se encuentra Doñana”, sostiene.