La policía española detuvo a una argentina de 43 años en la ciudad insular mediterránea de Palma de Mallorca como sospechosa de explotar a diez mujeres, la mayoría extranjeras en situación irregular, que ejercían la prostitución en una vivienda.
La investigación comenzó en el mes de marzo a raíz de unas inspecciones aleatorias realizada por la Brigada de Extranjería de la Policía en casas y locales donde se ejerce la prostitución y se suelen encontrar mujeres extranjeras en situación irregular.
En este caso, los agentes efectuaron dos registros en una vivienda que funcionaba como prostíbulo en el barrio de Pere Garau de Palma.
Allí detectaron una decena de mujeres mayores de edad y que, si bien ejercían la prostitución voluntariamente, lo hacían en condiciones gravosas dada su vulnerabilidad personal y económica por carecer de Tarjeta de Residencia que las autorice a trabajar legalmente. Incluso, dormían hacinadas en habitaciones compartidas con camas literas donde se instalaban hasta cuatro mujeres.
Según explicó la policía, muchas son madres con hijos de corta edad, a los que dejaron en sus países al cuidado de los abuelos u otros familiares y que en suelen depender en gran parte del dinero que estas mujeres puedan enviarles desde España.
Los servicios sexuales ofrecidos por las prostitutos le generaban importantes ganancias para la detenida, quien se quedaba con hasta un 50 % del precio de las citas o les cobraba un alquiler abusivo por pernoctar en la vivienda, según consignó la agencia EFE.
Además, la policía comprobó que la casa había sido reconvertida en un bar clandestino donde la dueña también facturaba por la venta de bebidas alcohólicas a los clientes. El local estaba abierto al público las 24 horas.
En una tercera inspección, esta vez con la participación de la Inspección de trabajo y Seguridad Social, se levantaron las actas correspondientes y se detuvo a la supuesta responsable del negocio -cuya identidad no trascendió- como presunta autora de delitos relativos a la prostitución y contra los derechos de los trabajadores.
En marzo del año pasado, otro argentino también había sido detenido en Palma de Mallorca y acusado de explotar sexualmente a mujeres, a quienes les ofrecía trabajo de camareras.
El argentino integraba una banda conformada por mujeres y cinco hombres de entre 22 y 52 años, de nacionalidad boliviana, colombiana y dominicana. La función del argentino dentro de la organización era controlar a las víctimas que la red trasladaba a España con falsas promesas de trabajo.
En aquella oportunidad, la investigación comenzó cuando dos víctimas escaparon de uno de los prostíbulos, acudieron a la policía y fueron alojadas en un departamento seguro.
Según indicaron los investigadores, las denunciantes vivían en sus países de origen en una situación precaria y les ofrecieron trabajar en España como cuidadoras de hogar o camareras con unas condiciones económicas favorables.
Una vez en España, fueron trasladadas a la ciudad de Talavera de la Reina, donde les quitaron el pasaporte y les indicaron que habían contraído una deuda de 3.000 euros (unos 3.325 dólares) que tenían que saldar ejerciendo la prostitución. En caso de no hacerlo, las amenazaron con que tomarían represalias contra sus familiares.
Una vez instaladas en el prostíbulo de Palma, las mujeres tenían prohibido salir solas a la calle y estaban sometidas a vigilancia.
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