Marin Eugen Sabau, el ‘pistolero de Tarragona’, ha muerto hoy en el Hospital Penitenciario de Terrassa (Barcelona). Le han aplicado la eutanasia. Los médicos le han administrado primero un sedante y luego un cóctel de fármacos que ha paralizado su corazón. Estaba rodeado de familiares y amigos.
Al filo del mediodía (en España) se ha cumplido la voluntad de este vigilante de seguridad que el 14 de diciembre de 2021 hirió a cuatro personas de gravedad, se fugó y horas después quedó parapléjico tras recibir un disparo de los Mossos d’Esquadra (policía autonómica de Cataluña). Ha muerto antes de sentarse en el banquillo, antes de que pudiera celebrarse el juicio que podía haberle supuesto una larga condena entre rejas y sin mostrar arrepentimiento.
Aquel 14 de diciembre, Marin Eugen Sabau, de 46 años, asaltó la sede de Securitas Direct, su antiguo empresa, ubicada en el centro de Tarragona. Disparó contra tres ex compañeros y se dio a la fuga. En su huida, se topó con un control policial, se detuvo, se bajó del coche, disparó a una agente y prosiguió su escapada.
Sabau se refugió en una masía (casa de campo) en las proximidades de Reus. Allí, parapetado, armado y protegido por un chaleco antibalas, fue acorralado. La versión oficial dice que se negó a hablar. Agentes del Grupo Especial de Intervención (GEI), la unidad de élite de la policía catalana, lo abatieron.
Herido de gravedad, fue trasladado por los servicios de emergencia a un centro hospitalario. Le salvaron la vida. La que él mismo pidió que le quitaran.
Hoy, tras meses de polémica, enfrentamientos judiciales y sin que se pudiera sentar en el banquillo de os acusados, Marin Eugen Sabau ha recibido una inyección letal. Por voluntad propia. El pistolero de Tarragona, que así se lo conoce desde que sembró de heridos y sangre la sede de Securitas en esta ciudad catalana, pidió que le aplicaran la eutanasia. [España aprobó en marzo de 2021 la norma que permite la muerte asistida. La ley explica que la eutanasia permite “dar fin a la vida de una persona, por voluntad expresa de la propia persona y con el objeto de evitar un sufrimiento”].
El proceso comenzó pasadas las 10 de la mañana. Primero recibió una dosis de sedante. El Ministerio de Sanidad, en su Manual de buenas prácticas en eutanasia, explica cómo ha de aplicarse.
Recomienda aplicar primero una “premedicación”. En este caso, 5-20 mg de Midazolam por vía intravenosa (IV) en un periodo de 30 segundos. Después, un adyuvante: 40mg de lidocaína (IV). La administración, para que se impregnen bien las venas, debe durar alrededor de 30 segundos. Después del anestésico, se debe suministrar un fármaco inductor al coma. En este caso, suele ser Propofol (1.000mg). También se puede administrar Tiopental (2.000 mg). Se recomienda, en este caso, una “administración lenta”: de dos minutos y medio hasta cinco minutos. Finalmente, y tras comprobar que el paciente está en coma profundo, se aplica un bloqueante neuromuscular. En este caso, los medicamentos que indica Sanidad son: atracurio (100mg), cisatracurio (30mg) o rocuronio (150mg). Para estos se sugiere una administración rápida.
La muerte oficial se ha registrado horas después: Sabau era donante de órganos y sus constantes vitales se han mantenido de forma artificial hasta que ha concluido todo el proceso de extracción, según ha informado Gerard Amigó, abogado del vigilante, y recoge El Periódico de Cataluña.
La Audiencia de Tarragona aceptó la petición de Sabau el pasado mes de julio. Los abogados de los heridos recurrieron al Tribunal Constitucional. Querían un juicio.
“Él tiene derecho a una muerte digna, claro, ¿pero qué pasa con el resarcimiento de las víctimas?”, se preguntaba Mireia Ruiz, abogada de uno de los trabajadores de Securitas heridos, días antes de presentar un recurso de urgencia ante el Tribunal Constitucional para que se paralizara la muerte del vigilante. José Antonio Bitos, abogado del policía autonómico herido, se manifestó en los mismos termino: “No se ha tenido en cuenta el sufrimiento de las víctimas ni tampoco su dignidad”.
El Constitucional rechazó hace poco más de una semana el recurso que presentaron los letrados. Y dio la razón a la Audiencia de Tarragona.
La Audiencia reconoció en su día que el guarda de seguridad causó “un dolor y un daño físico y moral a las víctimas”, admitió que eran razonables sus deseos de que hubiera una “posible condena penal” al autor del ataque, pero puso por delante de esto los “sufrimientos físicos y psíquicos constantes e insoportables sin posibilidad de alivio” de Sabau.
Los jueces recalcaron, además, que el guarda tenía “un pronóstico de vida limitado” y se encontraba “en un contexto de fragilidad progresiva”. Y concluyeron que prolongar su vida supondría “una intolerable afectación a su dignidad y a su integridad física y moral, inherentes a la persona”.
Las acusaciones apelaron a Europa, pero tampoco el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha atendido sus reclamaciones.
El despido que desencadenó la venganza
En diciembre de 2021 Marin Eugen Sabau fue despedido de la empresa Securitas Direct. Un enfrentamiento con los jefes, a los que acusaba de no pagarle el kilometraje que hacía con el coche, fue la gota que colmó el vaso de una relación que sus propios compañeros calificaron de difícil.
Días después de lo echaran, Sabau envió comenzó a enviar correos electrónicos a varios de sus antiguos jefes. “No me queda otra, haré la justicia con mis manos. Las lecciones que se aprenden con sangre no se olvidan pronto. Securitas se acordará de mí unos cuantos años”.
A ese correo se sucedieron otros. En uno de ellos, decía: “Felices fiestas cabrones. Securitas. Seguridad España. Ladrones y racistas”.
Sabau acusaba a su empresa de racista, de discriminarlo por ser rumano, de darle los trabajos más difíciles y más ingratos y pagarle menos que a sus compañeros.
El 14 de diciembre llamó al timbre de la sede de la empresa. Llevaba una mascarilla negra, una gorra y una peluca, y una mochila. Cuando le abrieron la puerta y entró, sacó una pistola. Sabau iba armado hasta los dientes: con cinco pistolas 9mm y un fusil de cerrojo -un arma ligera que se carga de forma manual-.
El vigilante pertenecía a un club de tiro de Tarragona. Por eso tenía acceso a las armas. Por eso y por su trabajo de guarda de seguridad.
Allí, según se ve en el vídeo que grabaron las cámaras de seguridad, Sabau se enfrentó a algunos empleados. Uno de ellos se abalanzó sobre él, forcejeó, intentó desarmarlo. No lo consiguió. Pero recibió un tiro. Sabau salta un mostrador, se ve un charco de sangre en el suelo. Poco más. Recogió la mochila, se puso la gorra y se fue.
Dejó heridos de gravedad al gerente, al inspector de zona y a la jefa de servicio de Securitas. Sólo la secretaria se salvó.
Tras este ataque, Sabau emprendió la huida. En coche. Un control policial, sin embargo, se cruzó en su caminó. Él no dudó. Se bajó del coche y disparó contra uno de los Mossos, al que la bala le atravesó un brazo. Sabau Continuó su escapada. Se refugió en una antigua casa de campo y se pertrechó, protegido por su arsenal y su chaleco antibalas.
Fue cercado por la policía. En un tiroteo, recibió un disparo que le provocó una lesión medular y lo dejaron parapléjico. Cuando lo detuvieron, los agentes del Grupo Especial de Intervención encontraron a su lado dos armas. Vacías, descargadas. Así lo explicaron los responsables de este grupo de élite ante la Justicia el pasado 11 de julio. Los Mossos d’Esquadra y el sindicato USPAC, al que pertenece el agente herido por el detenido, sostienen que el pistolero iba armado y se le conminó a que se entregara antes de neutralizarle.
Ese mismo 11 de julio, Sabau afirmó a la juez: “No me avisó nadie, me dispararon directamente sin avisarme ni hablar conmigo”.
Ante el tribunal también recordó que estaba “tumbado en un descampado (…)” cuando escuchó “un disparo, que dio en una de las piedras” y a continuación recibió “un disparo en el pecho” y “cayó boca abajo”. Herido ya, “oyó más disparos” y unos minutos después, quizá sólo segundos, sintió como los agentes le daban la vuelta y lo levantaban “por el chaleco”. Después, explicó, se desmayó. Cuando despertó ya estaba en el hospital. “Estoy parapléjico. Me han cortado una pierna. Llevo 45 puntos en la mano. No puedo mover bien el brazo izquierdo. Llevo tornillos y no siento el pecho”, dijo ante el tribunal la última vez que compareció para defender su petición de eutanasia.
La muerte de Marin Eugen Sabau cierra el caso. Las víctimas se tendrán que poner en manos de las aseguradoras para saber si reciben alguna compensación.