El gobierno español impulsa un proyecto de licencias laborales por dolores menstruales y ampliación del derecho al aborto en menores

Las menores de 16 y 17 años podrán abortar sin permiso paterno, los fuertes dolores menestruales serán motivo para obtener una baja laboral, la llamada píldora del día después se entregará de forma gratuita en los centros de salud y la gestación subrogada será consideraba como violencia reproductiva contra la mujer. Estos son algunos de los puntos clave del anteproyecto que reforma la Ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, más conocida como Ley del Aborto, y que ha sido aprobado por el Gobierno de España.

La nueva ley ha sido una de las banderas agitadas por la ministra de Igualdad, Irene Montero, de Podemos. Una reforma que ha provocado no pocas fricciones en el seno del propio Gobierno de coalición -formado por PSOE y Podemos- debido a cuestiones como las bajas por aborto, por la regla o la legislación sobre la gestación subrogada.

Los puntos más importantes de la reforma legislativa, que debe pasar ahora al Parlamento para su debate y tramitación, son los siguientes.

• Las menores de 16 y 17 años podrán abortar sin permiso paterno/materno. Esto se incluyó ya en la ley aprobada por el PSOE en 2010, pero en 2015, el Gobierno del PP modificó la norma para incorporar la autorización paterna/materna como requisito imprescindible para abortar a estas menores.
• El aborto será libre y estará garantizado en la sanidad pública hasta las 14 semanas.
• Las mujeres tendrán baja incapacitante por aborto.
• Se elimina el periodo obligatorio de reflexión de tres días para reafirmar la decisión de abortar.
• Se elaborará un registro de médicos objetores de conciencia. El derecho a la objeción será regulado, y, según el Gobierno, lo que se pretende es tener un censo de médicos dispuestos a practicar abortos para garantizar que en todos los centros hay siempre personal sanitario capacitado para tal caso. Los objetores, dice la ley, lo serán tanto en la Sanidad pública como en la privada. Es decir, aquéllos que no quieran practicar abortos en centros públicos no podrán hacerlo en privados.
• Asimismo, habrá obligación de ofrecer a las mujeres información sobre las ayudas a la maternidad antes de que aborten.

En cuando a la regla, se considera que la regla dolorosa es motivo de baja laboral. Una baja que se debe solicitar el médico de cabecera, que no tiene límite de días y cuyo coste será asumido por el Estado. Con esto se pretende evitar la estigmatización que algunas mujeres pueden sufrir en las empresas.

Este punto ha sido foco de debate en los últimos días, ya que muchos sectores consideraban que dar una baja laboral a las mujeres durante la menstruación podía estigmatizarlas y alejarlas del mercado laboral.

La nueva norma fija que las mujeres pueden optar a un permiso retribuido desde la semana 39 de gestación. Es decir, un permiso antes del parto. La ministra Montero propuso inicialmente que el permiso retribuido pudiera aplicarse desde la semana 36, pero ha tenido que ceder ante el propio Consejo de Ministros del que forma parte. Este permiso no restará ningún día al permiso post-parto.

No ha sido la única concesión. La ministra de Podemos pretendía tipificar como delito la gestación subrogada. Sin embargo, la redacción de la norma considera, finalmente, que el vientre de alquiler quede tipificado como “explotación reproductiva y una forma de violencia reproductiva contra la mujer”. La publicidad de agencias que vendan estos servicios será prohibida. También se considera violencia la esterilización forzosa de mujeres con discapacidad, el embarazo y aborto forzoso.

El Gobierno financiará, además, los anticonceptivos -que cuestan alrededor de 20 euros y uno coste cubrirá la Seguridad Social- y la píldora del día después. No sólo se distribuirá en los centros de salud, sino también en los centros escolares, en el marco de campañas gratuitas.

Una de las novedades es que todos los centros públicos -institutos, prisiones, centros de mujer, cívicos, sociales…- dispondrán y repartirán de manera gratuita productos de higiene femenina: tampones, compresas, copas menstruales. El fin es acabar contra la denominada pobreza menstrual. Pese a todo, una de las batallas perdidas por la ministra de Igualdad es la reducción del IVA de estos productos, hoy en el 10% y que ella planteaba reducir al 4% o incluso eliminar.