El francotirador que amenazó con matar a Pedro Sánchez se defendió ante la Justicia: “Soy un sentimental, no un asesino”

Manuel Murillo ha declarado que es “un sentimental, no un asesino”. Hijo del último alcalde franquista de la localidad barcelonesa de Rubí, se sentó ayer en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional. La Fiscalía pide que lo condenen a 18 años y seis meses de prisión por proponer matar a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español.

Los delitos que se le imputan: homicidio en grado de proposición con agravante de discriminación ideológica, depósito de armas y municiones de guerra, tenencia de armas prohibidas, depósito de municiones no autorizadas y tenencia de explosivos.

Murillo, que tiene hoy 66 años, fue detenido en 2018. Entonces los Mossos d’escuadra, la policía autonómica de Cataluña, interceptaron unos mensajes de WhatsApp enviados entre julio y septiembre al grupo denominado “Terrassa por España”. [Terrassa es otra ciudad importante de la periferia de Barcelona].

Cuando ayer, durante la primera sesión del juicio, se leyeron en la Audiencia los mensajes, Murillo no parecía dar crédito a lo que oía. Negaba que aquello fuera en serio, parecía querer mostrar que no era más que una fanfarronería. Más aún, que estaba borracho cuando escribía.

Murillo, vigilante de seguridad, ha declarado ante el tribunal que no es “ni un mercenario ni un francotirador”. Que todo eso que decía en el grupo eran meros alardes. “Me sentía como un héroe, como Rambo, y decía cosas como estas para salvar a España”, ha relatado el acusado.

En su casa los agentes que lo detuvieron encontraron un arsenal: pistolas, rifles con miras telescópicas, escopetas, explosivos de fabricación casera, una ballesta, munición y utensilios para modificar las armas. Y una cámara de fotos con teleobjetivo.

Los mensajes interceptados, a los que se dio crédito en su momento y llevaron a la detención de Murillo, se leyeron ayer en la sala de la Audiencia Nacional. En ellos Murillo decía que tenía “en el punto de mira a [Pedro] Sánchez”. Todo porque en aquéllas fechas en España se abrió un intenso debate sobre los planes del Gobierno de trasladar los restos Francisco Franco desde la basílica del Valle de los Caídos, donde estaba enterrado, a un cementerio privado en El Pardo (junto a la que fuera residencia del dictador durante 40 años).

Durante años, el Valle de los Caído, construido por prisioneros republicanos, fue un espacio de peregrinación de nostálgicos de la dictadura. El Gobierno finalmente inhumó a Franco y trasladó sus restos en el otoño de 2019.

“Si lo sacan [a Franco del Valle de los Caído] me cargo [mato] a Sánchez”, escribía Murillo. O decía: “Mi mayor ilusión es meter al traidor de Sánchez debajo de la lápida de Franco”. Otro mensaje más: “Tendremos que ir de francotiradores anónimos cargándonos a esos hijos de puta poco a poco”.

Murillo no se reconocía ayer en esos mensajes. Pidió disculpas y trató de exculpar su comportamiento argumentando que cuando bebía le salía un “instinto patriótico […] los sentimientos que tenía cuando era niño, en tiempos de Franco”. Y ha añadido: “Eran cosas que salían en las noticias, oía mucho a Jiménez Losantos [director de la emisora Esradio y del medio Libertad Digital], que también es un patriota, y me preocupaba de que España fuera mal. Al beber me venían estas ensoñaciones como siendo patriota. Todo esto es de matar a gente y yo no mato a nadie”.

Ha dicho el acusado que él no tiene fijación alguna con el presidente del Gobierno, y como prueba explica que decías las mismas cosas de los yihadistas o de José Luis Rodríguez Zapatero -presidente del Gobierno, también socialistas, como Sánchez, de 2004 a 2011-.

Sobre el arsenal, ha aclarado que lo empleaba para practicar en club de tiro de Barcelona o que tenía las armas como recuerdo o decoración de la casa. Los Mossos no pensaron en su día como él. De hecho fue al ver el armamento que tenía cuando los agentes dieron verosimilitud a los mensajes de WhatsApp.

La detención de Murillo se produjo después de que una integrante de la formación ultraderechista Vox que estaba en el grupo de WhatsApp al que llegaban los mensajes acudiera a la policía. Murillo dice que contactó con ella “en creencia de que disponía de la capacidad para proporcionarle” los “medios y contactos para materializar el plan”. Ella ha negado en el juicio cualquier relación con el detenido.

El fiscal del caso, José Perals, ha defendido que el acusado “alcanzó la convicción personal de la necesidad de planificar acciones tendentes a causar la muerte del presidente del Gobierno como forma de derrotar el gobierno socialista” y que “solicitó de forma pública y privada ayuda para llevarlo a cabo”.

“No sabía lo que estaba haciendo, pero no tenía intención de matar a nadie. Ni he hecho la mili [el servicio militar], ni soy mercenario ni francotirador. Solo he disparado en una galería de tiro”, se ha defendido Murillo.

El 29 de marzo, segunda sesión del juicio.