La Justicia española archivó las tres investigaciones sobre el patrimonio de Juan Carlos I

La Fiscalía General del Estado ha decidido archivar las investigaciones sobre el patrimonio del rey Juan Carlos I. Esto significa que no presentará querella contra el anterior jefe del Estado porque no ha encontrado indicios suficientes de delitos contra el rey Emérito.

Que no haya encontrado pruebas no significa, por el contrario, que no haya evidenciado la existencia de irregularidades fiscales. Así, la Fiscalía considera evidente que el rey Juan Carlos I ha incurrido en irregularidades al ocultar, por ejemplo, fondos en el extranjero que no declaró a la Hacienda española.

Los investigadores se han encontrado con tres problemas a la hora de poder ahondar en su trabajo: las dos regularizaciones fiscales que hizo el monarca -una en diciembre de 2020 y otra en febrero de 2021-, la imposibilidad de investigar su actividad previa a la abdicación -que se produjo el 19 de junio de 2014- y la ausencia de pruebas concretas y precisas que apuntalaran los casos.

Las investigaciones a cargo de la Fiscalía del Tribunal Supremo se centraron en tres casos concretos: el supuesto cobro de comisiones por la presunta intercesión en la adjudicación a empresas españolas de las obras del Tren de Alta Velocidad -AVE, coloquialmente- a La Meca; el uso de tarjetas de crédito opacas tanto por parte de Juan Carlos I como de algunos familiares próximos con cargo a cuentas en las que no figuraban como titulares; y, finalmente, una cuenta en el paraíso fiscal de Jersey que está a nombre del emérito y en la que hay 10 millones de euros.

Ya en el mes de octubre Infobae publicó que la prescripción de algunos presuntos delitos, su carácter de figura inviolable y la falta de pruebas contundentes en otros casos podía llevar a la Fiscalía del Tribunal Supremo a archivar las diligencias contra el rey Juan Carlos I. Así ha sido

Como se preveía entonces, el escrito de archivo conocido ahora es contundente al dejar claro que la falta de pruebas que permitan presentar una querella no impiden poner de relieve las muchas irregularidades fiscales de Juan Carlos I.

En los decretos de archivo de las investigaciones, firmados por el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, se dice: “Se han identificado cuotas defraudadas a la Hacienda Pública en el IRPF de los ejercicios 2008 a 2012 que superan con creces el importe de 120.000 euros que el artículo 305 del Código Penal establece como umbral del delito”. En este sentido, se explica que cualquier responsabilidad penal sobre los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010 y 2011 habría prescrito.

Respecto a las posibles irregularidades cometidas en 2012, que no habrían prescrito bajo ningún concepto, la Fiscalía explica que no es posible reproche alguno al rey Emérito porque “en aquella fecha y hasta el 19 de junio de 2014 Juan Carlos de Borbón estaba protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al Jefe del Estado, tal y como se analiza detalladamente en el Decreto de archivo, conforme a la interpretación que del alcance de la inviolabilidad viene haciendo desde el pasado la Fiscalía del Tribunal Supremo y la Sala Segunda del alto tribunal”.

Uno de los casos más comentados en España es el que hace referencia al presunto de comisiones por la concesión del AVE a La Meca. En este sentido, el Ministerio Público sostiene que no ha habido posibilidad de demostrar “siquiera de modo indiciario” la relación entre un ingreso de 64.884.405 euros que recibió la fundación vinculada a Juan Carlos I  y la adjudicación del tres de alta velocidad. Descarta, además, “que dicha cantidad guarde relación con el pago de comisión alguna”.

En este sentido, añade, que “se trataría, pues, de un regalo que pudiera haber sido recibido en consideración a la condición de Jefe del Estado que Juan Carlos de Borbón desempeñaba en 2008 y, por tanto, susceptible de integrar el delito de cohecho del artículo 422 del Código Penal”.

El archivo de las investigaciones realizadas por las fiscalías del Supremo y Anticorrupción cierran dos años de investigaciones y despejan definitivamente el horizonte judicial del rey Emérito y abre la puerta a su regreso a España.

Juan Carlos I salió del país el pasado 3 de agosto de 2020.  Pasadas las seis de la tarde de aquel día, el rey Emérito aterrizó en Abu Dabi (capital de Emiratos Árabes Unidos) e inició su autoexilio. Una nueva etapa, lejos de España, donde estaba señalado por una opinión pública ante la que perdió bastante crédito a comienzos de la década pasada. Sus viajes no informados, su relación con Corinna Larsen y otros escándalos menores lo llevaron a abdicar en su hijo Felipe, hoy Felipe VI.