La mentira no oculta la realidad: los delitos de odio crecieron en España un 9,3% en 2021

La denuncia falsa de un joven que dijo sufrir un ataque homófobo ha puesto sobre la mesa los datos verdaderos: 610 ataques registrados en los seis primeros meses del año

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Una persona sostiene un cartel
Una persona sostiene un cartel mientras activistas y simpatizantes LGBTi protestan contra los delitos homófobos en la plaza Puerta del Sol en Madrid, España, el miércoles pasado.

Una mentira frente a 610 verdades. Hasta hoy. Una mentira que ha dañado y embarullado el territorio político, frente a 610 denuncias verdaderas. Los delitos de odio se han incrementado en España un 9,3% en el primer semestre de 2021. Son datos del Ministerio del interior. Cada año, desde 2014, un crecimiento sostenido. A veces el 7% más. Otras, el 6%. En ocasiones, el 9%.

El colectivo LGTBi se siente estafado y dañado esta semana. Por la mentira de un joven que, para ocultar una infidelidad, se inventó un ataque homófobo. Se inventó que ocho encapuchados lo atacaron en el portal de su casa, le pusieron una navaja en el cuello y le bajaron los pantalones para grabarle “maricón”. La denuncia, la noticia, prendieron el debate: la izquierda empezó a señalar a la derecha, sobre todo a la ultraderecha de Vox, a la que culpó de alimentar los discursos de odio. Cuando el muchacho confesó en comisaría que todo era una invención, que no había habido ataque, que las letras en el trasero habían sido un juego con otro chico, el incendio era mayúsculo. “Sólo quiero que me trague la tierra”, dijo cuando se descubrió la verdad. La tierra se ha abierto, como en un terremoto, con los políticos lanzándose acusaciones infinitas y pidiendo la dimisión del ministro del Interior y el Gobierno acusándolos de odiadores.

El dato es el dato. Y el dato indica que en España se han presentado y registrado 610 incidentes y denuncias por delitos de odio en el primer semestre de 2021. Un 9,3%, hemos dicho, más que en el mismo periodo del año pasado. La mayoría de ellos por racismo, ideología y orientación sexual. El 79% de las personas, según una encuesta sobre delitos de odio encargada por el Ministerio del Interior, considera que este tipo de ataques, agresiones, actos violentos, se ha incrementado.

El dato es, sí, el dato. Y es difícil discutirlo, pero se interpreta. Un incremento del 9,3% de casos registrado ¿implica un 9,3% más de delitos o de denuncias? No es lo mismo. Estaban Ibarra, responsable del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio, tiene claro que no hay más casos, sino más denuncias. Coincide con el senador del Partido Popular, Jaime de los Santos, quien considera que Madrid es la tercera ciudad más segura de Europa y así está reconocida por los organismos oficiales.

Dice Uge Sangil, presidenta de la Federación Española de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales (FELGTB), que “los datos del Ministerio registran un porcentaje muy pequeño de las agresiones que tienen lugar porque la mayoría no se denuncia”.

Unidas especiales de policías

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistió ayer, por primera vez, a una reunión extraordinaria de la Comisión Nacional del Plan de Lucha contra los Delitos de Odio. Asistentes al encuentro con los que ha hablado Infobae afirman que el presidente estuvo receptivo, escuchó las reivindicaciones y quejas y acordó, junto con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, crear grupos de delitos de odio dentro de las unidades de información de la Policía nacional y la Guardia Civil.

¿Hay bandas organizadas que realizan ataques alimentados por el odio? “No son bandas”, dice Ibarra, experto en la materia. “Son grupúsculos”. El espectro es amplio: hay neonazis, muchos de los cuales se ocultan entre los seguidores más radicales de los equipos de fútbol; hay neocomuistas. “Son muy violentos, sin duda”, señala. La clave, según Ibarra, es atajar el foco de los discursos de odio, que él sitúa en las redes sociales, en internet, donde cientos de páginas encintadas, de difícil acceso, siembran la sospecha, señalan a posibles víctimas y marcan el tempo de las agresiones. entre estos grupos, también sitúa a los integristas. “En Melilla, un chico musulmán, homosexual, fue atacado por otro, también musulmán, integrista, que lo golpeó y lo insultó”, recuerda. habla, asimismo, de las grupos latinos que atacan a personas por ser diferentes. Hace poco murió apuñalado en el madrileño barrio de Vallecas un muchacho con Asperger, “por ser diferente. Eso también es un delito de odio. tenemos registrado como un grupo de chicas ataca a otras por ser pijas”.

Banderas y carteles en una
Banderas y carteles en una protesta en la Puerta del Sol de Madrid, el pasado miércoles, contra los delitos homófobos.

Ante el presidente ha dicho el responsable de Consejo de Víctimas de Delitos de Odio que hay que actuar ya como Alemania, donde “en los primeros meses de 2021 se ha multado a Facebook con 5 millones de euros por no borrar mensajes” de esta naturaleza. También ha pedido una Ley Integral de Protección Universal de la Violencia de Delitos de Odio, porque el Código Penal actual “es un desastre”.

Lo que ha quedado claro en la reunión es que el ruido político, con ataques cruzados y la instrumentalización del caso del muchacho que se inventó la agresión, provoca un daño que puede llevar a algunos a no de denunciar por miedo a que ya nadie les crea. “Pedimos un compromiso con las organizaciones sociales como vigilantes y garantes, de que todos los partidos firmantes se comprometan a respetar unas directrices en el debate político que incluyan evitar cualquier tipo de estigma, señalamiento o propuesta de recorte de derechos hacia los grupos vulnerables”, ha dicho Uge Sangil.

“La esencia de lo que proponemos”, ha dicho, “es que haya un pacto contra el odio. Que alcancemos un acuerdo básico de país, para tener claro que en una democracia no caben los discursos de odio, ni quienes los emiten, ni quienes los legitiman. Que cuando un partido cruce la línea, el resto actuarán, siempre, censurando públicamente su apuesta por el odio”.

Es ahí donde coinciden todos: en la necesidad de un mensaje de firmeza y no de miedo. Que haya más efectivos luchando contra este tipo de delitos, “lo que redundará en más eficacia”, recuerda Ibarra.

La Fundación Triángulo, una de las que más ha lamentado el daño ocasionado por la mentira al colectivo LGTBi, ha defendido que “denuncias falsas existen para cualquier tipo de delito, pero son casos minoritarios que no pueden invisibilizar ni minimizar el impacto real que tienen las agresiones y los delitos de odio en la vida cotidiana de las personas”.

Ese es el mensaje que, en la trastienda del ruido provocado por la bronca política, empieza tomar cuerpo: una mentira no puede ocultar la realidad.

El presidente del Gobierno Pedro
El presidente del Gobierno Pedro Sánchez (d) y el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska (i) presiden la Comisión de Seguimiento del Plan de Lucha contra los Delitos de Odio este viernes en Madrid. EFE/J.J. Guillén

La realidad es que los delitos de odio existen, que han crecido y que no hay bandas organizadas, según los mayores expertos, sino grupos violentos, radicales que lanzan estos ataques. Cuatro en la última semana: en Melilla, Toledo, Vitoria y Valencia. No es lo que opina, por ejemplo

La realidad es que los delitos de odio existen, que han crecido y que no hay bandas, según los mayores expertos, organizadas, sino grupos violentos, radicales que lanzan estos ataques. Cuatro en la última semana: en Melilla, Toledo, Vitoria y Valencia. Esto es lo que ha mantenido esta misma semana, por ejemplo, el consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, Joan Ignasi Elena. El político catalán ha manifestado que en su comunidad existen “grupos de gente que quedan para salir a cazar” a personas homosexuales, si bien ha descartado que se trate de “tramas organizadas”.

Dicen en Triángulo que los ataques de esta semana en diferentes puntos del país se corresponden con “una creciente escalada de odio e impunidad que es imprescindible visibilizar y denunciar. Los discursos intolerantes y antidemocráticos están siendo impulsados, amparados y legitimados por las posiciones de la ultraderecha que, cada vez más extendidas, rechazan la diversidad y niegan la dignidad y la igualdad de derechos a una parte de la ciudadanía: las personas LGBTI”.

El 77% de los delitos los comenten españoles

Los inmigrantes apenas denuncian, dice Ibarra. Acaso un 20% de los ataques. El colectivo LGTBi, acaso el 40% “porque se siente más protegido”. Otras fuentes hablan de que en este caso el porcentaje de casos denunciados tampoco rebasa el 20%. De hecho, él defiende que los 1.400 o 1.500 casos reconocidos oficialmente -cifra de 2020- en realidad son “cuatro veces más”. Pero impera el silencio por miedo en la mayoría de ellos. Niega, asimismo, que haya “una oleada” de ataques. “Generar alarmismo no es serio. El alarmismo genera miedo”, concluye.

Discrepan las organizaciones LGTBi. Cogam ha transmitido por redes sociales que mantiene su apoyo a la concentración de este sábado en la Puerta del Sol “ante la escalada de violencia hacia personas LGTBi”. Carmen García Merlo, presidenta de esta organización, ha defendido que el colectivo sigue siendo agredo, “la escalada de violencia hacia personas LGTBI+ nos hace vivir con miedo”. Una denuncia falsa, advierta, no puede ocultar que hay violencia de género contra las personas LGTBIQ+”.

Al margen de los datos del primer semestre, el último informe completo sobre delitos de odio en España, correspondiente a 2020, indica que los casos que más aumentaron respecto a 2019 fueron el antigitanismo (un 57,1%), la discriminaciones por razones de enfermedad (un 62,5%), los casos contra personas con discapacidad (un 69,2%) y los vinculados a discriminación sexual o de género (un 43,5%). La mayoría son amenazas y lesiones. El año pasado se detuvo a 616 personas implicadas en delitos de odio: 502 hombres y 114 mujeres. La mayoría de los atacantes tiene entre 18 y 40 años. En este caso, y en contra de los discursos que señalan a la inmigración como responsable del incremento de los delitos (o al menos las denunciar), el 77,4% de quienes cometen los ataques tiene nacionalidad española, frente al 22,6% de extranjeros.

La mentira de un joven del barrio madrileño de Malasaña ha alimentado aún más, pues, la bronca política. Se ha acusado al Gobierno de dar pábulo a una mentira para sacar rédito y atacar a la derecha . Han pedido la dimisión del ministro Grande-Marlaska y este se ha defendido argumentado que no tenía toda la información. Las organizaciones civiles y políticas que se han sentado hoy con el presidente han pedido fin a estos debates, que queden fuera del ámbito de la bronca diaria que respira España en los últimos meses.

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