España alcanza una inflación record que pone en jaque los planes económicos del Gobierno de Pedro Sánchez

El precio de la energía eléctrica no sólo cuestiona las buenas perspectivas económicas y la salida de la crisis del coronavirus, sino también pone en jaque todas aquellas medidas económicas prometidas por el Gobierno de Pedro Sánchez para su electorado más vulnerable. El alto coste de la luz es una sombra en el horizonte que cada día marca registros al alza históricos, un dato inquietante y que no da tregua, una amenaza real sobre la cesta de la compra y el aviso de una inflación inédita en una década. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, es la cara del Gobierno ante el crudo expediente. No hay nada que hacer, imposible bajar los precios, ha dicho esta semana en el Congreso mientras Unidas Podemos, el socio de Gobierno, se convierte en la más dura oposición. El precio de la luz descuadra sus promesas de fuerza progresista y sostenible. La ministra, en cambio, no atiende (de momento) a razones demagógicas.

Este martes, como es costumbre, hubo récord del precio de la luz. Mañana también lo habrá. Ha sido el signo de agosto, el mes de la luz más cara de la historia de España. Y lo seguirá siendo en septiembre. La fuerte subida del precio de la luz y de las gasolinas empuja al alza la inflación, que en agosto llegó a un nivel anual del 3,3%. Es el nivel más alto del índice de precios al consumo (IPC) desde 2012. La tendencia no tiene visos de frenarse: la electricidad marcará este miércoles en el mercado mayorista un nuevo récord de 130,53 euros por megavatio hora. Los precios altos se convierten así en un lastre para la recuperación de la economía. Los salarios pierden poder adquisitivo: la nómina de unos tres millones de empleados públicos subió este año un 0,9%, mientras que los sueldos pactados en convenio crecieron hasta julio un 1,54%. La vicepresidenta Teresa Ribera ha descartado (de momento) intervenir los precios finales de la electricidad, pero abrió la puerta a revisar el cálculo de la tarifa regulada para que sea menos volátil”.

Las previsiones llevaban tiempo apuntando a un aumento generalizado de la inflación, que está siendo más intenso de lo previsto. Y la energía pesa mucho en ello: la inflación subyacente, que no tiene en cuenta los precios de la energía y de los alimentos frescos --los elementos más volátiles--, “sigue en niveles reducidos”, apunta Raymond Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, el servicio de estudio de las antiguas Cajas de Ahorros. Este indicador avanzó un 0,7% anual en agosto. Ya a finales del año pasado, ante la relajación de las restricciones y la aprobación de las vacunas contra la covid-19, la cotización del petróleo empezó a repuntar. El barril de brent, de referencia en Europa, se acerca a los 73 dólares --cuando en 2020 llegó a bajar de 20--, pese a haber frenado su escalada en los últimos dos meses por la incertidumbre sobre la variable delta. El alza se ha trasladado a los carburantes: llenar un depósito de 50 litros, de gasolina o de diésel, costaba en julio casi 10 euros más que en enero.

El precio del gas en los mercados internacionales también triplica su nivel de hace un año, y junto con los derechos de emisión de CO2 --en su cota más alta registrada nunca, más de 50 euros la tonelada-- han arrastrado el precio de la electricidad en toda Europa. En España, el mercado mayorista lleva semanas en máximos: en agosto pulverizó ocho días su récord histórico. A ello se suma el encarecimiento de otras materias primas y la escasez de productos como los microchips, que están desabasteciendo las fábricas de automóviles, celulares y otras tecnologías. Este aumento en los precios de la energía genera un efecto dominó sobre una multitud de productos, como la alimentación, elevando el coste de su producción y transporte”.

Hay quien sostiene que la ministra Ribera está amortizada y que el presidente Sánchez se sacará un conejo de la chistera, que en Francia el Gobierno sí que baja el precio de la luz y que el presidente no se puede permitir un deterioro de sus opciones electorales por un asunto tan prosaico.

También el Banco de España se ha hecho eco de la relación entre el coste de la electricidad y la subida de los precios. Según su último informe, el alza de la electricidad durante los primeros seis meses de este año es responsable de casi el 30% del repunte de la inflación.

“Entre diciembre de 2020 y junio de 2021, los precios del mercado mayorista aumentaron un 98,5%. De este incremento, el encarecimiento de los permisos de emisión de CO2 explicaría una quinta parte, y los mayores precios del gas, casi la mitad. Ello habría repercutido sobre los precios del mercado minorista, de modo que el encarecimiento de la electricidad en los seis primeros meses del año habría contribuido en casi un 30 % al repunte de 3 puntos observado de la inflación general”, explica el supervisor.

Además, los analistas del Banco de España recalcan que la contribución del precio de la electricidad a la inflación general en los últimos meses en España es superior a la observada en las principales economías de su entorno, algo que en parte se explica porque el precio de la electricidad al que hacen frente los hogares es sustancialmente más volátil en España que en otros países cercanos.

Entre los expertos, el consenso es que durante el segundo semestre de 2021 vamos a vivir un brote inflacionario, fruto del arranque de las economías a medida que las restricciones de la pandemia se vayan retirando, pero esperan que después remita. El Banco Central Europeo ya ha avisado de que su objetivo de estabilidad del 2 por ciento anual supone que hay que estar dispuesto a experimentar alzas por encima de esa cifra durante bastante tiempo para compensar las bajísimas tasas que hemos tenido. La inflación, de momento, es moderada y permite alejar los temores de deflación y albergar la esperanza de que los tipos de interés de los bancos centrales, en algún momento del futuro, vuelvan a un terreno positivo, y que eso permita estimular otra vez el ahorro y frenar el endeudamiento.

Aunque los banqueros centrales parecen estar muy seguros sobre su capacidad de graduar el proceso, cabe la duda de que la inflación vuelva con sus consecuencias. Los más graves, sin duda, son los llamados ‘efectos de segunda vuelta’, es decir, la transmisión injustificada de las subidas del IPC a precios y salarios. Más aún cuando el Gobierno ha apostado por una decisión emblemática, la revalorización de las pensiones según el IPC, un mensaje rotundo para que tras ellos se alineen los sueldos, los alquileres y otros precios de referencia.

En una economía tan indexada como la española, pensar que se podrán mitigar estos ‘efectos de segunda vuelta’ es una completa ilusión. Los sindicatos son los primeros que se encargarán de ponerlo de manifiesto con sus reivindicaciones y exigencias, apoyados por Unidas Podemos, socio de Gobierno de Sánchez, a ratos, y primer partido de la oposición. Bajo esta piel, la formación morada ha confirmado que se echará a las calles para protestar contra la política económica del Ejecutivo. Detrás de la última vicepresidencia, Yolanda Díaz, la llamada a suceder a Pablo Iglesias como líder de Podemos, inicia esta semana la negociación de su proyecto: el nuevo Salario Mínimo Interprofesional. Otra china en el zapato de Sánchez ante una situación de inflación desbocada.

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