La reforma de las pensiones en España incrementará el gasto público en 5.000 millones de euros

El Gobierno de España ha aprobado este martes la primera parte de la reforma de las pensiones. Una nueva norma que elimina el factor de sostenibilidad que aprobó en 2013 el Gobierno del PP liderado por Mariano Rajoy y que vincula la revalorización de la prestación a la evolución de los precios. De esta manera, la nueva ley pone en duda la sostenibilidad del sistema ya que tensiona aún más la situación de las cuentas públicas españolas puesto que garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas supondrá un coste extra de cerca de 5.000 millones en 2022, según diferentes servicios de estudios como Funcas o BBVA Research.

La subida de los precios de los últimos meses obligará, por una parte, a compensar a los pensionistas españoles el próximo mes de febrero con una pequeña paga extra adicional. Con ella, se cubrirá la desviación de los precios sobre el 0,9% que preveía en principio el Gobierno. Además, también habrá que revalorizar las pensiones del próximo año. Este doble efecto supondrá ese incremento del gasto público en 5.000 millones.

Las últimas proyecciones de BBVA Research, el servicio de estudios del banco BBVA, situaban la inflación media para 2021 en un 2%. Sin embargo, en junio el IPC ya alcanzó el 2,9%, la tasa más alta desde 2017. El Gobierno de Pedro Sánchez manejaba inicialmente unas previsiones de inflación del 0,9% para 2021, y sobre esta idea ideó la nueva reforma de las pensiones. Pero esos cálculos ya son papel mojado. Las nuevas cuentas del Ejecutivo para final de año hablan de un ascenso mínimo de un punto adicional (1,9%), mientras que la Funcas, la casa de análisis económico de la Fundación de las Cajas de Ahorro, lo eleva al 2,5%. En este sentido, Eduardo Bandrés, director de Economía Pública y Bienestar de Funcas, advierte del riesgo para la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Cada punto del IPC supone, según Funcas, un desembolso adicional de 1.400 millones de euros en pensiones. El año pasado, el Estado destinó a esta partida casi 119.000 millones, un tercio de los Presupuestos Generales del Estado. Esa cifra crecerá este ejercicio, pues entre enero y julio la Seguridad Social ya ha desembolsado 71.000 millones en prestaciones, de los 163.000 que están presupuestados en las cuentas de 2021.

La primera parte de la reforma de las pensiones pactada por el Gobierno y los agentes sociales antes del verano se acorazaba bajo lo establecido en el seno de las discusiones del Pacto de Toledo. Además del acompasamiento de las prestaciones al IPC —salvo que este sea negativo, en cuyo caso se mantendrán inalteradas—, se pactó también la derogación del factor de sostenibilidad, que será sustituido por un mecanismo de equidad generacional negociable hasta el 15 de noviembre, y que operará a partir de 2027. Definirlo, coinciden todas las partes implicadas, es el apartado más complicado dentro de la segunda parte de la reforma y tendrá que efectuarse mediante la negociación política, a través de los diferentes grupos parlamentarios a partir del próximo otoño.

La nueva norma introduce, asimismo, incentivos para retrasar la jubilación de forma voluntaria y revisa el modelo de jubilaciones anticipadas con el fin de acercar la edad efectiva de jubilación (64 años) a la edad legal (66 años). Para ello, se han establecido incentivos para aplazar el momento del retiro ―con bonificaciones cada año extra que un trabajador se mantenga en el mercado tras alcanzar la edad legal de jubilación― y a la vez coeficientes reductores de las prestaciones para aquellos trabajadores que pretendan jubilarse antes de tiempo.

También se limita la jubilación forzosa pactada en los convenios colectivos, aunque con algunas excepciones que pasan por incentivar la contratación indefinida y, en los sectores más masculinizados, fomentando la de mujeres. También se prohíben cláusulas de jubilación forzosa para trabajadores de menos de 68 años a partir de la entrada en vigor de la reforma.

Estas medidas, acordadas con los sindicatos CC.OO. y UGT y las patronales CEOE y Cepyme, ya fueron aprobadas como anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros del pasado 6 de julio.

Ahora, el primer Consejo de Ministros tras el parón estival ha aprobado estas medidas como proyecto de ley para iniciar su tramitación en las Cortes. Se trata de la primera pata de la reforma de pensiones que el Gobierno ha comprometido con Bruselas a cambio de la recepción de los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de los que ya se han recibido 9.300 millones de euros.

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