No es la primera vez que la economía española contempla cómo el termómetro de su deuda pública alcanza los umbrales de alarma. La crisis financiera de 2008 arrastró a España hasta una montaña de deuda que estuvo a punto de desembocar, durante 2012, en la expulsión de la economía hispana del euro, con una prima de riesgo desbocada por encima de los 600 puntos básicos. Ahora, trece años después, los efectos de la pandemia del Covid-19, unido a una política económica sin techo de gasto, vuelven a instalar a la economía española en las puertas de una nueva crisis de deuda, con umbrales no conocidos hasta la fecha.
La deuda pública española se disparó en junio hasta el 122,1% del PIB (Producto Interior Bruto), nuevo récord histórico, debido al gasto público desbocado, ya que los ingresos por impuestos están creciendo. Cuando el BCE empiece a dejar de comprar deuda española, como lo viene realizando desde que estalló la pandemia para intentar paliar sus efectos en la economía real, la prima de riesgo volverá a dispararse.
El nuevo máximo histórico implica una deuda pública de 1,43 billones de euros, con un crecimiento del 10,2% en el último año. Un crecimiento que corresponde en su inmensa mayoría a la administración central y a la Seguridad Social, donde la deuda se dispara el 33,5%, ya que el endeudamiento de las comunidades autónomas solo creció el 2,9% y el de los ayuntamientos bajó el 9,1%.
Por partes, según confirma el Banco de España, al cierre de junio las Administraciones públicas españolas acumulaban una deuda de 1.425.620 millones de euros, un nuevo récord que supera en 23.478 millones el ya anotado en mayo, con un repunte del 1,7%. La deuda pública ha crecido así en 134.607 millones con respecto a junio de 2020, un 10,4%, y en 223.906 millones con respecto a febrero del mismo año, el último mes antes del estado de alarma, lo que equivale a un alza del 18,6%.
Como viene siendo habitual, la mayor parte de la deuda se concentraba en el Estado, con 1.235.196 millones, 19.632 millones más que un mes antes y una nueva cifra histórica para este subsector. La deuda de las Administraciones de la Seguridad Social, por su parte, aumentó en 6.501 millones, hasta 91.855 millones.
Datos que avalan la inexistente política económica del Gobierno de Pedro Sánchez que se limita a expandir el gasto público sin acometer ningún tipo de reforma para no tener más problemas con Podemos, su socio en el ejecutivo. El elevado gasto público como consecuencia de la pandemia y de las políticas fiscales aplicadas corren peligro de convertirse en estructurales. Entre ellas la decisión de revalorizar las pensiones de acuerdo con la inflación, justo en el momento en el que está en el nivel más alto de la historia reciente, o la probable recuperación del poder adquisitivo de los funcionarios. Todo ello unido a la oferta de empleo público más voluminosa de la historia económica de España.
Los problemas de la deuda pública española no han derivado aún en una crisis de deuda porque Mario Draghi inauguró una política de compras de deuda por parte del Banco Central Europe (BCE) que no ha hecho sino crecer en los años posteriores. Es decir, es el BCE quien compra la deuda hispana (o lo hacen los inversores con la garantía de que el BCE se la comprará a ellos). De ahí que España se esté financiando a coste cero o incluso a tipos negativos.
El problema es que esta situación es insostenible en el tiempo: en algún momento, Christine Lagarde -la sucesora de Draghi- tendrá que dejar de comprar los bonos españoles. Además, ese momento puede estar más cerca de lo que le gustaría a Sánchez porque esta política tiene el evidente efecto perverso de incentivar el endeudamiento excesivo del Gobierno, dado que “es gratis”. Algo que no gusta nada en los países centrales de la zona euro. El BCE intentará hacerlo con mucho cuidado, pero en 2012 quedó demostrado que controlar a los mercados es casi imposible.
Por tanto, salvo que el Ejecutivo deje de gastar compulsivamente todo apunta a que España está abocada a una nueva crisis de deuda, que puede llegar incluso el próximo año. Y no parece que Sánchez tenga la menor intención de contener el gasto, si bien los fondos europeos Next Generation permitirán financiar sin deuda los nuevos proyectos de gasto que se están preparando.
En este sentido, el presidente Sánchez recibió este martes una buena noticia desde Bruselas. España recibió este martes la primera partida correspondiente a los fondos europeos Next Generation. Se trata de 9.000 millones de euros en concepto de prefinanciación, y con los que Bruselas da luz verde al programa de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que posibilitará la entrega total de 69.500 millones en subvenciones, siempre y cuando se cumpla con los hitos y objetivos establecidos. Lo cierto es que la llegada de este dinero lo hace cuando el Gobierno de España todavía no ha desarrollado normativamente las órdenes que regulan el funcionamiento y gestión de las ayudas europeas.
Y lo hace también, mientras el Ejecutivo español sigue pendiente de enviar a Bruselas el plan de su reforma laboral, compromiso por el que recibirá la siguiente partida de 10.000 millones de euros, previsiblemente a finales de diciembre de 2021. Cabe recordar que hasta la fecha, los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo están muy lejos de alcanzar un acuerdo, fruto del diálogo social, condición sine qua non exigida por Europa. Sobre ello, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, siempre ha señalado que aunque se trata de una negociación difícil, el Gobierno de Pedro Sánchez confía en llegar finalmente a un acuerdo.
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