El Salvador ha experimentado un aumento en la recaudación del impuesto al valor agregado (IVA) tras la implementación y expansión de la facturación electrónica, según detalla la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo de Naciones Unidas, en su Panorama Fiscal 2026, divulgado este lunes. Esta innovación tecnológica, impulsada por el Ministerio de Hacienda de El Salvador, se consolidó en 2025 al incorporar a más contribuyentes, lo que optimizó la trazabilidad de las operaciones comerciales y fortaleció la fiscalización tributaria en el país.
La facturación electrónica consiste en la emisión, transmisión, validación y almacenamiento digital de comprobantes fiscales, con la misma validez legal que sus equivalentes en papel. Este sistema permite automatizar los cruces de información, identificar inconsistencias y asegurar un mayor control sobre las transacciones económicas. De acuerdo con CEPAL, la culminación de este proceso en El Salvador potenció la recaudación del IVA, especialmente en el segmento de las importaciones, que contribuyó a los ingresos tributarios del Estado durante 2025.
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El Salvador superó los USD 2,100 millones en recaudación fiscal durante el primer trimestre de 2026, según reportó el Ministerio de Hacienda. El crecimiento, impulsado principalmente por el IVA, el impuesto sobre la renta y los aranceles a la importación, representa un avance del 8.3% respecto al mismo periodo del año anterior, con un impacto directo en la disponibilidad de recursos para el Estado durante el resto del año.
Al cierre de marzo de 2026, El Salvador alcanzó ingresos tributarios y contribuciones por USD 2,018.5 millones, superando en USD 163 millones el monto de 2025, lo que equivale a un alza del 8.8%, conforme al reporte de Hacienda. El impuesto al valor agregado (IVA) lideró la recaudación, al sumar 1,048 millones, un crecimiento del 11.3% y USD 106.2 millones adicionales respecto al año previo. Dentro del IVA, las declaraciones aportaron 518.3 millones, incrementándose un 17.2%, mientras que el gravamen sobre importaciones ascendió a 529.8 millones, con un alza de 30.1 millones frente a 2025.
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La administración tributaria salvadoreña, siguiendo avances observados en otros países de la región, amplió la obligatoriedad de la facturación electrónica, lo que redujo los errores involuntarios en las declaraciones y disminuyó los costos de cumplimiento para los contribuyentes. Este avance tecnológico se complementó con la automatización de procesos y servicios fiscales, tales como la presentación y pago en línea de impuestos, notificaciones digitales y devoluciones automáticas, que facilitaron el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias.
El impacto positivo de la facturación electrónica sobre la recaudación del IVA ha sido documentado en América Latina. En El Salvador, la medida se destacó como un factor esencial para el crecimiento de los ingresos fiscales vinculados a las transacciones internas y externas. El informe de CEPAL subraya la importancia de los cambios normativos y la integración de tecnologías para fortalecer la administración tributaria, aumentar la eficiencia recaudatoria y combatir la evasión.
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El reto de la evasión tributaria
El informe de la CEPAL también aborda los desafíos que persisten en materia de evasión tributaria. El estudio situó la tasa de evasión del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) en El Salvador en 36.1 %, nivel que, aunque inferior al de países como Guatemala o Ecuador, representa una pérdida significativa de recursos potenciales para el Estado. La evasión afecta no solo la equidad y sostenibilidad fiscal, sino también la percepción de legitimidad del sistema tributario entre los ciudadanos.
CEPAL recomienda que, para reducir la evasión y maximizar el impacto de las tecnologías digitales, como la facturación electrónica, El Salvador continúe invirtiendo en la modernización de sus sistemas tributarios y en el fortalecimiento de las capacidades técnicas de la administración fiscal. Las estrategias deben incluir, además, la cooperación internacional, el intercambio de información y la evaluación periódica de los instrumentos adoptados para asegurar la eficacia y equidad de la política fiscal.
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