Carmen Rodríguez es venezolana y tiene 39 años. Se recibió de ingeniera en petróleo. Llevaba once años en la actividad y ganaba 50 dólares mensuales en su país. El próximo lunes cumplirá dos años en Argentina. Acá el sueldo promedio oscila los 900 dólares. Pero no fue solo la falta de dinero lo que la empujó a emigrar. "La situación era insostenible. Para comprar un medicamento había que recorrer lo que acá sería toda la Capital Federal. Lo mismo con la comida. Me daba miedo no tener comida para darle a mi hija", recordó.
El año pasado, por primera vez, los venezolanos lideraron el ranking de nacionalidades que se radicaron en el país. La tendencia desde 2015 es que cada año se duplique su llegada. Primero pasó de 2.626 a 5.784. En 2016 alcanzó los 12.859. En 2017 se instalaron 31.167 y en 2018 la cifra llegó hasta 70.531. Desde que comenzó el éxodo, arribaron unos 130.000 venezolanos.
Carmen es solo una de los 7.511 ingenieros que ingresaron entre 2017 y el primer semestre de 2018. De acuerdo con los últimos datos de Migraciones, se trata en su mayoría de población económicamente activa, pujante y altamente calificada, con estudios universitarios, en especial en áreas de vacancia en Argentina, como las ingenierías o enfermería. La apuesta ahora está en conectar esa oferta profesional con la demanda. Hoy el 82% de los ingenieros arribados vive en la ciudad de Buenos Aires.
"Es un gran déficit del Estado argentino. Desde 1900, con el Hotel de Inmigrantes se intentó llevar la fuerza laboral de los extranjeros hacia los lugares que la Argentina requería de su esfuerzo. Hoy el 87% de los venezolanos manifiesta estar dispuesto a salir de Buenos Aires en busca de trabajo. Nosotros debemos renovar el contrato de confianza con las provincias: que no crean que vamos a enviarle a los migrantes que no tienen destino", le dijo a Infobae Horacio García, director nacional de Migraciones.
García adelantó que, en breve, presentarán una plataforma en la que se desplegará toda la demanda insatisfecha de las provincias para vincularla con la oferta laboral de los migrantes. Así, por ejemplo, se mostrarán las posibilidades de trabajo petrolífero en Vaca Muerta, en la cuenca neuquina.
El de las ingenierías es un caso aparte. La universidad venezolana se caracterizó por producirlos, pero muchos de ellos escaparon. En los últimos cuatro años, cerca de 14.000 se radicaron en Argentina, un país que los necesita, que solo produce 1 ingeniero cada 6.300 habitantes. Del lado opuesto, países desarrollados como China generan 1 cada 2.000.
La necesidad de esos perfiles profesionales está, pero los venezolanos, incluso los más calificados, suelen toparse con dificultades para insertarse en el mercado laboral. "Principalmente porque nuestra idiosincrasia es bien distinta. Incluso el vocabulario técnico es sumamente diferente", explicó Carmen. La dificultad los llevó, en principio, a armar un grupo de Whatsapp de ingenieros que, poco a poco, se convirtió en una comunidad en la que intercambian anuncios de trabajo e inquietudes.
Pese a las vicisitudes, Argentina presenta ciertas ventajas. "Es uno de los países más abiertos a la inmigración en Latinoamérica y aunque el desarrollo petrolero no es tan grande como en Venezuela, también tienen una industria importante", planteó la ingeniera.
Incluso, en febrero de 2018, el Gobierno simplificó la validación de títulos para venezolanos y refugiados sirios. La resolución 230/2018 estableció un trato preferencial. "El caso venezolano es una excepción que se hizo por una cuestión humanitaria. La idea es que puedan encontrar trabajo rápidamente. Toda persona que quiere contribuir con el desarrollo del país siempre será bienvenido", dijo el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, que recibió a profesionales venezolanos casi un año después de la firma de la resolución.
En realidad, la resolución deja de hablar de revalidación de títulos para hablar de convalidación. Es decir, los títulos universitarios reciben el mismo trato que se le da a los expedidos por países con los que se tiene convenios educativos. Desde que se firmó la norma, entre los que están en proceso y los que terminaron su trámite, 2.956 profesionales venezolanos se valieron de ella.
Historias de emigración forzosa
Giovanni Meza tenía una vida resuelta en Caracas. Después de años de trabajar en el sector público, después de incluso ocupar el cargo de director regional del Consejo Nacional Electoral, había logrado jubilarse con un ingreso de privilegio. Pero en agosto de 2016 tuvo que emigrar siguiendo los pasos de su hija. A ella le robaron dos veces en un colectivo y el miedo la llevó a venirse a estudiar a Buenos Aires.
"Además de la inseguridad, la situación terminó desatando una crisis feroz en Venezuela, incluso llegando al desabastecimiento. Yo tenía que salir en la mañana y llegaba después del mediodía para traer una vianda mínima a casa", contó el sociólogo y docente, también actual presidente de Uvenar (Unión de Venezolanos en Argentina), que cuenta con 16 grupos de profesionales, más uno cultural y otro de jubilados, y que funciona como articulador de actividades y políticas.
Por su alta reputación, Giovanni pudo conseguir trabajo ni bien llegado, como profesor invitado en la Universidad del Salvador. En Uvenar conoció a cientos de profesionales venezolanos. Una de ellos es Luisa Carvajal (35), licenciada en educación inicial, con maestría en gestión educativa.
Luisa lleva un año en Argentina. Ocupaba cargos en el Estado venezolano y decidió emigrar a fines de 2017 por persecución política. Cuando llegó al país comenzó a trabajar como docente a través de una ONG y después pasó a ser coordinadora ya con su título convalidado. En diciembre del año pasado quiso regresar a Venezuela para ver por sí misma cómo estaba la situación.
"Se agudizó más la crisis político-social. Me encontré con mucha gente pasando hambre, con muchos enfermos sin medicamentos. Ya es una crisis humanitaria. No dudé en volver a Argentina cuando estuve en mi país. Tengo esperanza en que Venezuela va a cambiar y nosotros podremos regresar para levantar la destrucción total, pero ahora es imposible", describió.
Moisés Rivera (33), licenciado en comunicación social, llegó en noviembre de 2016. Trabajaba en una multinacional en Caracas. "Mi trabajo era de lunes a viernes, pero parecía que también trabajaba los fines de semana porque me enfocaba en conseguir comida. Porque la realidad es que no se consigue comida en ningún lado", lamentó.
Tiene cuatro hermanos. Hace años que ninguno de ellos vive en su país natal. Dos se fueron a Australia, uno se fue a Canadá y otro optó por Panamá. Moisés fue el último en irse porque, dice, guardaba esperanza de que la situación cambiara. "Antes de irme veía personas de clase media juntar basura para poder subsistir. Lo que me hizo tomar la decisión fue la enfermedad de mi papá, que sufre de artrosis de cadera múltiple. La operación se complicó y entré en desesperación porque me di cuenta de que no teníamos los recursos para salvarle la vida".
Su primer trabajo en Buenos Aires fue como boletero en un Lollapalooza. La misma empresa que lo contrató lo recomendó para otro puesto más acorde a su calificación. Hoy coordina el área de servicios de un instituto de educación superior. Hoy también reafirma: "Como venezolanos no somos una carga para la Argentina. Ya nosotros estudiamos, pagamos nuestros impuestos y somos responsables. Tratamos de caminar derecho".
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