No hay clases en el país. Ni en primaria, ni en secundaria, tampoco en la universidad. Pero, de igual modo, enero fue un mes con actividad en educación. Primero, en la antesala de las paritarias, el presidente Mauricio Macri firmó un decreto con el que le quitó poder a CTERA y reglamentó que no se discutirán salarios a nivel nacional. Luego, algunos días después, anunció el relanzamiento de Becas Progresar, con un presupuesto total de 10 mil millones de pesos.
"Lo que el presidente quiso con este programa es que el Estado se involucre mucho más activamente en acompañar a los chicos, sostenerlos, que avancen y finalmente se reciban", dijo el ministro de educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, en diálogo con Infobae. "Apunta a aquellos que más lo necesitan y han definido que el estudio es la forma que ellos tienen de progresar en la vida".
-¿Cuándo vieron la necesidad de reconfigurarlo?
-Decirle a un chico que progresaba porque daba dos materias por año era mentirle. La inclusión, como la concebimos nosotros, no es solo que estén dentro de una escuela o una universidad. Es que avancen en sus estudios y finalmente se reciban. El compromiso que estamos pidiendo no es con el gobierno, es con los argentinos, con el resto de los argentinos.
Por un lado, damos mayores beneficios y, por otro, exigimos. Ahora tenemos que ver cómo obra eso en la conducta de la gente, pero la expectativa es muy grande. Ningún chico, ninguna chica que la necesite y solicite la beca se va a quedar sin ella. Queremos volver a poner en valor el mérito y despertar vocaciones tempranas en aquellas carreras que consideramos estratégicas para el desarrollo del país.
-Un chico que termina el secundario con pobre nivel en matemática, con poco interés, ¿creen que se vería seducido a estudiar ingeniería solo por recibir más dinero?
-Es parte de una política integral. Tenemos que seguir intensificando la articulación entre la secundaria y la universidad. No creemos que una persona que esté volcada a las ciencias sociales, vaya a estudiar ingeniería porque la beca es de más dinero. Por ejemplo, yo no hubiese estudiado ingeniería. Pero también es verdad que cuando un chico termina la secundaria piensa: estudio medicina, contador público o abogacía, pero tenemos muchas necesidades más allá de las ingenierías. Tenemos un extensísimo litoral marítimo y en las universidades del sur no hay carreras vinculadas a eso. En el noroeste argentino están trabajando muchísimo en fomentar el turismo y mostrar sus bellezas naturales. Allí se necesitan expertos.
-¿Cómo se reorienta a los chicos para que en vez de ir a carreras superpobladas -ciencias sociales, psicología, abogacía-, estudien otras prioritarias?
-Una de las claves es repensar la oferta de las carreras. Una cosa que le digo siempre a los rectores cuando hablo es que en este Gobierno no vamos a seguir aprobando determinadas carreras en universidades públicas, con el dinero de la gente, cuando a 3 kilómetros haya otra universidad pública que dé exactamente la misma carrera. Lo que tenemos que hacer es una planificación racional del sistema universitario.
-¿Se va a revisar la oferta académica en las universidades?
-Tenemos 5 mil titulaciones en el país. Es muy importante estar abierto a la información. Cuando nosotros hablamos de carreras estratégicas para el desarrollo, no nos referimos solo al desarrollo económico. Nos referimos al productivo, social, cultural. En el Conurbano empezaron a dar enfermería y la primera promoción consiguió trabajo casi antes de recibirse. A una universidad tampoco les sirve que entren a estas carreras "tanque" 2 mil alumnos en marzo y en septiembre tengan solo 400. Ellos también hacen orientación vocacional. No es solo "serás lo que debas ser. Y si no, serás abogado". Hay muchísimas más opciones.
-¿Cómo choca eso con la autonomía que tiene cada universidad?
-La oferta académica depende de las universidades. Lo que sucede es que los rectores y los consejos superiores administran fondos que son de la gente y ellos también se dan cuenta de que deben hacer un trabajo consciente. Yo fui decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Matanza. En un momento se me había ocurrido incorporar Sociología. Hicimos un estudio y nos dimos cuenta de que había muy poca gente interesada en estudiar Sociología. No tenía sentido. Eso es administrar inteligentemente.
-Saliendo del sistema universitario, el 5 de marzo deberían comenzar las clases en todo el país. ¿Qué panorama ve?
-Yo soy una persona de naturaleza optimista. Sé, porque hablo constantemente, que cada gobernador y ministro jurisdiccional, va a hacer la mejor oferta que esas provincias pueden hacer. Nosotros vinimos a dar un cambio cultural y uno de esos cambios es transparentar muchas cosas que estaban confusas. Hay que parar la pelota y discutir seriamente. Con los gremios docentes se va a discutir salario, pero esto de la intimidación de que si no empezamos a discutir hoy, ya sabés que tenés paro… no, eso está mal.
-¿Hubo convocatoria a la mesa nacional después del decreto?
Todavía no hemos convocado. Estamos estudiándolo. El decreto vino a aclarar cuestiones que estaban confusas y la confusión es el lugar donde se mueven los vivos. No conozco ninguna paritaria que quien no paga los salarios le diga a los trabajadores cuánto tienen que ganar. Esteban Bullrich llegó a una decisión, para mí, salomónica: el piso es el salario mínimo vital y móvil más el 20%. Eso hace que el docente deje de tener incertidumbre y permite que las provincias puedan seguir negociando.
-¿No cree que se puede generar una brecha salarial importante entre las provincias?
-No, porque está el mínimo por una jornada simple que te asegura un piso. No es el mismo escenario de 2003 que había unas asimetrías tremendas. ¿Puede haber diferencias salariales? Sí, porque hay provincias con más costo de vida que otras, pero también hay que mirar mucho la calidad del salario. Porque algunas provincias pagan tanta cantidad, pero tienen sumas no remunerativas, no bonificables, que no aportan a la jubilación. Cuando se hace la comparación no hay que comparar solamente cifras.
-¿Cómo se solucionan los conflictos de cada año?
-Para tener un mejor sistema educativo no podemos hacer lo que pasa hace 25, 30 años en el país, que febrero es un mes tremendamente caótico, donde todo el mundo va a los medios a decir cosas horribles del otro. Después, más temprano que tarde, se cierran los acuerdos salariales y nadie se vuelve a sentar. Los ministros de educación queremos hablar de otras cosas también: cómo mejorar la calidad laboral del docente, su formación, que aquel maestro que cumple pueda percibir un plus salarial que aquel que cumple menos.
-¿Cree que los gremios docentes no representan la opinión de los docentes?
-No, lo que creo es que hay que distinguir. Muchas veces se utiliza como sinónimos "docentes" y "gremios docentes". No son lo mismo. El 60% no está afiliado a ningún gremio. Cuando uno discute lo debe hacer con la totalidad de la comunidad educativa: con maestros, con gremios, con padres, intelectuales. Lo que sucedió durante muchos años fue que el Estado se ausentó y ese lugar lo ocuparon los gremios. No puede ser que los gremios tengan poder de veto o que definan la política educativa.
-¿Se puede darle voz a ese 60% que no está afiliado?
-Es lo que estamos haciendo nosotros.
-¿Cómo lo están haciendo?
-Estando cerca de la gente. Los sistemas educativos son muy grandes, pero me consta que los ministros provinciales todos los días van a una escuela, ya sea en gobiernos oficialistas u opositores. Obviamente no se llega a cubrir todo el universo porque es muy grande, pero la educación es algo demasiado importante para que esté en el barro de la lucha política cotidiana.
-¿Qué piensa de la situación en Santa Cruz? El jueves debieron haber reiniciado las clases y otra vez hubo paro.
-Es una situación sumamente complicada. Es una provincia que está quebrada producto de muy malas administraciones. Cuando asumí como ministro de educación de la Nación, llevaban alrededor de 100 días sin clases. Nos hemos involucrado. El Estado nacional se comprometió a pagar un aumento -por supuesto menor al de otras provincias- hasta diciembre. La provincia, en algún momento, tiene que volver a ser viable.
-¿Qué pasa con los 70 mil chicos que quedan en el camino?
-Lo que hicimos nosotros fue trabajar con metodología digital para ver cómo podíamos llevar la enseñanza a los chicos que estaban en sus casas, pero la realidad es cada día que se pierde sin clases es muy importante. La provincia tiene que asumir la responsabilidad. Tiene que empezar a caminar.
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