Cómo China convierte en espías a los miembros de su diáspora

Entre los disidentes chinos exiliados, Tang Yuanjun era muy conocido. Participó en las protestas de 1989 en la plaza de Tiananmen y fue encarcelado. Más tarde desertó a Taiwán, nadando hasta una de sus islas periféricas desde un barco pesquero. Estados Unidos le concedió asilo y se instaló en Nueva York, convirtiéndose en líder de grupos chinos prodemocracia.

Pero en agosto de 2024 fue detenido por el FBI. Admite haber utilizado su posición para recopilar información para el Gobierno chino y denunciar a sus compañeros activistas. Lo hizo para que el Gobierno le permitiera regresar a China para ver a sus padres enfermos.

El pirateo de redes informáticas estadounidenses por parte de China y sus esfuerzos por robar secretos militares y comerciales de Occidente han acaparado los titulares en los últimos años. Pero Beijing también ha estado llevando a cabo una campaña más sutil -que implica sobornos, chantajes y acuerdos secretos- en la que utiliza a personas como Tang y otros miembros de la diáspora china para llevar a cabo operaciones de vigilancia, recopilación de información e influencia en todo el mundo.

Gran Bretaña ha tenido recientemente una muestra de todo esto cuando las autoridades acusaron a Yang Tengbo, un empresario chino, de mantener un vínculo con el príncipe Andrés, hermano del rey, como parte de una operación de influencia.

Estados Unidos, sin embargo, es el objetivo más importante de China. Este tipo de actividades entran en el ámbito de aplicación de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA), una ley estadounidense que obliga a quienes participan en proyectos políticos en nombre de un actor extranjero a registrarse y revelar lo que hacen.

En los últimos años, el Departamento de Justicia ha intensificado la aplicación de esta ley. El Departamento realizó 25 inspecciones de la FARA en 2023, la mayor cantidad desde 1985, y este año ha habido varios casos muy llamativos relacionados con China.

Al hacer públicas estas investigaciones, el Gobierno estadounidense está enviando una advertencia a los posibles agentes, dicen los expertos.

Un caso importante es el de Linda Sun, antigua ayudante del Gobernador de Nueva York, detenida en septiembre por trabajar como “agente no revelado” de China y su Partido Comunista (PCCh). Sun habría bloqueado reuniones entre funcionarios taiwaneses y dirigentes estatales, eliminado referencias a Taiwán de las comunicaciones estatales y obstaculizado los esfuerzos por dar a conocer la persecución china de los uigures y otras minorías étnicas. A cambio, habría recibido millones de dólares en sobornos y regalos, incluidas varias entregas de patos salados al estilo Nanjing en casa de sus padres.

Aunque las acusaciones contra Sun son claras, las operaciones de influencia de China se desarrollan a menudo en una zona gris, como son los casos de los grupos de la diáspora llamados tongxianghui, o asociaciones de pueblos de origen, que reúnen a inmigrantes de determinadas partes de China y que son omnipresentes en las ciudades estadounidenses pero cada vez están más bajo la lupa del Departamento de Justicia.

Los líderes de las asociaciones suelen movilizar a los votantes antes de las elecciones en Estados Unidos y entablar relaciones con los funcionarios locales. Algunos también viajan a China y se reúnen con funcionarios del Departamento de Trabajo del Frente Unido, la rama del Partido Comunista encargada de impulsar la influencia de China en el extranjero. Los líderes de la asociación organizan actividades políticas en Estados Unidos, como concentraciones de apoyo a Xi Jinping o protestas contra visitas de funcionarios taiwaneses.

Estas actividades son legales, siempre que los organizadores actúen de forma independiente, pero la línea entre la acción voluntaria y el trabajo como agente es difusa.

Muchos chinos en el extranjero son auténticos partidarios del Partido Comunista o, al menos, están dispuestos a promover sus intereses porque eso ayudará a sus negocios en China o mantendrá a salvo a sus familias en el país. Solo cuando reciben financiación encubierta, instrucciones o supervisión de funcionarios chinos cruzan la línea que los convierte en agentes extranjeros.

En 2022, por ejemplo, el FBI detuvo al director de una asociación de la ciudad natal de Shandong, no por sus frecuentes viajes a China y su amistad con funcionarios chinos, sino porque sospechaban que colaboraba con la policía china para repatriar por la fuerza a otro inmigrante. Del mismo modo, en 2023, dos hombres chinos fueron acusados de colaborar presuntamente con la policía china para gestionar una “comisaría clandestina” dentro de una asociación de la ciudad natal de Fujian en Nueva York. Uno de ellos se declaró culpable el 18 de diciembre.

Las autoridades estadounidenses han luchado para combatir estos esfuerzos sin aislar a la diáspora china. Un programa antiespionaje lanzado en 2018, llamado Iniciativa China, tenía como objetivo evitar que el país utilizara “recolectores no tradicionales”, como académicos y científicos, para robar secretos comerciales y tecnológicos de Estados Unidos.

Casi el 90% de los acusados en el marco de la iniciativa eran de origen chino, según una base de datos recopilada por el MIT Technology Review. Muchos de los casos se referían a cuestiones de “integridad de la investigación”, con académicos acusados de no revelar completamente sus afiliaciones chinas (si esto fue deliberado es muy discutido). Solo una cuarta parte de los casos presentados en el marco de la iniciativa acabaron en condena.

Los esfuerzos de contrainteligencia de Estados Unidos pretenden hacer que la diáspora china se sienta segura, afirma un antiguo funcionario que trabajó en la Iniciativa. “Les estás transmitiendo: te cubrimos la espalda”, dice y advierte: “Lo que no quieres es pasar a una situación en la que ser chino equivale a ser un espía“.

Pero la Iniciativa dejó a muchos académicos con la sensación de que el Gobierno los veía con recelo simplemente por su herencia china, dice Gang Chen, del Instituto Tecnológico de Massachusetts.

En 2021, Gang fue acusado de no revelar sus conexiones con programas educativos chinos al presentar una solicitud de subvención federal. La acusación fue muy criticada aunque, en realidad, no era obligatorio revelar tales vínculos. Un año después se retiraron los cargos.

Según una encuesta realizada en 2022, más del 60% de los académicos chino-estadounidenses han pensado en abandonar Estados Unidos y más del 70% dijo sentirse inseguro allí. “Esto no es solo dispararnos en el pie. Es dispararnos en el cerebro”, afirma Chen, que ha dejado de solicitar subvenciones del Gobierno o de trabajar en áreas potencialmente sensibles.

Otros miembros de la diáspora china aplauden los esfuerzos por frenar la influencia del Partido Comunista. Zhou Fengsuo, de Human Rights in China, un grupo activista de Nueva York, elogia las detenciones de personas como Sun aunque advierte de que la mano dura y la incoherencia del enfoque estadounidense han generado desconfianza hacia el Gobierno en la diáspora.

Asimismo, se queja de que los disidentes chinos exiliados reciben poca protección de las autoridades, lo que les convierte en objetivos más fáciles de la coerción china.

En 2022, el Departamento de Justicia puso fin a la Iniciativa China, admitiendo que había dado lugar a una “percepción nociva” de caracterización racial. En septiembre, sin embargo, la Cámara de Representantes aprobó con el apoyo de todos los republicanos un proyecto de ley para revivirla con un nuevo nombre, Iniciativa PCCh.

Parece probable que estos esfuerzos se intensifiquen con el presidente electo Donald Trump, que ha dado importantes puestos a los halcones de China. El riesgo es que, en sus esfuerzos por contrarrestar al Partido Comunista, Estados Unidos ponga en sus manos a más miembros de la diáspora.

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