Qué hará Donald Trump respecto a la inmigración legal

En las últimas semanas de su campaña, en una reunión organizada por Univisión, una cadena de televisión en español, Donald Trump planteó un punto que no suele plantear muy a menudo. Cuando se le preguntó sobre la necesidad de trabajadores inmigrantes, respondió: “Queremos trabajadores y queremos que vengan”. El problema, dijo, es la inmigración ilegal. “Yo los quiero incluso más que ustedes”, dijo. “Y vamos a lograr que la gente pueda entrar a nuestro país legalmente”.

¿Es una promesa que puede cumplir? Algunos en el bando de Trump esperan que así sea. En septiembre, Elon Musk, un estadounidense nacido en Sudáfrica cuyas empresas emplean a muchos ingenieros extranjeros, publicó en su sitio web X que “el proceso de inmigración legal en Estados Unidos necesita ser simplificado y ampliado en gran medida”. Sin embargo, los abogados de inmigración temen lo contrario. Informan que ya han recibido una avalancha de llamadas de titulares de visas nerviosos que se preocupan por lo que esto significa para su capacidad de permanecer en Estados Unidos. Una de las razones es que el 11 de noviembre el presidente electo anunció su intención de nombrar a Stephen Miller, uno de sus asesores de larga data, como su subdirector de política. Miller afirma que Estados Unidos debería ser “sólo para los estadounidenses”.

En su campaña de 2016, Trump prometió crear una “gran puerta hermosa” para la inmigración legal. Pero, de hecho, su administración, en gran medida bajo la dirección de Miller, que desempeñaba un papel similar en ese entonces, silenciosamente molió arena en los engranajes de la máquina que emite visas y permisos de trabajo. “Crearon un muro invisible”, dice Dimo Michailov, un destacado abogado de inmigración con sede en Washington, DC. Las tasas de denegación de visas de trabajo clave, como la H1B (que permite a los extranjeros con títulos o habilidades especializadas equivalentes aceptar trabajos en Estados Unidos) y la L1 (que permite a las empresas multinacionales enviar trabajadores a Estados Unidos) aumentaron. También lo hicieron las “solicitudes de evidencia”, donde se requiere que los solicitantes proporcionen una larga documentación para demostrar que califican.

De 2016 a 2019, los tiempos de espera promedio aumentaron un 46%, según el análisis de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, un grupo del sector. “Fue más burocracia, más papeleo, más entrevistas”, dice Julia Gelatt, del Migration Policy Institute, un grupo de expertos. De hecho, la inmigración legal total no disminuyó mucho hasta la pandemia, señala. Los abogados descubrieron cómo adaptarse a las nuevas reglas y el número total de visas de trabajo emitidas se estancó. Pero se volvió más costoso y más lento.

Bajo el gobierno de Joe Biden, el gobierno ha ido desatascando el sistema poco a poco. Por ejemplo, ha reducido el escrutinio de las renovaciones de visas, en lugar de tratarlas como nuevas solicitudes, y ha eliminado el requisito de las entrevistas en muchos casos. Parece probable que este tipo de políticas se deshagan. “Tengo la presunción de que la administración Biden intentará eliminar hasta el último vestigio de todo lo que haya hecho”, dice David Bier, del Cato Institute, un grupo de expertos libertario. Eso podría significar, por ejemplo, que a los cónyuges de los titulares de H1B se les niegue por completo el derecho a trabajar, y que a los de los titulares de L1 se les obligue a solicitar permisos de trabajo. Los graduados de universidades estadounidenses, que actualmente pueden trabajar en Estados Unidos hasta tres años, según su título, podrían ver limitado ese derecho. Se podría exigir que más personas que obtengan la tarjeta verde (residencia permanente), ya sea por visas de trabajo o por vínculos familiares, sean entrevistadas.

Los inmigrantes que más tienen que temer son los indios y los chinos. Desde 1991, existe un límite al número de tarjetas verdes (green cards) basadas en el empleo que se pueden otorgar a los ciudadanos de un país determinado. Los indios y los chinos llegan desproporcionadamente a Estados Unidos estudiando en universidades estadounidenses y luego trabajando después de graduarse, pero gracias al límite, sólo una proporción ínfima puede esperar obtener alguna vez la residencia permanente. En cambio, muchos se quedan estancados en visas nominalmente temporales, incluso mientras construyen sus vidas. Si alguien con una H1B pierde su trabajo, tiene sólo 60 días para encontrar uno nuevo que califique antes de tener que abandonar el país (un período de gracia que Trump podría recortar). Tener un hijo que sea ciudadano estadounidense no ofrece protección a un padre, y sus hijos no estadounidenses pierden su derecho a quedarse cuando se convierten en adultos. Las esperas más largas y las renovaciones más estrictas podrían obligar a muchos de esos residentes de largo plazo a irse.

Jules, una abogada corporativa nacida en China que ha vivido en Estados Unidos desde que llegó como estudiante de intercambio en la escuela secundaria, dice que durante la última administración de Trump una de sus renovaciones de visa se retrasó dos años. Pudo seguir trabajando, pero no pudo viajar al exterior mientras esperaba una decisión. “Ha sido tan traumático que me siento un poco aturdida al respecto”, dice. Con la reelección de Trump, está considerando si podría obtener la residencia permanente en otro lugar. Para ella y otros, Estados Unidos fue lo primero, pero Canadá o Australia pueden ser los segundos.

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