Cómo los comunistas chinos se enamoraron de la privatización

Las ciudades y pueblos de toda China tienen dificultades para pagar sus cuentas (REUTERS/Thomas Peter)

En una reciente visita a su ciudad natal de Laixi, en el este de China, Guo Ping recibió una sorpresa: el gobierno local había vendido una serie de activos estatales, incluidos dos embalses. Las finanzas de la pequeña ciudad, así como las del vecino puerto de Qingdao, estaban bajo presión, lo que obligó a los funcionarios a encontrar nuevas fuentes de ingresos. Esto significó vender incluso grandes porciones de infraestructura regional. Las ventas parecían ser parte de lo que Guo, que pidió utilizar un seudónimo, considera un deterioro económico gradual.

Las ciudades y pueblos de toda China tienen dificultades para pagar sus cuentas. Mientras los responsables políticos se esfuerzan por reactivar la economía del país, los ingresos fiscales siguen cayendo. Y una crisis inmobiliaria empeora las cosas, al perjudicar la capacidad de las autoridades locales para vender derechos de uso de la tierra a los promotores inmobiliarios, tradicionalmente una de sus principales fuentes de ingresos. Los ingresos relacionados con la tierra cayeron al 26% de los ingresos totales de las autoridades locales el año pasado, frente al 36% en 2020. Por ello, los cuadros han tenido que idear nuevas formas de recaudar dinero, por muy incómodas que sean.

Los operadores de autobuses en las ciudades pequeñas se ven obligados a suspender sus servicios. Los funcionarios de bajo nivel se quejan de que se les retrasan o reducen los salarios. Los recaudadores de impuestos llevan décadas buscando facturas impagadas. Y las ciudades están aumentando las multas por infracciones como las de tráfico. En Wuzhou, en el sur de China, estas multas ahora proporcionan casi el 50% de los ingresos que generan los impuestos, en comparación con menos del 8% en la mayoría de las ciudades. Después de haber eliminado los peajes en las autopistas durante más de una década, provincias como Anhui, Gansu y Shandong han comenzado a cobrarlos de nuevo.

¿Por qué no vender algunos activos? Los analistas financieros locales insisten en que las ciudades están sentadas sobre una riqueza increíble. Controlan la venta de tierras y poseen carteras variadas, que incluyen participaciones en empresas estatales, parques, servicios públicos, líneas ferroviarias e incluso templos budistas. Si las autoridades pueden monetizar tan solo una pequeña parte de estos activos alquilándolos o vendiéndolos al sector privado, se piensa que podrían tapar algunos de los agujeros en sus presupuestos.

Aunque ya se habían producido algunas ventas de activos, el gobierno central empezó a promover la privatización en 2022, cuando pidió a los gobiernos locales que “revitalizaran” sus activos (es decir, que los vendieran, alquilaran o refinanciaran) como forma de reducir las deudas. El año pasado, un documento interno que circuló el Consejo de Estado, el gabinete de China, instruyó a las doce provincias más endeudadas a “romper las ollas y vender el hierro”, una expresión enérgica que significaba un último esfuerzo para recaudar fondos.

Mientras los responsables políticos se esfuerzan por reactivar la economía del país, los ingresos fiscales siguen cayendo (ADEK BERRY/Pool via REUTERS)

En muchas zonas se están haciendo las maletas. En mayo, el gobierno de Ganzhou, en el sudeste de China, había recaudado 370 millones de yuanes (50 millones de dólares) al permitir que las empresas municipales de agua y autobuses vendieran terrenos. Un distrito de Chongqing, una megaciudad del sudoeste, anunció en agosto que “rompería los platos” para aliviar una crisis de deuda. Algunos gobiernos locales han agrupado proyectos gubernamentales más solicitados con activos de los que quieren deshacerse, empujando a los compradores a quitarles de encima edificios de oficinas o parques industriales no deseados.

Este tipo de ventas de activos están cobrando impulso. En Shandong y Jiangsu, dos provincias costeras, los ingresos no tributarios, que incluyen los ingresos por enajenaciones de activos, aumentaron un 15% en el primer semestre del año. En Qingdao, que incluye Laixi, el precio de los activos estatales vendidos en una bolsa local alcanzó los 5.900 millones de yuanes el año pasado, más del doble que el año anterior. Esto incluye las ventas de derechos de uso para siete embalses con contratos que duran hasta 40 años.

¿Cuántos activos se pueden vender? El primer obstáculo es determinar qué partes del Estado son realmente propietarias de un activo. En el caso de los que tienen más de dos décadas de antigüedad, la documentación es deficiente. A medida que las ciudades chinas han crecido, muchas se han fusionado con otras jurisdicciones o han surgido de distritos locales. Huang Wenyin, de S & P Global Ratings, una agencia de calificación, señala que el edificio en el que creció en Beijing era propiedad de una empresa estatal, aunque a los empleados de otra empresa estatal se les permitía vivir en él como parte de un acuerdo informal. Es posible que una tercera empresa estatal también tuviera derechos sobre el edificio. A medida que pasaron las décadas, la falta de documentación y la pérdida de registros hicieron que el edificio nunca fuera demolido. Por lo tanto, un terreno potencialmente lucrativo sigue sin desarrollarse.

También existen riesgos para los compradores interesados en adquirir activos estatales, ya que tienen un estatus casi sagrado. A diferencia de Rusia, que vendió muchos de sus activos tras el colapso de la Unión Soviética, China nunca ha experimentado un “big bang”. En cambio, se ha privatizado lentamente desde principios de la década de 1980, cuando existía poca propiedad privada. Siguen existiendo dudas sobre cómo se han vendido los activos y si se pagaron precios justos hace muchos años. La Universidad de Beijing, por ejemplo, presentó una demanda en 2019 contra los accionistas de una empresa llamada Founder Group, afirmando que la venta de una participación en la empresa hace 15 años se había realizado de forma fraudulenta.

Los directivos temen que los acuerdos puedan atraer la atención y ser investigados posteriormente por corrupción. Mientras tanto, los directivos de empresas estatales temen sufrir pérdidas al vender activos. La ley china no permite que se lleguen a acuerdos en esos términos y el gobierno central ha advertido de que castigará a los directivos que incumplan las normas. El oprobio público nunca está lejos. Guo se mostró disgustado al enterarse de las ventas de los embalses de Laixi. Algunos usuarios de las redes sociales cuestionan la legalidad de los acuerdos, mientras que los artículos en línea también los critican.

Tal vez el principal desafío sea crear un verdadero mercado para los tesoros estatales. Los compradores privados corren el riesgo de ser acusados de tráfico de información privilegiada y de adquirir activos estatales a bajo precio. Al mismo tiempo, temen acabar con un limón, o un activo que parece bueno para los de fuera pero que tiene poco valor para los que están al tanto. Esto podría explicar por qué muchos de los activos simplemente se están transfiriendo entre empresas estatales. Esas transacciones no involucran al sector privado y, por lo tanto, no se las puede acusar de generar pérdidas para el estado. Aunque los documentos de la venta de dos de los yacimientos de Laixi indican que la venta atrajo “capital social”, o dinero del sector privado, el verdadero comprador fue otra empresa estatal de la misma ciudad. Tal vez el acuerdo ayude a aliviar los problemas de liquidez a corto plazo del gobierno de la ciudad, pero difícilmente detendrá su acumulación de deuda.