Hong Kong aprobó una ley de seguridad que sus amos chinos apenas necesitan

Como símbolo del firme control de China sobre Hong Kong, la ley de seguridad nacional conocida como el Artículo 23 es difícil de superar. La medida, que otorga a las autoridades más poderes para reprimir la disidencia, fue aprobada por unanimidad por el consejo legislativo de la ciudad, o Legco, el 19 de marzo. Esto no es sorprendente. Desde 2021, los miembros del organismo han tenido que jurar lealtad al régimen central de Beijing. Los políticos de la oposición han sido descalificados, encarcelados o obligados a huir al extranjero. Aún así, la rápida aprobación de un proyecto de ley que pocos hongkoneses pensaban que era necesario, pero que el gobierno central exigía, refuerza la pérdida de autonomía de la ciudad.

La ley cubre delitos como traición, insurrección, sedición y espionaje. Se superpone con una ley de seguridad impuesta a Hong Kong por el gobierno central en 2020, un año después de que la ciudad fuera sacudida por enormes manifestaciones a favor de la democracia. Pero la última medida tiene nuevos elementos que deberían preocupar a los liberales. Para empezar, aumenta el poder de la policía y del gobierno. A cualquier persona acusada de infringir la ley se le puede negar el acceso a un abogado y ampliar su detención 14 días (además de las 48 horas permitidas anteriormente) con la aprobación del tribunal. La ley también hace que más casos puedan ser escuchados por jueces de seguridad nacional (que son elegidos por John Lee, el director ejecutivo de Hong Kong) en lugar de por un jurado.

Igual de preocupante es el enfoque de la nueva ley en la “interferencia externa” en los asuntos de Hong Kong. Lee cree que oscuras fuerzas extranjeras estuvieron detrás de las manifestaciones de 2019 y todavía hoy provocan problemas (una visión conspirativa compartida por el gobierno central). Ha advertido sobre los “lobos” que intentan socavar a China abogando por la libertad y la democracia en Hong Kong. Los medios locales favorables al gobierno han informado que Amnistía Internacional, que hace campaña por los derechos humanos, y Greenpeace, que se centra en el medio ambiente, podrían estar entre las ONG internacionales designadas como amenazas a la seguridad nacional.

La propia prensa también puede encontrar que su trabajo se ha vuelto más difícil. La ley protege las noticias que son de interés público, pero el gobierno será el árbitro de ello. Una carta firmada por varios medios extranjeros (incluido The Economist) expresó su preocupación de que la actividad periodística normal, como la investigación de malas prácticas gubernamentales, pudiera ser criminalizada.

La redacción de la ley es vaga, probablemente intencionadamente. Esto da a las autoridades mucho margen de maniobra. Y el gobierno sin duda espera que los hongkoneses y los extranjeros, que enfrentan líneas rojas confusas, se alejen mucho de ellas. Pero los funcionarios también han tenido que combatir varios rumores, como el de que las plataformas de redes sociales occidentales podrían estar prohibidas. También hubo rumores de que se podría procesar a personas por posesión de periódicos viejos que contenían artículos sediciosos. Esto es “completamente incorrecto”, afirmó el gobierno; el delito sólo se aplicaría si el propietario no tuviera una “excusa razonable”.

Cuando los británicos devolvieron Hong Kong a China en 1997, se le dio una miniconstitución, llamada Ley Básica, y se prometió “un alto grado de autonomía” bajo el modelo de “un país, dos sistemas”. A los residentes se les concedieron libertades y libertades civiles negadas a los chinos en el continente. Sin embargo, el artículo 23 del documento flotaba sobre la ciudad. Requirió que Hong Kong aprobara una legislación de seguridad nacional que mucha gente temía que alteraría su carácter. Cuando el gobierno intentó impulsar una medida de este tipo en 2003, provocó grandes protestas y los líderes de la ciudad dieron marcha atrás.

La facilidad con la que se aprobó la medida esta vez es indicativa de cuánto ha cambiado en Hong Kong. En los últimos años, los controles sobre la expresión, los medios de comunicación, los libros y la cultura se han vuelto más asfixiantes, a instancias del gobierno central. La antigua ley de seguridad ya había disuadido a la mayoría de las personas con motivos políticos de intentar desafiar al gobierno. El nuevo se suma a esta atmósfera de miedo. No se esperan grandes protestas en los próximos días.

Pero la velocidad con la que el gobierno actuó para aprobar el Artículo 23 ha llamado la atención. Fue presentado el 30 de enero. Siguió una consulta pública inusualmente breve, que cerró el 28 de febrero. Luego, el proyecto de ley pasó rápidamente por Legco. Algunos creen que el objetivo era evitar las críticas tomando desprevenidos a los observadores extranjeros. Aún así, los legisladores que examinaron el proyecto de ley en la etapa de comité esperan repercusiones. Preparándose para las sanciones impuestas por los gobiernos occidentales, al parecer han comenzado a referirse a sí mismos como “mártires”.

Los funcionarios de Hong Kong parecen creer que cualquier sacrificio valdría la pena. Le dan crédito a la ley de seguridad original por ayudar a traer paz y prosperidad a la ciudad, y creen que la nueva ley tendrá un impacto igualmente positivo. Lee calificó el momento de “histórico” y añadió que el gobierno había “estado a la altura de la confianza del país y no defraudó al gobierno central”. Si el pueblo de Hong Kong no está de acuerdo, tendrá que decirlo en voz baja.

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