Tras la aplastante e inconstitucional victoria de Nayib Bukele, ¿qué sigue?

El presidente de El Salvador reaccionó a su victoria en la reelección, el 4 de febrero, con su habitual “mesura”. Antes de que se anunciaran los resultados oficiales, Nayib Bukele afirmó haber obtenido al menos el 85% de los votos. En un discurso pronunciado esa misma noche desde el palacio presidencial, lo calificó de “récord en toda la historia democrática del mundo”.

En efecto, Bukele ha obtenido una victoria aplastante. Con el 31% de los votos escrutados, tenía el 83%. Su partido, Nuevas Ideas, va camino de hacerse con casi la totalidad de los 60 escaños de la reducida legislatura nacional, frente a los 56 de 84 de la antigua.

Los defensores del Estado de derecho señalaron que era inconstitucional que Bukele se presentara a un segundo mandato consecutivo. Pero en 2021 consiguió que el Tribunal Supremo dictaminara que podía volver a presentarse si pedía una licencia de seis meses, lo que hizo, al menos sobre el papel. Insiste en que los votantes deberían poder decidir si quieren que siga en el cargo. “¿Por qué descartar el camino si está funcionando?”, preguntó al anunciar su candidatura a un segundo mandato.

El líder, de inmaculado peinado y vestido con vaqueros, es popular en gran medida gracias a su mano dura contra el crimen. Antes de que asumiera el cargo en 2019, los salvadoreños vivían aterrorizados por los pandilleros, que extorsionaban impunemente a las empresas locales y libraban mortales guerras territoriales entre sí. Bukele primero intentó negociar con las pandillas y luego cambió a un enfoque de mano dura. Dejó que la policía detuviera a cualquier sospechoso de tener vínculos con las bandas. Más de 74.000 personas - equivalente a más del 8% de la población masculina joven - han sido encarceladas. Pocos han sido juzgados todavía, aunque es posible que con el tiempo se celebren juicios “colectivos”, en los que se juzgue simultáneamente a cientos de sospechosos.

Con tantos pandilleros entre rejas o escondidos, los barrios antes peligrosos se han vuelto mucho más seguros. La tasa nacional de homicidios se ha desplomado de 51 por cada 100.000 en 2018 a tres el año pasado. Las tiendas y restaurantes que antes tenían que pagar dinero por protección -una enorme sangría para sus medios de vida- ya no tienen que hacerlo. La gente corriente puede caminar por las calles sin miedo. “Vivimos 50 años horribles de guerras y asesinatos y todo ha cambiado”, dice Ana Rodríguez, una mujer de 70 años que sale de un colegio electoral en Izalco, a una hora al oeste de San Salvador, la capital.

Bukele ha evitado la campaña tradicional y se ha decantado por las acrobacias. Fue anfitrión del concurso Miss Universo, estrechó la mano de Lionel Messi y presidió una poderosa maquinaria de comunicación, que incluía trolls que aplastaban a los críticos y ahogaban los discursos desfavorables. Su campaña de relaciones públicas también ha contribuido a cambiar la imagen internacional de su país, de 6,3 millones de habitantes. Lo ha presentado como un paraíso para los surfistas en la ola del futuro. En 2021, El Salvador fue el primer país en legalizar el bitcoin. (Los comerciantes salvadoreños están mucho menos impresionados por esto que por su represión de las bandas).

A los críticos les preocupa el apetito de poder de Bukele y su desprecio por los controles y contrapesos. Desde el principio ha prodigado beneficios a la policía y al ejército para asegurarse su lealtad. También está duplicando el tamaño del ejército, de 20.000 a 40.000 efectivos. En 2020 llevó tropas a la legislatura para intimidar a los legisladores para que aprobaran fondos para su plan de seguridad. Un año después, su partido obtuvo una supermayoría en la asamblea y aumentó su influencia sobre los tribunales. Destituyó al fiscal general y a los jueces del Tribunal Constitucional, y jubiló a la fuerza a un tercio de los jueces ordinarios del país, permitiéndole sustituirlos por leales. Su círculo íntimo está formado por sus hermanos.

Antes de las elecciones, cambió las reglas para favorecer a su propio partido y facilitó el voto a los salvadoreños que viven en el extranjero. Los votos emitidos por la diáspora -740.000 de los 6,2 millones de votantes registrados- van todos a San Salvador, donde el número de escaños indecisos es mayor.

¿Qué hará con un segundo mandato? Félix Ulloa, vicepresidente de Bukele, afirma que ahora que la administración ha “limpiado la casa” de delincuencia, se centrará en la educación, la sanidad y las infraestructuras. Presume de que, por primera vez, El Salvador gasta anualmente más del 5% del PIB en educación y ha distribuido ordenadores portátiles y tabletas a todos los estudiantes. Esto encaja con el impulso para convertir el país en un centro tecnológico, afirma, señalando la adopción del bitcoin y las leyes que fomentan la inversión de las empresas tecnológicas. El Presidente anuncia futuros proyectos de infraestructuras, como aeropuertos, un tren a lo largo de la costa del Pacífico y un teleférico en San Salvador.

Los salvadoreños consideran ahora que la economía es el mayor problema del país, según una encuesta realizada en enero por la Universidad Centroamericana (UCA) de San Salvador. Algunos se preguntan cómo pagará Bukele todos sus planes, desde el encarcelamiento masivo y el aumento de las fuerzas de seguridad hasta las escuelas y las infraestructuras. El banco JPMorgan considera que la mejora de la seguridad pública ha elevado la tasa de crecimiento anual potencial del PIB de El Salvador del 2% al 3%, lo que sería de gran ayuda. Es posible que Bukele consiga un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, del que tanto se ha hablado, y cuyos funcionarios han suavizado sus críticas por sus incursiones en el bitcoin. Pero la economía y las finanzas de El Salvador no presentan un buen aspecto, según Lourdes Molina, economista. La inversión extranjera directa fue menor en los primeros seis meses de 2023 que en el mismo período de 2021. En 2022, el Gobierno modificó una ley para poder asaltar los fondos de pensiones.

El gobierno espera atraer más dinero de China, que pagó la lujosa biblioteca nacional inaugurada en noviembre. Y El Salvador está ofreciendo un “visado de libertad” y diez años de exenciones fiscales a cualquiera que invierta un millón de dólares en criptomoneda en el país. Ulloa afirma que el Gobierno emitirá pronto bonos en bitcoin. Molina teme que el aumento del uso de bitcoin convierta a El Salvador en un paraíso para el blanqueo de dinero.

En marzo de 2022 se declaró por primera vez el estado de excepción para luchar contra la delincuencia, y desde entonces se ha renovado 22 veces. Bukele pidió a los votantes que le dieran una supermayoría en la asamblea para poder seguir renovándolo, y así lo hicieron. Esto le proporciona una potente herramienta para amedrentar a los críticos que le quedan. Ya se ha utilizado contra sindicalistas y defensores del medio ambiente, señala Ruth López, de Cristosal, un grupo de defensa de los derechos humanos. Sólo unas pocas organizaciones de la sociedad civil y periodistas permanecen activos, dice Bertha Deleón, ex abogada del presidente. Bukele cita su existencia como prueba de que El Salvador es una democracia. Pero en 2021 intentó aprobar un proyecto de ley para clasificarlos como agentes extranjeros, similar a los aprobados en Nicaragua y Rusia. También ha anunciado una “cruzada” contra los corruptos.

No todos los salvadoreños aplauden la victoria de su hombre fuerte. Las familias de los detenidos están furiosas. En una zona rural pobre, una pareja de unos 50 años llora mientras describe cómo se llevaron en noviembre a tres de sus cuatro hijos, de 15, 17 y 25 años, y a un nieto de 15 años. Sus hijos no eran miembros de pandillas, dicen; uno trabajaba para el gobierno hasta que cayó enfermo y los otros dos iban a la escuela todo el día. “Ahora tenemos miedo de la policía y el ejército”, dicen. En la encuesta de la UCA, el 63% de los encuestados afirmaron “tener más cuidado” con quién comparten sus opiniones políticas. Diego, un soldado de 19 años, dice que admira al Presidente, pero que le preocupa: “No es bueno que un partido tenga todo el poder”.

Según los críticos, la transparencia y la rendición de cuentas son pésimas bajo el mandato de Bukele. Antes de ser destituido, un antiguo fiscal general estaba investigando a miembros del gobierno por desviar fondos durante la pandemia, entre otras cosas. Algunos temen que si un régimen puede encerrar a personas indefinidamente sin cargos, algún día los funcionarios podrían exigir sobornos para no hacerlo.

Mientras tanto, ya se está debatiendo un tercer mandato de Bukele. Él ha dicho que la ley “actualmente” no lo permite. Pero agregó que cada generación tiene derecho a decidir sus propias leyes.

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