En la Argentina, ya son más las plazas ofrecidas por alquileres temporarios y plataformas como Airbnb que las de hoteles o alojamientos tradicionales. Según los datos más recientes de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (Fehgra), hoy “conviven” unas 432.562 plazas en 5.825 alojamientos hoteleros registrados y 502.801 plazas en 110.273 ofertas de alquiler temporario.
La semana pasada, se llevó a cabo en Buenos Aires la tercera reunión de ReformBnB, un encuentro de representantes del sector hotelero de 15 países (entre ellos España, Francia, Estados Unidos, Japón, Canadá, Italia y países de la región como Brasil, Colombia y Uruguay) que crearon un “frente común” contra la oferta informal de los alojamientos turísticos temporarios. En esos días de reuniones, se planteó la necesidad de un registro de prestadores e intermediarios de alojamientos de alquiler temporario.
El encuentro fue organizado por Fehgra, la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT) y la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (Ahrcc). Los empresarios consideran que la vivienda que tenga como destino al turista debe estar “en manos de profesionales de la hospitalidad o de prestadores o propietarios debidamente registrados”.
Y reclaman cambios en la legislación que generen obligaciones para quienes ofrecen alojamiento de forma temporaria. “Se plantea incorporar el concepto de la ‘temporalidad’ como factor distintivo para esclarecer la responsabilidad en el alojamiento. Y se promueve la diferenciación entre prestadores e intermediarios, empleándose a estos últimos como herramientas de control, obligándolos a declarar acerca de los prestadores o propietarios que publican ofertas de alojamiento a través de ellos”, se destacaron entre las conclusiones a las que llegaron los representantes del sector hotelero al final del encuentro.
El relevamiento más reciente sobre el impacto de Airbnb en la oferta turísticas local es del año pasado. En 2018, en la ciudad de Buenos Aires se registraron más de 350.000 llegadas de viajeros a través de la plataforma. Según la empresa, estos turistas generaron un impacto económico directo estimado de USD 393 millones, al sumar las ganancias de los anfitriones más el gasto estimado de los huéspedes. El 73% de las propiedades publicadas en la ciudad de Buenos Aires corresponden a propiedades completas y el resto son habitaciones privadas o compartidas.
Hoy ‘conviven’ unas 432.562 plazas en 5.825 alojamientos hoteleros registrados y 502.801 plazas en 110.273 ofertas de alquiler temporario
La primera reunión de ReformBnB se llevó a cabo en Nueva York, en noviembre de 2018; y la segunda en Barcelona, en abril pasado. La próxima se desarrollará a fines de 2020 en París, Francia. En esos encuentros, tal como sucedió en Buenos Aires, las asociaciones hoteleras internacionales firmaron un manifiesto de ocho puntos en los que están de acuerdo. Entre ellos, que exista un “registro obligatorio” de todos los anfitriones que permitan a las autoridades monitorear y controlar la actividad de los alojamientos turísticos y vetar a los que no cumplan con los requisitos. Esto facilitaría la aplicación de impuestos.
Para eso, las plataformas como Airbnb debería ser obligatorio añadir el número de registro en los departamentos o casas ofrecidos en las plataformas que ofertan alojamientos turísticos, algo que ya se aplica en las ciudades de San Francisco (Estados Unidos) y París (Francia) y en todo Japón.
Los empresarios también piden una carga fiscal similar para hoteles y alojamientos turísticos. “Un número equitativo de tasas al que ya se aplica en hoteles, debe ser pagado por la industria de los alojamientos turísticos. El cumplimiento con la regulación fiscal sería un factor clave para una competencia justa”, explicaron.
Ya existen países y ciudades donde los alquileres temporarios pagan una tasa de ocupación turística: Quito, París, Florencia, Milán, Liechtenstein, Barcelona, Suiza, Croacia y Austria. También coinciden en que los vecinos y propietarios de edificios con alojamientos temporarios tienen derecho a decidir: “los apartamentos turísticos no deberían operar en sus edificios sin su consentimiento”, dijeron.
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