Juicio por YPF en EEUU, del entusiasmo oficial a la extrema cautela: "Será muy difícil ganar"

"No me montaría en ningún triunfalismo. Hay expectativas, pero es difícil que la Corte abra el recurso y lo de vuelta. Estoy convencido de que el caso no se tiene que tratar en EEUU: tenemos la razón y tengo esperanzas, pero la estadística nos juega en contra". El que habla con Infobae, en estricto off the record, es una fuente muy cercana al juicio que se tramita en Estados Unidos por la expropiación de YPF que hizo el gobierno de Cristina Kirchner en 2012.

El lunes pasado la Corte Suprema de Justicia de EEUU decidió consultarle al gobierno de Donald Trump, por medio de su solicitor general o procurador, su opinión sobre un tema de jurisprudencia que llegó a la máxima instancia de ese país luego de dos fallos adversos. Un juicio que, llegado el caso, podría costarle al Estado unos USD 3.000 millones.

Un funcionario del Gobierno nacional fue más directo aún, y futbolero: "La pelota estaba adentro del arco y la sacamos en el último minuto del partido. Estábamos perdiendo y ahora vamos al alargue". "Es difícil", aseguró también, lacónico y por WhatsApp, otro hombre del entorno de Mauricio Macri.

Luego de cierta euforia de comienzos de esta semana, la extrema cautela volvió a los despachos oficiales, a la torre que la petrolera estatal tiene en Puerto Madero y a los estudios de abogados que atienden el tema, tanto en la Argentina como en EEUU. Las chances concretas de una definición favorable para el país –en un juicio extenso que ya lleva seis años y podría demorar otros tres– son muy bajas.

Desde el Estado no habló nadie sobre tema, al menos públicamente. Sólo resaltaron la importancia de la decisión de la Corte, que "deja a la Argentina mejor posicionada", y la definieron como una "mala noticia para los demandantes, que esperaban un rechazo de plano para avanzar con el litigio".

Solicitor general

Ahora hay que esperar la palabra del solicitor general. La opinión no tiene fecha estipulada –y que podría demorarse además por shutdown del gobierno por temas presupuestarios– y no es vinculante. Es más, de las dos veces que se llegó a esta instancia por otros juicios (holdouts y la gasífera BG Group), la opinión de EEUU fue favorable para la Argentina, pero la Corte de ese país falló en contra.

En concreto se decidirá si la causa YPF que patrocina Burford Capital –un especialista en litigios globales que cotiza en la bolsa de Londres y que algunos definen como "buitre" porque compra juicios y los lleva adelante– debe tramitarse en EEUU o en Argentina, como quiere el Estado argentino.

Luego de la "renacionalización" de la petrolera –así la definió el gobierno kirchnerista, aunque fue una expropiación– se le pagó al accionista mayoritario, Repsol, pero no a los minoritarios. Algunos de ellos le vendieron el derecho de litigar a Burford, como dos empresas de nombre Petersen que quebraron en España y ya no tienen vínculo que con el Grupo Pertersen local. El síndico de esa bancarrota negocio para que Burford encabece la demanda. Así se llegó a esta instancia, aunque nunca aún se trató la cuestión de fondo –si los pasos de estatización fueron bien hechos y si se trató a todos los accionistas de igual manera– ni tampoco se habló de montos de eventuales resarcimientos.

Sobre esa cuestión medular del caso, la Argentina esgrime temas de soberanía y que la decisión K fue rubricada por el Congreso. La contraparte, en tanto, asegura que se trata de un asunto comercial que debe saldarse en el país donde la empresa cotiza en Bolsa y donde se prometió trato igualitario para todos los accionistas.

Los caminos de la causa

En la Casa Rosada están convencidos de que la opinión de la Casa Blanca será favorable a la Argentina y destacan que estaban al tanto de que la Corte estadounidense iba a consultarle a Trump, como lo hizo. Hablan de aceitadas conversaciones previas con el gobierno de EEUU –que continúan en estos días– y se destacan el rol de Macri a la hora de conseguir que Chile y México sean amicus curiae del país en este caso. O sea, que opinen ante la Corte que Argentina tiene razón. No es un dato menor, dicen fuentes oficiales, que sean dos importantes socios comerciales y estratégicos de EEUU en la región.

Al frente de este caso están el procurador Bernardo Saravia Frías y Fabián "Pepin" Rodríguez Simón, director de YPF e histórico referente judicial del macrismo. El primero iba a viajar a EEUU la semana pasada, pero tuvo un problema con su vuelo y finalmente se quedó. Rodríguez Simón sí estuvo. Luego viajó a Europa, donde será parte del foro de Davos en unos días, y regresará a EEUU para seguir de cerca el tema.

A nivel local, los abogados externos de la petrolera son los del estudio Romero, Carranza, Rufino & Otero Monsegur, con Marcelo Rufino a la cabeza. Saravia Frías, Rodríguez Simón y Rufino son el núcleo duro de la defensa local en este caso y viajaron juntos a EEUU varias veces por este tema.

En EEUU, en tanto, son varios los estudios del caso. El renombrado bufete neoyorquino Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom patrocina al país. Cravath, Swaine & Moore, en tanto, se encarga de YPF para temas generales, sobre todo la primera instancia. Otro de los estudios de la petrolera es Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, una firma reconocida por su agresividad a la hora de litigar. Es el que pone foco en el certiorari, o el recurso extraordinario ante la Corte.

No hay acción conjunta entre ellos, pero sí sinergia. Cada uno tiene un frente de reclamo frente a los demandantes: al país lo acusan de no haber realizado un oferta pública a los accionistas minoritarios y a YPF que no tendría que haber registrado al Estado como accionista porque no hizo esa OPA. Con todo, si hay indemnización pagará el país y no la empresa.

Ahora se espera la decisión del solicitor. El Estado argentino cruza los dedos para que esa respuesta llegue antes de junio, cuando la Corte de EEUU entra en receso hasta octubre. Si el tribunal toma el recurso local –el mejor escenario para la Argentina, pero muy poco probable– hay un mes para los argumentos y otros trámites de las partes que se pueden hacer incluso durante el receso.

En enero de 2020, como en las películas, los abogados expondrán sus argumentos y podría haber una sentencia a mediados de año. En ese escenario, si la Corte decide que justicia estadounidense es incompetente en temas de jurisdicción para este asunto, se termina el caso y habrá festejos en la Rosada. Es el sueño de los funcionarios y los abogados de la empresa.

El otro supuesto, el más probable, es que se desestime el pedido local en junio y todo vuelva a la jueza Loretta Preska, magistrado de primera instancia –la que reemplazó a Thomas Griesa–, quien fijará una nueva agenda, plazos y comenzará la instrucción.

"Hasta ahora nunca se habló nunca de plata; sí, de daños, que habrá que estimar en algún momento. Habrá un discovery más o menos limitado, según estime la jueza", asegura una de las fuentes que habló con Infobae.

El discovery es la producción de pruebas en el que cada parte mostrará, llegado el caso, lo que crea conveniente para su postura. Incluso el Estado argentino estaría en condiciones de pedirlo. Es la parte del juicio en la que podría analizarse en detalle la expropiación de YPF desde el día uno.

Cada vez que se habla de indemnizaciones se calculan USD 3.000 millones, ¿pero de dónde sale esa cifra? Es un estimado que surge de la diferencia entre el precio al que vendieron los bancos acreedores de las empresas quebradas que controlaban YPF, unos USD 12 por acción, y el precio de una eventual OPA (que nunca se hizo) con una fórmula de precios mínimos promedio, que da unos USD 30. A grandes rasgos, de esa diferencia de precios por la cantidad de acciones salen la cifra.

"Es muy difícil que la Corte abra un recurso extraordinario, pero es un caso importante de soberanía y podría hacerlo. Lo que pasó es excelente: el lunes había 50 páginas rechazando recursos y eso pasa dos veces por semana. Es bien difícil, pero vamos por el camino correcto", dicen cerca de Macri.
Sebastián Maril, analista de Research for Traders y uno de los especialistas en el tema, no está tan de acuerdo. Y define la estrategia oficial como "altamente desacertada".

"No perdamos el tiempo culpando la voracidad de aquellos que demandan al Estado nacional porque estas batallas legales en las cortes norteamericanas se originaron por la mala gestión de nuestros gobernantes y de aquellos que los asesoran", aseguró en una columna de opinión en este medio.

Hubo entusiasmo oficial en la primeras horas, pero la espuma bajó. Ahora, "difícil" es la palabra que más se escucha cuando se pregunta por YPF en los pasillos del poder.

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