El ejercicio de equilibrista de la Argentina para tratar de resolver los frentes inflacionarios y recesivos al mismo tiempo que trata de lidiar con tasas de interés altas y los recientes casos de corrupción, no le resultará sencillo.
En el último reporte de Moody's Investors Service, la calificadora de riesgo entra en detalle sobre los efectos de la "ronda fresca de volatilidad de mercado" que afecta al país. Las consecuencias crediticias se verán tanto para el sector público como el privado a la hora de enfrentar pagos de sus compromisos en dólares.
"La reciente volatilidad incluye la depreciación de la moneda, el aumento de la inflación y una medida agresiva por parte del Banco Central de Argentina de incrementar las tasas de interés al 45%", explica Gersan Zurita, vicepresidente senior de Moody's.
La combinación de factores internos y externos, en el que se destaca el escándalo de los cuadernos, generan una situación donde la calificadora espera que la economía caiga un 1% este año y la inflación llegue a un 32% en diciembre.
Otra de las principales conclusiones de los analistas privados es que, debido a la devaluación del peso, que en lo que va del año ya registra un 69% de caída frente al dólar, calculan que "el peso total de la deuda aumentarán a más del 70% del PBI". La cifra es importante cuando se tiene en cuenta que el peso total en 2017 era de 50% del producto bruto de la economía, agrega el informe.
Además, de cara al próximo año, Moody's proyecta que los aumentos de precios se estabilizarán en un nivel del 22% para fin de 2019, mientras que la economía comenzará a encaminarse en un sendero de recuperación, expandiéndose un 1 por ciento.
El informe también contiene un destacado para los efectos económicos de las últimas causas de corrupción producto de las revelaciones de los "cuadernos de las coimas K". En el mismo, considera que la inversión extranjera y doméstica en el sector de la construcción "probablemente sufrirá a lo largo de la vida útil de la investigación" en torno a la causa de corrupción.
Debido a eso, "la disminución de las inversiones y la producción en el sector de la construcción de Argentina, que se espera que sea del 5% del PBI de 2017″ repercutiría en el resto de la economía, resultando en un recorte adicional a las expectativas de crecimiento.
Buscando tranquilizar las malas expectativas del mercado sobre la obra pública, motor central del sector de la construcción estos últimos años, luego de que varias empresas involucradas en las licitaciones de PPP surgieran en el escándalo de los cuadernos, el Gobierno, a través del Ministerio de Transporte, anunció un fideicomiso de USD 300 millones para garantizar la continuidad de las obras.
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