Por la suba de costos y baja de los precios internacionales, el Estado ya se lleva el 65% de la renta agrícola

Más allá de que la cosecha que se espera de soja y maíz casi duplique a la obtenida en la fatídica campaña 2022/23, en el campo se empieza a sentir un sinsabor porque las cuentas ya no serán tan buenas como se pensaba. Esto es así porque la suba de costos productivos y la baja de los precios internacionales de los granos provocaron, entre otras cuestiones, que la presión impositiva sobre el sector escale seis puntos porcentuales respecto al trimestre pasado y hoy el Estado se lleve el 65% de la renta del sector.

Así lo indica un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) que dio cuenta de un incremento en la presión del fisco por “la suba de costos y la caída de precios”, sostuvo la economista jefe de la institución, Nicolle Pisani Claro. De ese 65% que absorbe el Estado de la renta del productor, el 94% corresponden a impuestos nacionales, el 5% a provinciales y el restante 1% a las cargas municipales.

En este sentido, Pisani Claro explicó que “para entender por qué aumentó la presión tributaria hay que detenernos en qué mide el índice FADA: cuánto de la renta agrícola se va en impuestos. La renta es el resultado de restarle los costos de producir al valor de esa producción que hacemos. Si cae el precio o suben los costos, la renta se achica. Pero el tema es que los impuestos no se reducen en la misma proporción que la renta, es más, casi que no lo hacen. Es por esto que cuando el valor cae o los costos suben, la participación de los impuestos sobre la renta aumenta.

Por su parte, su colega Natalia Ariño apuntó que dentro de los impuestos nacionales, el 67% no se coparticipan a las provincias, es decir, no vuelven a las regiones que lo produjeron. “De aquí se desprende la discusión sobre el federalismo de un esquema en el que la mayor parte de lo recaudado no se reparte a las provincias, en una actividad que por definición es federal y está arraigada a las distintas regiones del país”, remarcó la economista de FADA.

Si se realiza un análisis cultivo por cultivo, se puede observar que, por lejos, el trigo es el más perjudicado por este contexto, ya que 83,9% de la renta queda en manos del Estado, mientras que en el caso de la soja esa participación escala al 68,4%. Un poco mejor es la situación del maíz, ya que la presión tributaria asciende al 57,3% de la renta, a la vez que la del girasol se ubica en el 54,1%.

Por otro lado, si se divide por provincias, los productores cordobeses son los más perjudicados con un 64,9% de apropiación de su renta, mientras que en Buenos Aires es del 61,9%, en Santa Fe del 61,1%, en La Pampa del 62,9%, en  Entre Ríos del 65,4% y en San Luis del 59,9%. “Para medirlo, se conjugan los rindes, los impuestos provinciales y locales, y los fletes, que generan efectos diferenciados sobre cada uno de los cultivos. Así como la proporción de cada cultivo en el área sembrada de cada provincia”, expuso Pisani Claro.

Además, el informe puntualizó que en esta medición en particular se consideraron los incrementos para el año 2024 de inmobiliario rural, tasas y guías municipales. “En el caso particular del inmobiliario se han registrado, dependiendo la provincia, incrementos que van desde el 180% hasta 250%”, detalló el trabajo.

De la mano de la inflación y del alza en los valores de los insumos y en la logística, los costos para la producción de granos se han visto fuertemente elevados, inclusive aquellos medidos en dólares. En este sentido, Ariño puntualizó que “los fletes se incrementaron 42% en pesos, frente a diciembre de 2023. La labor de siembra 59% y la cosecha 132%. Respecto a marzo 2023, se ven aumentos en fletes del 206% y de labores entre 170% y 260%”.

A partir de esto, el trabajo explica que “si se analiza la estructura de costos de los cultivos de acuerdo a la moneda en la que están expresados, se puede identificar que un 49% de los costos de una hectárea de soja están estrictamente dolarizados mientras que el restante 51% están pesificados. Si se considera el costo de la tierra dentro del esquema de costos, aquellos que son dolarizados en una hectárea de soja pasan a representar el 62%”.

En el caso del maíz, como los fertilizantes y semillas tienen más peso que en el caso de la soja, los costos dolarizados ascienden al 53% de la estructura, mientras que los pesificados alcanzan el 47%.  Además, teniendo en cuenta el costo de la tierra, el peso de los costos dolarizados asciende al 60%.

A esta suba de los costos se contrapone la caída de los precios. Así, la suba que se registró de los mismos en el período 2020-2023 impulsados en su momento por la política monetaria estadounidense y posteriormente por la guerra entre Rusia y Ucrania han quedado en el pasado.

“Esta mejora se debilitó en el último año y medio, a medida que los bancos centrales han elevado las tasas y se diluye el impacto de la guerra. Los precios, impactados por otras señales bajistas como la mayor producción global para la campaña, en comparación a la anterior, niveles de stock mundiales y menor demanda de China, han comenzado a caer, principalmente en los tres primeros meses de 2024, para volver a algunos valores observados en 2019 y finales de 2020″, señaló el trabajo.

Es por eso que “aún con mayores niveles de producción tras la recuperación de la sequía, la caída de precios reduce el valor bruto de la producción. En este contexto, con menores precios, costos que se incrementan y actualizaciones de impuestos provinciales y municipales, se genera una presión mayor en la participación del Estado en la renta agrícola.

“La mayor caída de precios se presenta en trigo, el cual a su vez indicó la mayor participación del Estado en la renta en marzo de 2024. En este contexto y frente a la próxima campaña fina, los números comienzan a ajustar, considerando que esta caída de precios viene acompañada de incrementos en los insumos y servicios”, concluyó el informe.