Productores plantean no pagar subas excesivas del Inmobiliario Rural bonaerense al denunciar que llegan hasta el 500%

El malestar de los productores se encuentra en pleno crecimiento en algunas zonas de la Provincia de Buenos Aires ante la denuncia de incrementos en el impuesto Inmobiliario Rural por encima del 200% permitido por Ley para este 2024. Así, las asambleas en las asociaciones rurales se fueron multiplicando en estos días en el norte y en el oeste del territorio, en donde la posibilidad de no pagar aquellas facturas que superen dicho porcentaje y judicializar el alza por encima de ese tope comienza a tomar forma.

En este sentido, se llevó a cabo una nueva asamblea en el predio de la Asociación de Productores Agropecuarios de Salto, donde concurrieron unos 150 productores y representantes de las rurales del norte bonaerense y que contó con la presencia de la senadora Florencia Arietto, donde se decidió “no pagar (el Inmobiliario Rural) hasta tanto no se retrotraigan los aumentos fijados para la primer cuota”, adoptar una estrategia jurídica de respaldo al respecto y “replicar” las asambleas “en todos los rincones de la Provincia de Buenos Aires”.

Según denunciaron días atrás asociaciones rurales y entidades agropecuarias, algunas boletas de dicho impuesto llegaban con aumentos de hasta el 500% para el pago de la primera cuota, mientras que el incremento habilitado en dicho tributo no debía superar el 200% para aquellos campos que no superaran el valor fiscal de $198.940.000.

En diálogo con Infobae, la presidenta de la Asociación de Productores Agropecuarios de Salto y anfitriona de la asamblea, Alicia Andrioli, comentó que “la solución que tratamos de alcanzar es jurídica, o sea, queremos es judicializar el tema y para eso nos va a brindar asesoramiento la senadora Arietto, así que en unos días va a mandar un borrador y allí veremos qué camino tomamos”.

“Lo que no queremos es pagar en exceso, que no supere el 200% estipulado. No es que no queremos pagar, todo el mundo está dispuesto a pagar el 200%, pero no por encima de eso. Por eso se pide que se retrotraiga, como así también que se vuelvan a incluir los descuentos, porque no es lo mismo ser un buen contribuyente que no pagar. Asimismo, también es importante el tema de la indexación de las cuotas, que nos parece que no corresponde”, dijo Andrioli.

En su visión, la dirigente rural asegura que “el productor está muy molesto con esto. Si bien algunos pagaron y otros no, nosotros vemos que cada vez viene más gente a las asambleas, por lo cual entendemos que están ávidos de encontrar una solución a este problema”. Por eso,

“es muy probable que en unos 10 días se haga otra asamblea, pero no en Salto. esperamos que esto se replique en otros puntos de la provincia”

Por su parte, el tesorero y ex presidente de la Sociedad Rural de San Antonio de Areco, Martín Vivanco, aseguró que los productores siguen “muy firmes en la intención de encontrar un marco de resguardo jurídico al no pago. Ese sigue siendo un punto importante, porque sería insustancial hacerlo: si estamos haciendo estás asambleas en carácter de desconocerel estos aumentos y terminamos pagando, hay algo que no funciona”.

Para Vivanco, “si la provincia se alejó de los márgenes que el Congreso había fijado, hay razones para no pagar, hasta tanto no vuelvan a lo que la legislatura autorizó. Si esto se multiplica en la provincia, no puede ser desoído. No hay que convalidar el aumento superior al 200%”.

En Salliqueló también

En la localidad del oeste bonaerense de Salliqueló también se planteó no pagar el tributo hasta que no se retrotraigan los aumentos de la mano de una presentación judicial al respecto. Ayer por la tarde confluyeron representantes de la sociedad rural local y de Trenque Lauquen, Guaminí, Adolfo Alsina, Pellegrini, Tres Lomas, Daireaux, Carlos Casares, Henderson y 9 de Julio, entre otras ciudades.

El presidente de la Sociedad Rural de Salliqueló, Ignacio Irigoyen, comentó a este medio que “en la votación de los productores se pidió el no pago (del Inmobiliario Rural). Si bien algunos pagaron ante la duda, muchos otros no lo hicieron y todos acordaron en no avalar este aumento exorbitante” y agregó que “siguiendo el paso de las rurales del norte, nuestra idea es que todas las rurales en su zona se genere este malestar, que se haga escuchar”.

Además, marcó que “la otra idea es ir contra los directivos de ARBA, que diseñaron estos aumentos que no tienen sustento teórico y también se decidió presentar un recurso de amparo colectivo o alguno general para tener una base y que cada productor que quiera frenar este aumento lo pueda hacer ayudados por nuestra rural o por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa.

El pronunciamiento de la Mesa de Enlace

Si bien la Sociedad Rural (SRA), Confederaciones Rurales (CRA), Federación Agraria (FAA) y Coninagro no hicieron mención a la suba del Inmobiliario Rural en Buenos Aires, sí criticaron la suba de tasas impulsada por algunos municipios. Así, la Mesa de Enlace rechazó “la creación de impuestos o tasas que vienen realizando algunas comunas en distintas provincias, tan sólo para aumentar los ingresos, en vez de racionalizar el gasto público”.

“Pareciera que el único fin que los moviliza es el de recaudar más y no de mejorar los servicios que brindan y por los cuales se pagan importantes sumas. En el mismo sentido, reitera que es insostenible la fuerte presión impositiva y tributaria que el sector soporta desde hace décadas”, indicaron las entidades en un comunicado.

Por último, el escrito plantea que “es la política la que debe ajustar. La capacidad de pago del productor está agotada por la voracidad fiscal de los gobiernos, sobre todo en un contexto complejo de clima, precios e inflación, donde todo parece que los números de la cosecha en diferentes regiones de nuestro territorio tampoco serían lo estimado. No estamos en condiciones de recibir ni aumentos desmedidos como se quieren aplicar, y menos aún, nuevas tasas que claramente tienen fines meramente recaudatorios. Y que en muchos casos no son constitucionales y van en contra de las leyes vigentes y de las competencias de los municipios”.