Más que retenciones: por qué los problemas estructurales siguen siendo el Talón de Aquiles de las economías regionales

Si hubo un tema que se discutió intensamente durante el prolongado y finalmente frustrado debate por la Ley Ómnibus fue la situación de las economías regionales, aquellas producciones que se desarrollan fuera de la llanura pampeana del centro del país. La eventual suba de derechos de exportación o retenciones quedó finalmente descartada para la mayoría de ellas, en el proyecto de ley que no fue. Por ahora la mayoría sigue sin ese gravamen, pero sus protagonistas miran con atención qué pasos dará el Gobierno en materia fiscal.

Mientras tanto, los problemas estructurales subsisten para la mayoría de ellas. Así lo reveló esta semana el llamado Semáforo de Economías Regionales que, mensualmente, emite la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), al relevar la situación de 19 producciones de las cuales, en enero, solo 3 se encontraban en color verde; 7 se mostraban en amarillo, y las 9 restantes estaban en rojo, manifestando así estar en crisis o mostrando signos de ella, según la calificación del Semáforo. Infobae consultó a representantes de algunas de esas categorías de la economía para conocer de primera mano la situación de distintos complejos productivos.

Marcelo Federici, productor vitivinícola de Mendoza, perteneciente a la Cooperativa El Poniente, consejero de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita) y vicepresidente de Coninagro, señaló que “llegamos a consensuar que en la Ley Ómnibus la industria vitivinícola iba a tener retención cero y hoy estamos en una posición latente de que, al haberse caído, al momento que se trate pueda haber algún tipo de planteo de incremento, como hubo en el DNU, de los aranceles de exportación”, dijo.

Recordó que en los vinos que más se exportan, retenciones del 15 por ciento hubieran llegado a representar el 60 al 70 por ciento del valor del producto que está dentro de la botella. Algo similar hubiera sucedido con los mostos, que hubieran representando el 40 por ciento de su valor. “Esta retención la sufría fundamentalmente el productor primario”, enfatizó Federici.

En cuanto a la realidad de la actual vendimia, pasada la sequía y las heladas que afectaron la de 2023, señaló que “tenemos prácticamente entre un 25 y un 30 por ciento más de cosecha, por eso era fundamental en este momento no aplicar un arancel a las exportaciones de mostos y de vinos, ya que hoy sigue cayendo la demanda del vino en el mercado interno, dado que el poder adquisitivo se ha resentido”. En este punto agregó que por ese motivo “vamos a necesitar de las exportaciones, para poder vender todos los volúmenes que tenemos. Va a ser una herramienta fundamental para que el precio siga sostenido y siga fortalecido al productor primario”.

Del vino que se produce en la Argentina, alrededor del 80 por ciento se consume en el mercado interno y el 20 por ciento se exporta. Por cada kilo de uva que se produce en la Argentina, entre el 50 y el 60 por ciento se destina a consumo como vino, en el mercado interno, y el otro 40 por ciento, a exportación, como mosto o como vino fraccionado. “Prácticamente entre el 40 y el 45 por ciento de la producción de la Argentina tenemos que exportarla, para no generar una sobreoferta y así un deterioro de los precios”, precisó Federici.

En cuanto al futuro de la actividad vitivinícola, el dirigente señaló la preocupación por el recambio generacional entre los viñateros. También mencionó que trabajan en un plan estratégico en conjunto con las autoridades provinciales y nacionales y con la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) para “ir mostrándoles un norte a los productores, ya que muchas de las parcelas no están integradas en cadenas de comercialización, a fin de promover el conocimiento del mercado y que los productores estemos produciendo lo que el consumo está necesitando”, explicó Federici.

Desde Chaco, Juan Hutak, productor agropecuario en Pampa del Indio, integrante de la cooperativa local y presidente de la Unión de Cooperativas Agrícolas Algodoneras (UCAL), federación que agrupa todas las cooperativas algodoneras de la provincia, precisó que “la actual campaña de algodón está llegando a su punto culmine con gran preocupación por parte de los productores. La ola de calor extrema y la falta de lluvias que se dio en enero y parte de febrero se hizo sentir de manera contundente, con lo cual los rindes serán probablemente menores a los esperados”.

A esta circunstancia sumó el aumento de los costos de producción, especialmente de los insumos dolarizados y del combustible, y los precios de la fibra que, en dólares, retrocedieron respecto de lo que se pagaba antes de la devaluación -el kilo de fibra cotizaba $1.000 en noviembre 2023 y $1.330 la semana pasada).

Más allá de las coyunturas económicas que definen la mayor o menor superficie de siembra de algodón cada año, en cada campaña, existen limitaciones a la expansión del cultivo como la falta de inversión en genética y el mal uso de los herbicidas hormonales en soja y maíz, cultivos con los que convive el algodón.

En Argentina, históricamente el mercado interno consumió la mayor parte de la fibra producida, quedándose con las mejores calidades a expensas de un precio superior al pagado por la exportación, con lo cual se exportaban los excedentes de calidades bajas y a menores precios relativos. En 2023 la exportación estuvo prácticamente parada y los volúmenes fueron escasos, por la baja de los precios internacionales y la sostenida demanda interna.

“Como suele suceder en las crisis económicas el consumo de productos textiles es uno de los que primero se resiente, con lo cual, si la demanda interna cae, producto de la recesión y los precios de exportación no rebotan como para tornarse más atractivos, se avizora un 2024 con precios deprimidos y probablemente una menor demanda”, precisó Hutak.

El dirigente mencionó un tema no menor para la mayoría de las economías regionales, que también afecta al algodón como el alto costo del flete.

También los costos afectan a la producción de arroz, que tiene en Entre Ríos a una de sus principales provincias productoras. “En los 2 últimos años hemos trabajado no a pérdida, pero sí a empate, por los altos costos del riego, incrementado por la gran sequía”, explica Marcelo Cataneo, productor y vicepresidente de la Cooperativa Arrocera de San Salvador, en esa localidad del centro entrerriano. Al respecto, agregó que “normalmente se presupuestan entre 300 y 500 litros de gasoil por hectárea de arroz sembrada, pero en los dos últimos años se superaron los 500 litros”.

El empate del que habla también se debió a un precio internacional del arroz que estaba planchado y a la paridad cambiaria, aunque para este año el sector espera buena cosecha.

Las principales limitantes que dificultan la actividad son los altísimos costos de producción. Aquí se destacan fertilizantes que con subas de casi un 100 por ciento y el precio del combustible.

El mercado interno está quieto porque hay poca producción arrocera como consecuencia de la sequía. “No hay tanto arroz disponible en el mercado, pero a pesar de eso todavía los precios están muy altos en las góndolas y al productor no le llega ese precio”, destacó el productor. Los eslabones de la intermediación, entre el productor y la góndola, todos con su carga impositiva propia encarecen sustancialmente el precio al consumidor perjudicándolo tanto a él como al productor.

En cuanto a la exportación, actualmente el arroz se paga entre 400 y 420 dólares por tonelada, un récord histórico.

Para Cataneo, el desafío es seguir produciendo con estos altos costos.

“Sin la Ley Ómnibus, la citricultura sigue igual, con problemas estructurales que ya vienen de varios gobiernos, que le hacen perder competitividad a nivel internacional a la exportación. Nuestros costos están en dólares y todos los insumos están dolarizados. Además, la cuestión laboral no es un tema menor”. Así describió la situación de la producción de cítricos dulces Nicolás Carlino, productor en Monte Caseros, Corrientes, socio de una cooperativa local y presidente de la Federación de Cooperativas de esa provincia.

“Con la ley ómnibus se solucionaban algunos inconvenientes como eliminar las multas por los despidos, que ha dejado a muchas empresas pymes fuera del sistema y las ha fundido por la litigiosidad que hay en la zona. Hay una industria del juicio que, lamentablemente, va en contra de la posibilidad de generar trabajo”. En este punto aseguró que “hay mucho trabajo, pero la gente no quiere tomar empleados”, por la incertidumbre de los juicios laborales.

En este contexto, la actividad toma menos personal lo que ha dejado muchas pequeñas empresas fuera del sistema. Respecto al mercado interno de cítricos, Carlino señaló que los precios no son los mejores, que los productores también arrastran secuelas de la sequía y que, para la exportación, Argentina sigue siendo cara también en cítricos.

“Perdimos competitividad porque nuestro tipo de cambio no nos ayuda y, a precios internacionales las variaciones que hay no son tan grandes como puede haber en otros rubros. Por lo menos en los últimos 10 años, se han mantenido los precios internacionales, pero el costo país se ha disparado por las nubes”, se quejó el correntino y explicó que en naranjas, el país no puede competir con Sudáfrica y otros que tienen mejor calidad con costos muchísimos más bajos, y que con las mandarinas, todavía algo se puede exportar, pero están al límite con los costos.

“Necesitamos trabajar en conjunto para conseguir previsibilidad. La citricultura es una actividad que desde que se pone la planta hasta que se empieza a recuperar parte de la inversión demora de cinco o seis años. Previsibilidad es lo que necesitamos para poder trabajar”, cerró Carlino.