Entidades del campo pidieron ampliar la lista de exenciones en el pago de retenciones que propone la Ley Ómnibus

Entidades rurales y agroindustriales, junto a productores de distintas economías regionales, reclamaron ante un plenario de diputados nacionales por la imposición de mayores impuestos, en especial derechos de exportación, que quitan competitividad e incrementan los costos de producción y comercialización de muchas pequeñas producciones agropecuarias del interior del país.

Allí, representantes de Coninagro, entidad rural integrante de la Mesa de Enlace, instaron al Gobierno y a los diputados a incorporar otras veinte exenciones al listado de economías sin retenciones para estimular su desarrollo. También se presentó el pedido para eliminar impuestos para la exportación de carnes en zonas definidas como regionales, y también reducir el impacto sobre los granos para devolver competitividad al sector agrícola.

Además, desde las grandes empresas dedicadas a la producción de biocombustibles, aglutinadas en la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), más allá de ponderar la oportunidad de generar una mayor producción de biodesel por el incremento que se dispondría en el corte local en el abastecimiento de combustible, se advirtió el impacto negativo que tendría elevar la alícuota del 31 al 33% en las retenciones para exportar aceite de soja.

Estas consideraciones fueron planteadas por diferentes cámaras y referentes de entidades vinculadas al sector agroindustrial en la Reunión Plenaria realizada en la Cámara de Diputados para debatir el tratamiento del proyecto de Ley Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos, enviado por la Casa Rosada al Congreso Nacional. Allí, la participación de los privados fue presencial y también vía remota.

Silvina Campos Carles, economista jefe Coninagro, aseguró que la propuesta oficial de promover “una suba de los derechos de exportación representa menores ingresos de forma directa para las economías regionales del Interior del país” y manifestó que “una única alícuota para todas las cadenas de valor restringe la competitividad de las mismas”. La entidad pidió atender los cambios propuestos en la modificación de la Ley de Tarjetas de Crédito y el sistema de riesgo de los warrants.

Aseguró que un nivel del 15%” para que tributen retenciones producciones regionales “deja a fuera a muchas de los mercados internacionales” y convalidó la necesidad de “incorporar nuevas” economías regionales al listado de exenciones como “ovoproductos y manufacturas del huevo, frutos secos de Cuyo y el Litoral, todas las semillas, maní nos preocupa, algodón, lino, colza, cártamo, girasol confitero, maíz pisingallo, trigo candeal, tabaco, jojoba, productos orgánicos, vitivinícola, alfalfa y forrajeras”.

Asimismo, la entidad pidió ante el Congreso atender un mecanismo de exención para “todas las carnes, ya que la exportación de carne vacuna, porcina y aviar, deben ser consideradas como un producto regional dependiendo las zonas. Y en los granos, solicitamos incorporar una rebaja parcial, especialmente en cereales, para promover la correcta distribución de cereales y oleaginosas en el mercado local”.

Explicó además que “institucionalmente, tanto el DNU como la Ley Ómnibus, modifican grandes aristas del trabajo técnico, institucional, económico y normativo que realizan las cooperativas del sector agropecuario: por ello los cambios propuestos impactan en muchos de los productos que se discuten (en el Congreso), y especialmente el tema de los derechos de exportación en economías regionales”.

Campos Carles explicó que las medidas propuestas por la Casa Rosada, con efecto sobre el tipo de cambio y suba de retenciones, “modifica la estructura de costos con dinámicas totalmente diferentes: los efectos de la devaluación se modifican en el corto plazo y la suba de impuestos quedan” en el mediano y largo plazo.

Mario González, titular de la Corporación Vitivinícola (COVIAR), rechazó la imposición de nuevos derechos de exportación para gravar la producción de uvas y vinos, ya que consideró que esto va en contra de la “necesidad de producir más, de duplicar la exportación y generar mayor valor agregado”.

“Lamentablemente, nos encontramos con la propuesta de subir al 8% los derechos de exportación, lo que representan unos USD 60 millones. Creo que la medida se tomó desde el desconocimiento (en el Poder Ejecutivo), y ahora en el recinto, con toda esta información y todos los legisladores, se va a poder volver atrás en esta decisión y mantener cero retenciones. Es lo que necesitamos para crecer”, explicó González quien expuso en el Plenario de modo remoto.

El titular de COVIAR, entidad público-privada dedicada a la promoción interna y externa, destacó que la vitivinicultura alcanza a más de 150 mil empleos directos, 17 mil productores en 200 mil hectáreas, distribuido entre 18 provincias, entre las que se destacan Mendoza, San Juan, La Rioja y Salta, destacó la importancia que tuvo contar con “cero retención para nuestras exportaciones, algo que desde lo conceptual es muy importante y básico: no podemos gravar a una economía regional con todas las complicaciones que tiene la vitivinicultura”.

Desde Bodegas Argentinas, por su parte, enumeraron los motivos por los que las exportaciones no deben ser gravadas con el 8%.

Ese impuesto, destacaron, “amenaza a las bodegas, empresas vitivinícolas, productores y comunidades que dependen de este sector. El vino es un producto de alto valor agregado No es un commodity. Apelamos a su racionalidad dado que ningún país del mundo pone impuestos a quienes exportan. Pedimos por su sensibilidad y comprensión para salvaguardar el bienestar económico de nuestra Nación y evitar las consecuencias devastadoras que esta medida podría desencadenar”.

Los 13 impactos de las retenciones al sector, según Bodegas Argentinas:

• Sumar sólo 60 millones de dólares a las arcas estatales, constituyendo apenas el 0.005% del gasto público.
• Perjudicar aún más la competitividad de las exportaciones argentinas frente a países sin gravámenes a las exportaciones.
• Perjuicio a productores de uva, a proveedores de insumos y a proveedores de servicios.
• Acentuar la caída de las ya mermadas ventas al exterior del vino, cuando debiéramos buscar incrementarlas y generar divisas tan necesarias para el país.
• Entregar al Estado un mes s bodegas invierten para empleo de las personas.
• Un cuarto de las compras de materias primas e insumos.
• Pulverizar los fondos destinados a promoción y publicidad que se realiza en el exterior para ganar mercados.
• Reducir la cantidad de empleos directos e indirectos, impactando negativamente en la inclusión y arraigo en las zonas vitivinícolas.
• Generar impacto negativo en el enoturismo, fuente vital de ingresos en divisas para la región
• Resultar en la pérdida de valor agregado de un producto que podría degradarse fácilmente a la categoría de commodity.
• Sobre stocks de vinos por una caída de ventas, frente a una mayor cosecha que se avecina, y la consecuente caída de precios de las uvas
• Caída de la rentabilidad de las bodegas y productores.

Jonas Peterson, director nacional del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), rechazó los cambios que impone el DNU 70/2023 en la conformación y facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), “que elimina la posibilidad de garantizar un precio mínimo para la materia prima, hecho que deja al productor yerbatero de Misiones y Corrientes a la deriva, y a la buena de Dios”.

Peterson comentó que las “herramientas” que propone el INYM “los 13 mil productores minifundistas, con producciones de 5 a 25 hectáreas con yerba mate, no cuenta con condiciones para pelear en un mercado de oferta y demanda, ya que hay que venderle a las industrias, que cuentan con un poder adquisitivo muy grande y que además son productores. Por ello, necesitamos garantizar un precio mínimo y sostén para la actividad yerbatera”.

Más allá de objetar la decisión de la Casa Rosada de elevar del 31% al 33% la alícuota de la retención para exportar aceite y harina de soja, Víctor Castro, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), expresó “el apoyo de la entidad al marco normativo propuesto que permite la competencia entre todas las empresas, ya que establecería un sistema de licitaciones que eliminan un foco de conflictividad y discrecionalidad que derogan el actual sistema de asignación de cupos y fijaciones de precios locales”.

Castro consignó que la propuesta del Ejecutivo Nacional propone “mecanismos de competencia que abren un horizonte de crecimiento para la industria del biodiesel al adoptar un corte en combustibles del 15% como en Brasil al 2026, con un mínimo de corte del 10% que da previsibilidad” y refirió además que “por un marco regulatorio retrógrado, Argentina redujo su producción un 35% en diez años. Sin una legislación acorde, estamos perdiendo el tren”.

El funcionario de CARBIO recordó que en el país operan unas 33 plantas productoras de biodiesel, el 80% instaladas en Santa Fe, que cuenta con unos 3.500 empleos directos. La producción actual ronda los 4 millones de toneladas, de las cuales menos de 25% se destina a cubrir la demanda interna.

Más allá de apoyar la propuesta realizada por la administración de Javier Milei, y que deberá debatir el Congreso, Castro objetó la decisión de elevar en dos puntos porcentuales los derechos de exportación que paga el aceite de soja: “esto va a generar una caída en la producción del subproducto oleaginoso”, explicó.

Tomás Lorda, presidente de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), explicó que “la Ley Ómnibus, de acuerdo a las modificaciones propuestas en materia de biocombustible, para el sector de las pequeñas y medianas empresas es nuestro certificado de defunción, ya que las Pymes, a instancias propuestas por la normativa propuesta por la Ley 26.093, propuso la creación de pequeñas plantas ubicadas en localidades del interior”.

El titular de CEPREB, conformada por unas 27 empresas radicadas en el Interior profundo, explicó que “las pymes productoras de biodiésel no están preparadas para competir: tenemos mayores costos por la lejanía con el puerto y la instalación en pequeñas localidades, y si nos mandan competir, deberemos cerrar las plantas al día siguiente. Esto se agrava, ya que, con la Ley Ómnibus, deberíamos competir con nuestros propios proveedores. Esto es inviable”, dijo.

Gustavo Lazzari, economista y presidente de la Cámara Argentina de Chacinados (CAICHA), aseguró que los cambios propuestos en materia laboral propuesta por la Casa Rosada, en especial el capítulo cuarto del Decreto 70/2023, “porque contempla las condiciones necesarias para que la inversión pueda redundar en un crecimiento del empleo y las fuentes de trabajo”.

“La cuestión es analizar cómo liberamos a las Pymes emprendedoras y productoras a la hora de contratar personal, las cuales no están diseñadas para echar gente, por lo tanto, la eliminación de la multa en la Ley de Empleo es un tema central para las pequeñas y medianas empresas a la hora de contratar. Ahí una mala capacidad de evaluación por parte de los bancos, puede reducir fuertemente la capacidad de financiamiento: las multas son una espada de Damocles sobre las Pymes”, explicó Lazzari.