El agro destacó la marcha atrás en la suba de retenciones a 18 economías regionales, pero también hizo críticas

La decisión del Ministerio de Economía de imponer una alícuota cero para las retenciones de casi una veintena de economías regionales fue calificada como una buena noticia por parte del ruralismo aunque desde el sector aceitero y oleaginoso no fue bien recibida la suba dispuesta del 31 al 33% para los subproductos de la soja, como son la harina y el aceite.

Tras la decisión del Gobierno nacional de dejar sin efecto la suba de retenciones de 18 economías regionales, entre ellas la lechería, incrementar la del complejo vitivinícola hasta un 8% y llevar la alícuota de los subproductos de soja, hasta el 33%, subiendo dos puntos porcentuales el tributo y eliminando el diferencial entre el poroto sin procesar y los productos industrializados, las diferentes cámaras y entidades participantes del encuentro que se llevó hoy a cabo en el Ministerio de Economía tuvieron consideraciones disímiles entre sí.

De esta manera, desde el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), si bien se destacó la marcha atrás en la suba de las retenciones a una veintena de producciones regionales, se indicó que “es necesario desarrollar un cronograma de eliminación de derechos de exportación a los complejos oleaginosos y cerealeros, como así también considerar la delicada situación de las economías regionales”.

Por ello, a través de un comunicado de prensa, el Consejo -que nuclea a casi sesenta cámaras y organizaciones vinculadas a la agroindustria- estimó que, más allá de “la comprensión” que plantea la “delicada situación de las cuentas públicas”, surge “la necesidad de adoptar una política exportadora que contemple un esquema impositivo que fomente la producción y el agregado de valor”.

El que fue especialmente crítico con la intención de aumentar la alícuota a la harina y el aceite de soja fue la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro Exportador de Cereales (CEC), que no escondió su malestar por la decisión de elevar del 31 al 33% la alícuota a dichos productos.

Así, la cámara empresaria explicó a través de un comunicado que “la decisión de subir los derechos de exportación al 33% es una mala noticia para la economía del país” y remarcó que “la principal industria exportadora se verá castigada por la suba de impuestos y eso va a limitar severamente el flujo de divisas y atentará contra el empleo industrial de la soja”.

Además, desde el sector oleaginoso se expresó que “la industria siempre pidió igualdad tributaria y esos dos puntos eran un reconocimiento de esa condición fiscal, que ahora el gobierno rompe”.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, celebró el diálogo con las nuevas autoridades económicas sea productivo al sostener que “luego de cuatro días de trabajo, escuchamos que el proyecto de ley que enviarían al Congreso incluiría la excepción de este impuesto a una veintena de producciones”, aunque remarcó que “las retenciones no son el camino que hay que recorrer” para generar el desarrollo del campo argentino.

Recordó también que desde las Mesa de Enlace Agropecuaria también se realizó un pedido para que se cumpla además con la “revisión de otras actividades más: el maíz pisingallo, cerdos, tabaco, forestal, girasol, entre otros”. El cual estaría, según admitió Pino, incluidos también en el proyecto que se enviaría al Parlamento.

Por su parte, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, subrayó que “el gobierno ha reconocido que el aumento propuesto era irrisorio e injustificado, lo cual indica un reconocimiento de la necesidad de reconsiderar ciertas economías regionales que se veían muy afectadas” y detalló que “hay aún producciones específicas como el tabaco, el limón, el maní, la avicultura, porcinos y el girasol, que mantienen la alícuota anunciada, por lo que aún debemos sentarnos a dialogar para que también le quiten los derechos de exportación”.

Por último, marcó que “los derechos de exportación son solo uno de los problemas que enfrenta el sector agropecuario. La materia tributaria e impositiva también son áreas de preocupación”, al mismo tiempo que remarcó que “hay que tener en cuenta las distancias y la variabilidad regional, indicando que el impacto de ciertos problemas puede diferir según la región. Por ejemplo, el impacto del flete, especialmente en cultivos como el maíz, que podría limitar su inclusión en las rotaciones debido a la distancia a los puertos”.

Desde la Federación Agraria Argentina (FAA), su presidente Carlos Achetoni, aseguró que luego del pedido cursado desde el ruralismo “hemos logrado que vuelvan a cero la alícuota de retenciones en varios productos de economías regionales, los cuales se verían muy perjudicadas sus actividades con la medida que había propuesto el gobierno” de elevar a 15% los derechos de exportación.

“Faltan cosas, pero valoramos que los funcionarios nos hayan escuchado lo que le dijimos en la primera reunión que mantuvimos y avanzado con mejoras”, dijo Achetoni y explicó además que “para muchas familias de productores federados, esta es una buena noticia” y expresó que “también logramos que se bajara del 15 al 8% la alícuota para el sector vitivinícola, por supuesto no es todo lo que esperábamos. Es solo una reducción”.

El ruralista federado comentó además que “lamentablemente han quedado varias producciones aún alcanzadas con el 15% pero seguiremos tratando de dialogar para mejorar estas condiciones que afectan en especial a pequeños y medianos productores”.

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) mostraron su satisfacción por la exclusión de dichos complejos productivos. Así, el presidente de la entidad, Alfredo González, manifestó que “es una medida que en primera instancia va a llegar a los que proveen la mesa de todos los argentinos. Además, y por sobre todo, va a contribuir a achicar las asimetrías existentes y a alcanzar un país más federal”..

“Tras días de incertidumbre, en los que se hablaba de una suba del 15% para nuestras actividades, destacamos que el secretario Vilella haya tomado pleno contacto con los productores agroindustriales para, finalmente, reconsiderar la medida”, afirmó, por su parte, Eduardo Rodríguez, director del área de Economías Regionales de CAME y agregó que “es una muestra de escucha activa y buena predisposición hacia nosotros y nuestros colegas para no sólo entender, sino también atender a las distintas producciones, dándonos un tipo de cambio competitivo que mejora nuestra rentabilidad”, agregó.

Los productores de uno de los cultivos afectados por las retenciones, el maní, de fuerte sesgo exportador, reflejaron la preocupación por el nuevo escenario. “Establecer un derecho de exportación del 15% implica convertir a la actividad manisera en un negocio ruinoso, ya que los costos de producción superarán en un 36% el potencial de rendimiento histórico, con lo que los productores que hoy siembran maní, no dudarán en realizar otro tipo de cultivos”, dijo en un comunicado la Cámara Argentina del Maní.

“Con la aplicación de derechos de exportación del 15% se condena a una industria exitosa (una de cuyas principales virtudes es la de ser una generadora neta de divisas) a su pérdida de posición en el mercado mundial. Nunca, jamás, en la historia del maní, existieron derechos de exportación tan altos”, señalaron.

La Cámara del sector solicitó que “se reconsidere la hipótesis de introducción de un derecho de exportación para el maní como fue anunciado. Deben reconsiderar al maní como una economía regional que produce un alimento, que cuenta con industrias altamente tecnificadas, que genera empleo y es fruto de las pujantes economías de muchos pueblos del interior.”