El Gobierno aumentó el precio de la harina subsidiada en el marco de un fideicomiso que rechaza la industria molinera

La Secretaría de Comercio fijó nuevos precios de referencia sin impuestos para la harina subsidiada por el Gobierno nacional a través del fideicomiso del trigo, conocido oficialmente como Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), con un incremento del 7,58% respecto al mes pasado, cuando se realizó la última actualización de su valor.

De esta manera, la cartera conducida por Matías Tombolini, a través de la Resolución 1029/2023 publicada en el Boletín Oficial, llevó el precio de la harina 000 a $2.142 para las bolsas de 25 kilogramos y en $84.073,5 en el caso de la tonelada, tomando como referencia un precio del trigo de $45.177,39 la tonelada. Según explicó la norma, las subas tienen en cuenta como referencia las variaciones del precio FAS del trigo en un 40%, la de la inflación mayorista en un 30% y la de los salarios en el otro 30%. Se tiene que tener en cuenta que los precios publicados son sin impuestos, a la salida del molino y sin costos de entrega; y a ellos se les debe incorporar costos logísticos por región

Con este nuevo aumento en los valores de referencia, el primer semestre del año presentó un incremento acumulado del 34,6% para el fondo, y de 78,5% si se lo compara a los valores de junio de 2022, muy por debajo del 104,6% interanual de aumento del precio del pan francés en mayo en el Gran Buenos Aires y del 114,2% de inflación en los últimos 12 meses, según mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Si bien desde el Gobierno nacional aseguran que el FETA “procura garantizar un valor de referencia para el trigo en el mercado interno que permita conservar una estabilidad en la participación de la bolsa de harina como componente del costo de los productos que de esta se derivan”, el sector molinero rechazó de manera casi unánime esta herramienta, en especial, desde que se decidió su prolongación hasta fin de año financiado con 1,3 puntos de las retenciones cobradas al complejo sojero hace algunas semanas.

La medida, que fue ideada y puesta en marcha por el ex secretario de Comercio, Roberto Felleti, tras la invasión de Rusia a Ucrania, que generó una disparada del cereal, nunca tuvo un apoyo expreso de las empresas del sector, y si bien un buen número de firmas participaron del FETA, la decisión del Gobierno de extender su vigencia, generó un rechazo oficial por parte de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), que considera a este mecanismo de compensación “es ineficaz y parcial” y consideraron a la medida como “innecesaria e inconveniente, por lo que se solicita su derogación”.

“La herramienta dilapida recursos del Estado, perjudica seriamente la libre competencia en la industria molinera y fomenta inequidades comerciales en la cadena de valor del trigo; así como tampoco ataca las raíces del problema, ya que la incidencia de la harina en el costo total del producto terminado es insignificante y para comprobarlo existen infinidad de informes técnicos de distintas entidades. En este contexto, el conjunto mayoritario de socios de la FAIM solicita desactivar con urgencia este sistema de subsidios que perjudica seriamente a la enorme mayoría de los molinos, todos ellos de capital nacional”, indicó la entidad en un comunicado.

Por su parte, los molinos pymes también rechazan el FETA. Así, desde la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina (Apyminra) destacaron que “esta política sólo distorsiona el mercado favoreciendo a los molinos más grandes en detrimento de los más pequeños. El tiempo y los hechos nos han dado la razón. Cuando entró en vigencia el fideicomiso el precio del pan al consumidor estaba en torno a los $202 el kilo y hoy las panaderías lo venden en aproximadamente $460″.

Asimismo, como lo hizo FAIM, indicaron que la ayuda para que aliviar los aumentos de la harina tendrían que darse a través de la demanda. “Creemos que el subsidio a la demanda, a través de la Tarjeta Alimentar, es una alternativa más efectiva y transparente en pos de garantizar el acceso de las personas de menores recursos a los productos farináceos de primera necesidad”, destacaron.

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