¿Tirar para el mismo lado?: por qué el agro no puede consensuar propuestas de cara a las elecciones

A medida que se acercan las elecciones presidenciales, el campo comienza a centrar su atención en los diferentes candidatos que se disputarán el Sillón de Rivadavia y tomarán las riendas del país por cuatro años. Es por eso que semana a semana se conocen nuevos documentos de entidades, instituciones y asociaciones rurales y agroindustriales con sus principales pedidos sectoriales y la solicitud de medidas para la economía general, algunas incluso de índole hasta constitucional.

Lo cierto es que muchos de los pedidos y expresiones de los diferentes actores del sector agropecuario y actividades relacionadas tienen puntos en común, algunos de ellos históricos. La baja de la presión tributaria, la corrección del gasto público, la no intervención de los diferentes mercados agropecuarias y la unificación cambiaria son criterios comunes que comparten casi todos los eslabones de la cadena.

No obstante estas coincidencias, el sector agropecuario y el agroindustrial no marchan juntos. Cada entidad, asociación e institución perteneciente o relacionada al agro hace sus propios pedidos, de manera independiente. Esto evidencia cierta dispersión o falta de cohesión, lo cual sugiere una fragmentación del agro que algunos actores de la cadena desean por lo menos evitar, mientras otros ven que los intereses de los diferentes eslabones son tan disímiles que ven poco probable generar tal unión.

Una de las entidades que publicará un documento en los próximos días con ideas y propuestas para el sector y el país de cara al 2024 es Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). “La actual forma de organización económica y social, implementada desde hace muchos años, está agotada. Se debe ir hacia una nueva economía y sociedad organizadas en torno a la producción privada y el empleo privado, y no en torno a un Estado ineficiente, interventor y redistribuidor, que ahoga al sector privado”, marca el escrito de la entidad.

En esta línea, desde CRA reclamaron “respetar un contexto institucional, lograr equilibrios macroeconómicos, y una serie de medidas para lograr un shock de producción agropecuaria y de economías regionales, para ayudar a poner al sector productivo de pie y lograr recuperar un camino hacia el desarrollo económico y humano”, para lo cual dan a conocer una serie de propuestas basadas en cuestiones institucionales, macroeconómicas para el sector y con un importante apartado en lo que concierne a las economías regionales.

Respecto a la actividad agropecuaria, las medidas solicitadas se centran en eliminar los derechos de exportación, cambiar la estructura tributaria, reducción de los costos laborales, libertad de comercio interior y exterior y abrir más mercados de exportación. Asimismo, piden mayor y mejor financiamiento e infraestructura para la producción, entre otros puntos.

“Nosotros planteamos que existe un período de 90 o 100 días donde hay que tomar las medidas más contundentes y duras, porque en ese lapso es donde la gente está dispuesta a eso. No obstante, sabemos que la situación que va a tomar el Gobierno que viene va a ser dura y va a ser muy difícil mostrar todo lo que necesita el campo. Por eso, necesitamos tres o cuatros medidas, no una solución total, pero que sirva para mostrar que el Gobierno está totalmente convencido de que al campo se lo tiene que apoyar para que el país salga adelante”, manifestó a Infobae el presidente de CRA, Jorge Chemes.

Esas “tres o cuatros medidas” que piden desde la entidad son unificar el mercado cambiario, eliminar retenciones y asegurar la “libertad en los mercados” para poder exportar, pero también exigen que “el gobierno deje de ver al campo solamente como una fuente de recursos fiscales y que en vez de poner más impuestos, impulsen medidas para la producción. Así va a haber más saldo exportable, recursos y divisas”, dijo Chemes.

“Estamos tratando de elaborar la mayor cantidad de documentos y lo más profundos posibles para brindarlos a la política como herramientas”, sostuvo el dirigente agropecuario. Sin embargo, esas propuestas solo serían pensadas por la entidad, o por la Mesa de Enlace, con la cual están intentando “consensuar” un escrito común y no está incluida la agroindustria en él.

Chemes explicó que no hay un documento único de toda la cadena “porque no hay una política desde el estado por el cual toda la cadena pueda tener el mismo objetivo. Con las malas decisiones políticas de los últimos 20 años no se logró una política que entienda cómo funciona una cadena. Ante esto, cada eslabón se defiende como puede y el más perjudicado es el productor, porque todos los otros actores transfieren sus ineficiencias y costos a los eslabones de atrás y nosotros como productores no podemos transferirlos a otros. Siempre son nuestros bolsillos los que terminan resintiéndose. Cada uno trata de salvarse como puede. Es el estado el que genera esta dispersión”.

Por su parte, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) continúa impulsando su Plan Federal Agroindustrial 2023-2033 que tiene como objetivo aumentar la producción, inversión y las exportaciones del sector de manera considerable en un período de 10 años, a partir del establecimiento de ciertas leyes, normas y beneficios que den previsibilidad a las diversas actividades y generen el marco propicio para su crecimiento. Así, algunas de las metas destacadas son alcanzar los USD 100.000 millones en exportaciones agroindustriales; generar 878.000 nuevos puestos de trabajo; e incrementar la producción de alimentos en un 50%, entre otros puntos.

Pero si bien el CAA está compuesto por más de 60 entidades del sector agropecuario y agroindustrial, el coordinador técnico de la agrupación, Gustavo Idígoras, brega porque haya una posición común a la hora de construir y exponer las propuestas y pedidos del sector. “El agro y la agroindustria tienen que buscar la forma de aunar propuestas y tener una sola sobre la mesa, porque cada vez que hemos generado múltiples propuestas la política tuvo la justificación perfecta para no atender ninguna. Tenemos que hacer un esfuerzo y le hemos pedido a todas las entidades que se sienten con el CAA para aunar posiciones”, dijo Idígoras a Infobae.

Por otro lado, Idígoras sostuvo que “hacer diagnósticos de lo que deberían hacer es la peor de las acciones, porque siempre cada vez que hubo un cambio de gobierno hubo una carta diciéndole ‘creo que usted debería hacer tal o cual cosa’ y nos hemos encontrado que eso nunca sucede. En general, la política en Argentina está falta de contenido. Es por eso que al CAA le llevó un año de trabajo escribir propuestas de decretos y leyes con el objetivo de un diálogo profundo con candidatos nacionales y provinciales y con sus equipos económicos, para poner sobre la mesa que esto es lo que queremos y esta es la propuesta concreta. Cuando hablamos de que en el país falta un plan, en el caso de la agroindustria ya lo hemos escrito y queremos que alguien lo adopte. Ese es el mejor camino”.

Pero otro de los motivos que Idígoras deslizó por el cual no existe todavía un programa o plan conjunto de todo el sector agropecuario y agroindustrial responde a “la sed de protagonismo” en determinados estamentos. En este sentido, puntualizó que “nuestro sector se caracteriza por un fuerte individualismo y atomización de la representación empresarial y eso no potencia la búsqueda de consensos. Al mismo tiempo, nos sigue faltando tener canales sinceros de comunicación”.

También la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) dio su punto de vista y elevó propuestas a los postulantes presidenciales. “La producción agropecuaria es uno de los principales motores de progreso, crecimiento, de generación genuina de divisas y creación de fuentes de trabajo en nuestro país, por lo que convocamos a todos los candidatos a trabajar de forma inmediata, en medidas concretas y necesarias que serán claves para reactivar a la Argentina”, afirmó en un comunicado.

A raíz de esto, la entidad empresaria sugirió “estabilizar de manera urgente la economía y fortalecer la moneda; reducir los altos índices de inflación; eliminar gravámenes, tasas e impuestos distorsivos que se aplican tanto a la producción como al desarrollo del sector productivo rural; y establecer reglas claras, que generen un marco de predictibilidad que atraigan capitales nacionales y extranjeros, posibilitando el flujo libre de divisas y un único tipo de cambio, con incentivos fijos y permanentes para la exportación”.

Asimismo, pidieron derogar o “en su defecto darle racionalidad a la Ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, promoviendo el ingreso de capitales para el desarrollo de nuevas zonas y así agrandar la matriz agropecuaria nacional”.

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