Alejandra Bada dice que no puede dormir, que le embarga un escozor de tensión y angustia. Son las heridas de un segundo golpe, de un desgraciado corolario impartido por resoluciones judiciales carentes de argumentos. El primer estruendo había sido el año pasado, cuando delegados del gremio lechero Atilra bloquearon la planta de Lácteos Vidal, su empresa, en la localidad de Moctezuma, partido de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. Ahora, el segundo impacto se lo propinó una orden de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo N° 9 que la obliga a reincorporar a 26 trabajadores despedidos, con una erogación de dinero que la condenaría -dice- a la quiebra.
“La empresa no va a reincorporar a ninguno de los despedidos -sostuvo-, no sólo por nosotros, sino por los nuevos empleados que tenemos, a los que tomamos para poder reactivar la planta. Además no vamos a reincorporar a nadie porque cuando los despedimos no había ninguna medida cautelar. Esperamos que todo esto se revierta. Nosotros estamos apelando a que se lea el expediente y que la Cámara escuche, y no que mande a ejecutar una cautelar atemporal. Todo esto me genera mucha impotencia, porque estamos viviendo una injusticia total. Me están condenando a la silla eléctrica sin haberme juzgado”.
La empresaria cuestiona la arbitrariedad del revés judicial que la expone a una situación delicada de sostenibilidad económica: manifiesta que además de intervenir en cuestiones de propiedad privada, la resolución de la Justicia no sana la cuestión de fondo que atraviesa el conflicto. Expresó que la Cámara, luego de una apelación del gremio, no argumentó ni fundamentó las razones de haber ordenado la ejecución original de la medida cautelar. “Todo esto me genera mucha impotencia, porque estamos viviendo una injusticia total. El gremio Atilra nos quiere fundir”, graficó la empresaria.
El conflicto se generó el año pasado cuando durante varias semanas, el gremio reclamó la recategorización de algunos empleados. Una situación que derivó en un bloqueo al ingreso a la planta láctea, según denunció la titular de Lácteos Vidal. Si bien la producción de mozzarellas y quesos se fue regularizando, la planta de leche en polvo estuvo dos meses paralizada y luego se reactivó lentamente, con una consecuencia directa en la provisión de materia prima por parte de una veintena de tambos, que debieron en estos meses reconfigurar las entregas.
Ahora, en el marco de la causa N° 30061/2022, la Sala IX de la Cámara de Apelaciones del Trabajo mediante un fallo al que accedió este medio, exige “la inmediata reinstalación de los trabajadores afectados por lo que fuera el despido de 26 personas y el pedido de desafuero de tres delegados luego del bloqueo de la planta en Moctezuma, provincia de Buenos Aires, que llevó a una conciliación obligatoria a la solicitud de retorno a los puestos de trabajo que no se cumplió y que derivó en la decisión empresarial”.
Además, el fallo judicial sostiene que el incumplimiento de esta acción está “bajo apercibimiento de imponer astreintes, las que provisoriamente se estiman en la suma de $ 10.000 (pesos diez mil) diarios por cada día de mora por cada uno de los trabajadores por los que incumpla”. En concreto, de no reincorporar a los empleados la empresa tendría un monto de 260 mil pesos diarios que pagar, aproximándose a los $8 millones de pesos, con lo cual la firma láctea ingresaría en un proceso económico muy complicado.
La notificación reconoce que a partir de los definido por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo, “la medida de fuerza que suscitara el inicio de las presentes actuaciones y cuya legalidad y/o legitimidad no ha sido aún resuelta”. Mientras la empresa pudo recomponer su actividad en la sede de Villa Devoto, sin despidos, en Moctezuma debió proceder al contrato de nuevos trabajadores para reactivar el proceso de materia prima y producción, siendo la única industria de un pueblo de 500 habitantes.
Según trascendió, el gremio tuvo la intención de convertir a la empresa bloqueada en una cooperativa. “Yo los despedí el 16 de septiembre y recién el 20 me notificaron que no podía hacerlo por una cautelar, después de dos meses de tener mi empresa frenada. Yo tengo todo el derecho de decidir sobre mi propiedad y luego se podrá debatir sobre la indemnización o no de cada una de las personas. Es por eso que sostengo que el gremio Atilra me quiere fundir, porque primero me manda a bloquear la planta y me deja muy debilitada, y ahora maneja lamentablemente la justicia laboral y me quiere fundir”, agregó Alejandra Bada.
Por su parte, el abogado de la empresa, Eduardo Darriba, adelantó que trabaja en la elaboración de un recurso que presentará la semana próxima para solicitar la revisión de esta decisión. Además, precisó que quedan muchas instancias judiciales que pueden llegar hasta la Corte Suprema, y desde Lácteos Vidal se muestran decididos a recorrer cada etapa para poner a salvo a la empresa y los puestos de trabajo. “Esta es una empresa familiar a la que vamos a defender, respetando los valores que mi padre siempre tuvo. Nosotros hacemos productos lácteos que llegan a la casa de los argentinos y no podemos jugar con la calidad que les ofrecemos, por eso no vamos a reincorporar a quienes decidimos despedir”, concluyó Bada.
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