Presión impositiva: el Estado se queda con casi $80 de cada $100 de la ganancia de una hectárea agrícola

“El Estado siempre es socio en las ganancias y nunca en las pérdidas”, es la frase que más resuena por estos días en el campo. Ante un escenario preocupante por los efectos de la sequía, en términos productivos y económicos, la presión impositiva no se detiene y sigue en aumento. Así lo reflejó el último informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA).

Según el relevamiento privado, en el presente mes la participación del Estado en la renta agrícola a través del cobro impuestos alcanzó el 79,1%, para el promedio ponderado de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol. Es decir, que de cada $100 de renta -valor de la producción menos costos- que genera una hectárea agrícola, $79,10 se los lleva el Estado en impuestos nacionales, provinciales y municipales. Además, el dato de marzo representó un aumento interanual del 14,3%, atribuido a los menores rendimientos esperados como consecuencia de la falta de precipitaciones, a las heladas tempranas que se registraron a mediados de febrero pasado y a los menores precios internacionales que a comienzos de 2022 estuvieron impulsados por el ataque de Rusia a Ucrania.

A todo esto, la participación del Estado en el caso de soja subió de 69,9% a 94,1%, en maíz de 56,1% a 62,4%, en trigo de 58,5% a 78,7% y el girasol pasó de 56,2% a 58,3%. Al respecto, los especialistas de FADA resaltaron la situación de la soja, donde los impuestos “se llevarán casi la totalidad de la magra renta que genere el cultivo esta campaña”. Hay que recordar que la Bolsa de Cereales de Buenos Aires proyecta que la producción de soja se ubicará en 25 millones de toneladas, mientras que se esperan 36 millones de toneladas de maíz. Esto implica mermas productivas de 18,3 y 16 millones de toneladas, respectivamente, aunque las caídas pueden seguir agudizándose a medida que la cosecha tome ritmo y se vayan relevando rendimientos.

Por otro lado, el informe destacó que mientras el índice nacional es de 79,1%, Córdoba registra un 81,7%, Buenos Aires 75,6%, Santa Fe 77,5%, La Pampa 78,8%, Entre Ríos 86,7% y San Luis 77,5%. Además, se advirtió sobre el caso de soja, donde 3 de las 6 provincias tienen un índice superior a 90% y las 3 restantes superior al 100%. Es decir desde FADA sostienen que el Estado capturará casi el total de la magra renta que genere la oleaginosa este año.

Desde la Fundación, además aclararon en relación a la construcción del indicador de presión impositiva, que “la metodología considera que la renta es el resultado de restar al valor de la producción a precios internacionales los costos de producción, comercialización, flete, administración y seguros. Esa renta se distribuye entre los impuestos, el resultado de la producción y la renta de la tierra. Por este motivo, desde la perspectiva de un arrendatario, donde la renta de la tierra es un costo, en un año donde la producción genera pérdidas el Estado se lleva más del 100% de la renta”.

En momentos donde los productores y dirigentes del campo siguen reclamando un alivio fiscal por parte del Estado, ante un escenario de fuertes pérdidas por la sequía, los economistas de FADA recordaron que “por la estructura tributaria que pesa sobre la producción agrícola, un evento adverso como la sequía, en lugar de reducir el peso de los impuestos, lo aumenta. Esto es consecuencia de que el impuesto con mayor participación es el derecho de exportación que, al actuar sobre el precio bruto, no reconoce caídas en la rentabilidad. Así, a medida que empeora la sequía, aumenta la participación de los impuestos sobre la renta”.

También se advirtió que en situaciones como las actuales hay dos problemas del sistema impositivo: uno de ellos es el federalismo fiscal, donde los especialistas precisaron que con una brusca merma de los rendimientos de cosecha “desaparece un impuesto coparticipable como el impuesto a las ganancias y persisten impuestos que no se coparticipan como los derechos de exportación y el impuesto a los créditos y débitos”. Y el otro efecto negativo, es no contar con una cuenta tributaria única y que los saldos de los distintos impuestos queden estancos y retenidos en AFIP generando un costo para los productores.

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