Un estudio de la Sociedad Rural Argentina (SRA) señaló que en el período 2001-2022 los productores agropecuarios transfirieron al fisco en concepto de retenciones más de USD 175.000 millones. Mientras tanto, en el país creció la pobreza y el último censo agropecuario reflejó una cifra importante de menos productores en la actividad.
La entidad recordó que mañana se cumplen 21 años de la puesta en marcha de las retenciones. En aquel momento se dijo que se trataba de un impuesto transitorio, “con el objetivo de asistir a los sectores más desprotegidos”. Pero desde la Rural sostienen que se trata de “un tributo que, en ese momento, fue aplicado como algo excepcional, pero que sigue vigente hasta la actualidad y lo peor aún, poniendo un freno al desarrollo no solo del sector sino también del país”.
Si bien fue alto el aporte de los productores en concepto de retenciones, el informe de la entidad que integra la Mesa de Enlace advirtió que sin embargo la pobreza aumentó en ese período. En 2001, la misma alcanzaba a 16.500.000 personas y en el 2022 el número llegó a 20.200.000. También se señaló que el último censo agropecuario determinó que hay 70 mil productores menos, pasando de 297.000 a 227.000 en dicho período. Los datos se difundieron en un comunicado, en una semana donde el campo durante una asamblea de productores que se realizó en la zona santafesina de Villa Constitución, reclamó una vez más por la eliminación de las retenciones.
“Ese dinero podría haber sido destinado a hospitales, escuelas, infraestructura, atención a la población, pero esto no sucedió: se repartieron subsidios en vez de promover la cultura del trabajo y la productividad. En estos momentos, en donde la sequía pega fuerte, las retenciones ponen a los productores al límite de la sustentación económica ya que se aplica la alícuota directamente al precio de mercado o de venta de los productos”, se expresó desde la entidad que preside Nicolás Pino.
Reclamo
Hay que recordar que la Sociedad Rural Argentina presentó tiempo atrás ante la Justicia Federal de Córdoba un recurso de amparo para que se declare la inconstitucionalidad de las retenciones e ilegal su cobro, y elevó al ministro de Economía, Sergio Massa, un trabajo técnico que demuestra que el costo fiscal que tuvo la implementación del “dólar soja” en sus diferentes versiones, significó el mismo que reducir a la mitad todas las alícuotas de las retenciones.
Al respecto, la entidad se mostró a favor de que a partir de dicho trabajo, se elabore un proyecto de ley para su debate legislativo. El estudio estima que para 2023 las retenciones representarán unos USD 8.500 millones con alícuotas que van del 4,5 al 33%, en tanto el dólar soja 2022 tuvo un costo fiscal de USD 4.437 millones monto equivalente a reducir las alícuotas de retenciones un 52% en promedio.
Frente a la gravedad de la situación por el impacto de la sequía y en un contexto de cara al proceso electoral del presente año, la SRA solicitó a todas las fuerzas políticas que “nos digan qué van a hacer con este impuesto cuando les toque gobernar, ya que es imposible concebir el futuro del país que no contemple al campo en el centro de la ecuación económica”.
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