El campo exigió que el Congreso apruebe una ley con beneficios durante las sesiones extraordinarias

Con una carta dirigida a los presidentes de los bloques en diputados y autoridades de las Comisiones de Agricultura e Industria, los integrantes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), espacio que reúne a más de 60 cámaras y entidades que representan a las economías agroindustriales de todo el país, expresaron su preocupación por la falta de dictamen y tratamiento del proyecto de “Desarrollo Agroindustrial”, que forma parte del período de sesiones extraordinarias que convocó el Gobierno hasta el próximo 28 de febrero. En caso que la iniciativa no tenga tratamiento, perderá estado parlamentario.

El proyecto, denominado “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador” y que se encuentra para su tratamiento en la Cámara de Diputados, fue diseñado por el Gobierno y el CAA luego de un intenso diálogo que también incluyó a organismos técnicos, Gobernadores, sectores de la oposición y ministros provinciales “buscando generar los incentivos necesarios para fomentar el crecimiento de la inversión, del empleo, de la producción, del comercio interno y externo, aportando un flujo de divisas adicionales a las que hoy genera este sector de la economía, lo cual dio origen al proyecto de referencia”, se señaló en la carta a la que accedió Infobae.

Frente a este panorama, los integrantes del CAA consideraron que es de suma urgencia tratar el proyecto, ya que el mismo pierde el estado parlamentario y reclamaron que se arbitren los medios para dar dictamen durante las sesiones extraordinarias y se apruebe en el recinto, “como un mensaje claro de los legisladores nacionales de apoyar y fomentar la inversión en producción, comercialización, abastecimiento y exportación de bienes, servicios y tecnologías de base agroindustrial inclusiva y federal que, a su vez, se encuentran fuertemente azotadas por las condiciones macroeconómicas y climáticas actuales”.

La iniciativa busca aumentar la inversión, impulsar la producción y la competitividad de los distintos sectores que forman parte de las cadenas agroindustriales, mejorar la productividad y la calidad de las mismas mediante una mayor industrialización, y procurar el aprovechamiento integral de la biomasa y su transformación en bioproductos de alto valor agregado. A su vez, plantea potenciar la producción de los alimentos procesados, de las actividades agroforestales, y las nuevas tecnologías y servicios para el agro.

Ante la falta de tratamiento del proyecto, en la carta que envió el Consejo Agroindustrial se solicitó que se realice una convocatoria a las comisiones para elaborar el dictamen correspondiente y que el proyecto se trate en el período de sesiones extraordinarias. Además, se pidió el apoyo a “las economías agroindustriales que conforman nuestro país votando positivamente por el proyecto en cuestión no solo por la necesidad del mismo para los distintos sectores sino también para evitar que pierda su vigencia parlamentaria siendo esto innecesario cuando todos se han mostrado a favor del mismo”.

El año pasado y con la incertidumbre que generó en el espacio la falta de debate del proyecto, el Consejo Agroindustrial Argentino alertó “sobre el letargo del tratamiento del Proyecto de Ley Agroindustrial”, y precisaron en un comunicado que ante la inactividad legislativa mostrada en relación al tratamiento de la iniciativa, “los miembros socios se lamentan por las oportunidades de nuevas inversiones, empleo, producción y exportaciones que está dejando pasar Argentina”.

Entre otros objetivos, el proyecto también tiene como objetivo consolidar el desarrollo de la cadena agroindustrial a partir de la promoción de nuevas inversiones, la creación de 270.000 nuevos puestos de trabajo hacia 2030, la incorporación de tecnologías de última generación a partir de una serie de beneficios fiscales e incentivos productivos, y aumentar el nivel de las exportaciones con reglas claras y de largo plazo que aseguren estabilidad y generen confianza.

El proyecto de ley, entre otras medidas, estipula amortizaciones aceleradas y una serie de beneficios fiscales para nuevas inversiones, compras de semillas y fertilizantes, devolución del IVA para inversiones especiales y cambios en el sistema de valuación de hacienda vacuna para el pago del Impuesto a las Ganancias. Sin embargo, nada dice respecto a una baja en los impuestos o de retenciones, el cual es el principal reclamo del sector, en especial de los productores.

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