Sequía: cómo quedó la relación del campo con el Gobierno tras las medidas anunciadas por Massa

La sequía que afecta a nuestro país no es una más y eso ya está claro, tanto para la dirigencia agropecuaria como para el Gobierno nacional. Si bien las lluvias de las últimas semanas llevaron algo de alivio al campo, mucho daño ya fue hecho y a medida que pasan los meses se tiene una magnitud más exacta del impacto: pérdidas estimadas en USD 15.000 millones, pero que podrían ser peores.

La semana pasada fue muy movida para el sector. El martes, Sergio Massa y su equipo, el Banco Nación y la AFIP convocaron a los presidentes de las entidades de la Mesa de Enlace para hacerles conocer las medidas que el Gobierno nacional iba a implementar a modo de ayuda a los productores agropecuarios. Créditos a tasas subsidiadas, fondos rotatorios y postergaciones impositivas fueron parte del paquete.

El Gobierno tuvo celeridad en el anuncio de las medidas y respondió a gran parte de los pedidos que le realizó la Mesa de Enlace dos semanas atrás en el cónclave que tuvieron con Massa en el INTA Castelar. Pero también la conducción agropecuaria entiende que estas son iniciativas que responden a urgencias coyunturales que pueden ayudar a llevar un alivio financiero a los productores y que bajo ningún punto de vista son propuestas que resuelvan los problemas de fondo y estructurales del agro.

Y eso es lo que enoja a los sectores autoconvocados, a grupos de sociedades rurales y a entidades regionales que observan como única salida la quita de retenciones, la apertura total de los mercados y la unificación del tipo de cambio. Esto se lo hicieron saber al Gobierno, pero también a la Mesa de Enlace con duros comunicados. Es por eso que tras el anuncio de medidas se abren dos nuevos panoramas en el mundo agropecuario, tanto en lo que respecta en la relación del campo con el Ejecutivo, como puertas adentro del sector.

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, entiende que las medidas anunciadas por el Gobierno nacional “no terminan de alcanzar” ante el severo panorama que vive el sector productivo, pero consideró que “no podemos dejar de decir que esto es una herramienta que le va a dar una mano al productor mediano y chico por los volúmenes de dinero”.

Es por eso que Chemes no menosprecia lo anunciado ya que “no deja de ser una buena ayuda y una herramientas que hacía falta”, al mismo tiempo que consideró que se dio un “cambio de postura” en el Gobierno nacional en cuanto a la ayuda para el sector, “porque la situación es gravísima. No se ve todos los días una pérdida de USD 15.000 millones. Es un llamado de atención para que el Estado preste atención y no se agrave, porque esos USD 15.000 millones pueden ser USD 20.000 millones”.

Si bien Chemes entiende que son medidas coyunturales y que las “construcción” de nuevas soluciones para el agro “dependen de una decisión política del Gobierno”, no considera justas las críticas esgrimidas desde ciertos sectores del campo. “Las críticas no tienen justificación. A veces no entiendo qué quieren, porque mezclan los reclamos estructurales con medidas de emergencia. Nosotros los reclamos estructurales los seguimos discutiendo”, dijo Chemes y agregó: “Sí creo que se ha infiltrado la política partidaria en esos grupos y se está actuando políticamente y lo que se busca es que al Gobierno le vaya mal, y no toman conciencia de que si le va mal al Gobierno nos va mal a todos. Hay una falta de responsabilidad de la gente que lleva este tipo de actitud”.

Por último, sostuvo que estas críticas “no nos debilita, pero voy a ser muy concreto: son grupos minoritarios. CRA tiene 16 confederaciones con 367 sociedades rurales y más de 100.000 productores representados. ¿Cuántos pueden sumar? ¿500, 1.000, 2.000 productores? Siguen siendo minoritarios comparado con lo que yo estoy representando. No quiero que se tome como una actitud de soberbia, pero CRA es demasiado grande como para tener que responder a grupos minoritarios que se están manifestando de esta manera”.

Para el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, las medidas anunciadas son el resultado de “una mesa de trabajo donde se plantearon situaciones por la coyuntura”, cuyos próximos pasos deben ser atender las demandas urgentes de la ganadería y las economías regionales, entre las cuales deben tomar medidas respecto “al financiamiento, suspender las retenciones de IVA, liberar importaciones de semillas forrajeras, mientras que para las producciones regionales creemos que hay que acelerar las declaraciones de Emergencia y Desastre y prorrogar el pago de obligaciones de seguridad social con el objetivo de mantener los puestos de trabajo y fundamentalmente unificar el tipo de cambio para recuperar la competitividad”.

Pero más allá de esto, Pino asegura que los anuncios no correspondieron “a las decisiones que desde nuestro punto de vista tiene que tomar el Gobierno para lo que el campo y nuestro país necesitan”, por lo que “satisfechos vamos a estar el día que el sector público genere una política de crecimiento para la agroindustria. Desde nuestra parte seguiremos reclamando porque entendemos que el Estado, achicando la presión impositiva, estará generando mejores condiciones para el desarrollo del sector y también del país”.

Además, también manifestó que las críticas esgrimidas a la dirigencia agropecuaria nacional por parte de sociedades rurales y entidades regionales “no son tales, sino un aporte al trabajo dirigencial. Hay muchos productores que en distintas zonas la están pasando muy mal y a veces la desesperación te lleva a exabruptos, pero somos conscientes que nuestros reclamos son válidos porque contamos con un Estado socio en las ganancias, pero nunca en las pérdidas. Nosotros seguiremos trabajando como lo venimos haciendo. Somos una entidad que tiene casi 160 años de historia y a lo largo de ellos nos caracterizamos por representar los intereses de los productores y en esa línea seguiremos”.

La Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (APRONOR) fue una de las entidades más críticas de las medidas anunciadas por el Gobierno. Para el presidente de la entidad, Augusto Battig, “lo que hizo el gobierno es leer lo que dice la Ley de Emergencia y Desastre Agropecuario. No hay otro beneficio aparte de lo que está en la norma. Después del comunicado hable con (Nicolás) Pino sobre varios puntos. Lo bueno que tiene la dirigencia agropecuaria es que nos podemos decir las cosas y no es que haya una grieta o estemos peleados”.

A partir de esto Battig, marcó la necesidad de “fortalecer a la Mesa de Enlace, que después del 2008 cayó en picada en representatividad y en el respaldo de los productores. Tenemos que unificar las fuerzas y tirar para el mismo lado. Los dirigentes no podemos festejar una ley que ya estaba vigente, como si fuese una novedad”.

Por su parte, un grupo de asociaciones rurales del norte de la provincia de Buenos Aires vienen desde hace tiempo manteniendo una postura sumamente crítica con la conducción de la Mesa de Enlace. En un comunicado tras los anuncios del Gobierno, acusaron a los dirigentes de “ineptitud”, “amiguismo” y “vergonzosas actitudes serviles”.

Para el presidente de la Sociedad Rural de Pergamino, Jorge Josifovich, cuya entidad firmó dicho escrito, consideró a las medidas como “paliativos especialmente técnicos y promesas que son de difícil implementación como los créditos y el tema del anticipo de ganancias. No son medidas tangibles y de concreción inmediata, sino que son burocráticas, complejas y de muy difícil confección por parte de los productores. Nos hubiese gustado que se trabaje puntualmente en una reducción de los derechos de exportación, que si no puede ser definitiva, por lo menos sea momentánea”.

Pero más allá de los duros conceptos vertidos contra la Mesa de Enlace, consideró que las críticas están justificadas “porque son nuestros representantes. Si bien uno les da mandato para negociar, pretendemos que miren por el espejo retrovisor y que vengan hacia las bases a entender qué está pasando y cómo lo está viviendo el productor. Los medios lo toman como una crítica definitiva y absoluta a nuestros representantes y no es así. Es un llamado de atención para que sean más duros con las negociaciones. Nuestra idea y crítica no es para debilitar, sino para dar fuerza, para arengar”.

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