El campo argentino atraviesa un duro momento por el impacto de la sequía en el grueso de sus actividades y a las medidas urgentes dispuestas por el Gobierno nacional tras los pedidos de la Mesa de Enlace, se sumó en las últimas horas la solicitud por parte del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) a los gobernadores provinciales que faciliten la “urgente” sanción la Ley de Fomento Agroindustrial que se trataría en las sesiones legislativas extraordinarias que se llevarán a cabo en las próximas semanas.
El conocido oficialmente como “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador” es un proyecto ideado por el CAA y que contó con el aporte del Gobierno nacional y de las diferentes fuerzas del Poder Legislativo. El mismo busca incentivar nuevas inversiones y la creación de empleo por parte del sector agroindustrial en pos de lograr un incremento en las exportaciones.
El plan fue desarrollado durante 2021 y si bien siempre contó con el visto bueno del Gobierno y la oposición, nunca fue tratado en el Congreso nacional hasta el momento. Hoy el proyecto fue sumado al temario a tratarse en las sesiones extraordinarias que llevará a cabo el Poder Legislativo, aunque necesita dictamen de las comisiones involucradas para poder ser debatido en el recinto.
Según marcó el CAA en varias misivas destinadas a los gobernadores, el proyecto “se encuentra a punto de ser dictaminado favorablemente, luego de sucesivas adecuaciones, por las Comisiones de Agricultura e Industria de la Honorable Cámara de Diputados, que introdujeron reformas a la versión original. Reviste particular importancia para todas las provincias argentinas, que el Régimen se sancione a la brevedad, principalmente atendiendo a la situación generalizada de sequía y a eventos climáticos desfavorables que afectaron a economías regionales”.
En este sentido, las casi 60 entidades que componen el CAA, plantearon que dicho proyecto es “de sumo interés, tanto para la Administración Nacional como para las provinciales y municipales, y para las distintas cadenas productivas, la urgente puesta en vigencia de este Régimen de Promoción, la cual fomentará el empleo en todas las provincias. Por esta razón solicitamos el apoyo de los legisladores de su Provincia para la pronta sanción de este instrumento legal”.
En diálogo con Infobae, el Director Ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) y referente del CAA, Alfredo Paseyro, indicó que enviaron la carta a los gobernadores “porque nuestra propuesta es federal, incluye a todas las regiones e intereses de las república” y agregó que al estar el proyecto en extraordinarias “los gobernadores podrían darle impulso para su tratamiento. Además, el régimen está en línea con las medidas que tomó ayer el ministro de Economía, Sergio Massa, en función de la sequía”.
En cuanto a las expectativas, Paseyro detalló que “son 27 los proyectos para extraordinarias pero hay uno que está condicionando cualquier otra discusión, que es el juicio político a la Corte Suprema. Los dos bloques ya tomaron posicionamiento al respecto y la oposición, según declararon, no estaría dando quórum para los otros proyectos. En este sentido bajan las probabilidades de que sea tratado”.
El proyecto
En la carta dirigida a los mandatarios provinciales, el CAA remarcó que el objetivo del régimen de fomento es promover el incremento de la inversión y el empleo, impulsar la producción y la competitividad de los distintos sectores que forman parte de las cadenas y/o redes de valor agroindustriales, mejorar la productividad, competitividad y calidad mediante una mayor industrialización, entre otros puntos, “atendiendo a la heterogeneidad existente en la productividad y en la competitividad de las distintas cadenas de valor favoreciendo particularmente a los pequeños, medianos y micro productores”.
La norma tendrá vigencia por diez años, con posibilidades de extender el plazo por parte del Poder Ejecutivo. La adhesión del inversor y/o productor es voluntaria y se crea una Ventanilla única digital de adhesión a fin de evitar burocracia. Quienes adhieran sólo deben cumplir con la incrementalidad de al menos uno de estos indicadores: volumen de ventas; volumen de producción física; volumen de exportaciones físicas; cantidad de personal ocupado; e inversiones realizadas.
“Los beneficios previstos para las nuevas inversiones serán la amortización acelerada en dos cuotas iguales anuales, a los fines del Impuesto a las Ganancias, para todo tipo de bienes muebles o inmuebles que impliquen ampliación de capacidad productiva, mejora en las condiciones laborales, conservación y mantenimiento de bienes de uso amortizables”, al mismo tiempo que se prevén beneficios para la valuación de la hacienda, principalmente de invernada y/o engorde a corral, que podrán optar por valuar sus existencias por los métodos descritos en la Ley, sin tener que tributar por beneficios que no lograron obtener, por cuestiones climáticas.
Además, el proyecto prevé que el saldo a favor técnico por inversiones en bienes de uso, del Impuesto al Valor Agregado (IVA), sea devuelto en el plazo máximo de tres años y se contemplan beneficios para quienes estén gravados con una alícuota inferior a la general.
También se crea el “Sistema de Promoción Agroindustrial para la Producción Sostenible” integrado por cuatro programas de promoción dirigidos al incremento en el uso de semillas fiscalizadas de especies autógamas de producción nacional; dar estímulos a la producción sustentable a través de la promoción del uso de insumos, fertilizantes y todo otro tipo de bienes; incrementar la productividad de la ganadería; y la adopción de sistemas de gestión de la calidad e inocuidad. Los beneficiarios tendrán un crédito fiscal equivalente al cincuenta por ciento de sus erogaciones.
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