Dentro de las leyes económicas que se enviarán al Congreso en sesiones extraordinarias, el Gobierno impulsará la de Desarrollo Agroindustrial, bajo la denominación “Proyecto de ley del Régimen de Fomento al desarrollo agroindustrial federal, inclusivo, sustentable”, según confirmaron fuentes cercanas al secretario de Agricultura, Juan José Bahillo.
El proyecto que impulsa el ministerio de Economía busca aumentar la inversión, impulsar la producción y la competitividad de los distintos sectores que forman parte de las cadenas agroindustriales, mejorar la productividad y la calidad de las mismas mediante una mayor industrialización, y procurar el aprovechamiento integral de la biomasa y su transformación en bioproductos de alto valor agregado. A su vez, plantea potenciar la producción de los alimentos procesados, de las actividades agroforestales, y las nuevas tecnologías y servicios para el agro.
También tiene como objetivo consolidar el desarrollo de la cadena agroindustrial a partir de la promoción de nuevas inversiones, la creación de 270.000 nuevos puestos de trabajo hacia 2030, la incorporación de tecnologías de última generación a partir de una serie de beneficios fiscales e incentivos productivos, y exportar 7.285 millones de dólares, con reglas claras y de largo plazo que aseguren estabilidad y generen confianza.
En la Secretaría de Agricultura están confiados en que están los votos que se necesitan para aprobar la Ley, pero para llegar a eso habrá que recorrer todavía el camino que conduzca a la elaboración del dictamen correspondiente. Para cumplir esa tarea en todo este tiempo hubo un permanente diálogo, especialmente, entre Juan José Bahillo, y el diputado de Juntos por el Cambio por Formosa y presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, el radical Ricardo Buryaile, quien propuso una serie de modificaciones al proyecto original.
En diálogo con este medio, Buryaile sostuvo que “en todo este tiempo hubo un trabajo entre todos los sectores para acercar posiciones y donde todos tuvimos que ceder, para alcanzar el mayor consenso posible. Y hoy estamos muy encaminados en conseguir el mismo y poder aprobar la mejor ley que necesita la agroindustria y el país. Son negociaciones duras, pero hay muy buena voluntad de todos para alcanzar el objetivo”.
La iniciativa había sido presentado originalmente en septiembre del 2021 durante un acto en Casa de Gobierno que contó con la presencia del Presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández y el por entonces ministro de Agricultura, Julián Domínguez. Y el mismo se trabajó de manera conjunta con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), integrado por más de 60 entidades. Actualmente y a la espera de su tratamiento, la iniciativa se encuentra en la Cámara de Diputados.
Proyecto
A todo esto hay que agregar, que durante todo este tiempo surgieron dudas en el bloque del Frente de Todos, especialmente en aquellos sectores que mantienen diferencias con el sector agropecuario, y lo que significaría aprobar una ley que beneficie al mismo. Todo eso se despejó. Y por otro lado, hubo un debate interno en el bloque de Juntos por el Cambio, especialmente sobre si pedirían o no incluir las cuestiones de retenciones. Un tema que por el momento el oficialismo no pretende dar debate en el ámbito legislativo.
Por otro lado, el mes pasado y con la incertidumbre que generó en el espacio la falta de debate del proyecto, el Consejo Agroindustrial Argentino alertó “sobre el letargo del tratamiento del Proyecto de Ley Agroindustrial”, y precisaron en un comunicado que ante la inactividad legislativa mostrada en relación al tratamiento de la iniciativa, “los miembros socios se lamentan por las oportunidades de nuevas inversiones, empleo, producción y exportaciones que está dejando pasar Argentina”.
Pero volviendo al proyecto de Ley, en Diputados ya analizan que si hay convocatoria a sesiones extraordinarias, se realizaría un plenario de las comisiones de Agricultura y Ganadería, Industria y Presupuesto, para trabajar en el armado del dictamen. El mismo, según pudo saber este medio, impulsaría una serie de modificaciones al proyecto original, el cual promueve amortizaciones aceleradas y beneficios fiscales para nuevas inversiones, compras de semillas y fertilizantes, devolución del IVA para inversiones especiales y cambios en el sistema de valuación de hacienda para el pago del Impuesto a las Ganancias. Y además, permitirá agregar valor a los productos para crear empleos y promover inversiones, incrementar las exportaciones de bienes y servicios del sector, aumentar el ingreso de divisas y alcanzar la meta de 200 millones de toneladas de producción de granos.
Si bien no trascendieron detalles, fuentes oficiales y legislativas comentaron que las modificaciones al proyecto permitirían implementar mayores incentivos para aumentar la inversión en los todos los sectores productivos, en un contexto como el actual y beneficiando a los pequeños y medianos productores; también habría incentivos para la formalización laboral y el mayor uso de tecnología, menor burocracia y también contempla ventajas impositivas para las producciones regionales.
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