El gremio de trabajadores del campo anunció un bono de $50.000 pero la Sociedad Rural lo resiste

Ayer la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) informó que los trabajadores que están comprendidos por el Régimen de Trabajo Agrario, recibirán un “bono de fin de año” de $50 000. Sin embargo, la Sociedad Rural Argentina (SRA) denunció que se trata de “un nuevo atropello a los empleadores rurales”, y aclaró que se opuso al beneficio ya que “no están dadas las condiciones económicas para afrontar dicho gasto”.

Jose Voytenco, titular de la UATRE, dijo ayer a través de un comunicado que “la asignación extraordinaria comprende a la actividad en todo el país y será abonada en una cuota. A los permanentes discontinuos se les otorgará el proporcional”. Además, se precisó que el bono de 50.000 pesos “fue dispuesto por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) destinado para todos los trabajadores rurales incluidos en la Ley Nº 26.727. Cabe destacar que se mantiene la exclusión para trabajadores y trabajadoras que ganen por encima de los $185 859 dispuesta para en los artículos 3º y 4º del Decreto N° 841/2022 del 16 de noviembre de 2022″.

En el comunicado del gremio, también se detalló que el otorgamiento de la asignación extraordinaria “salió con el voto favorable de los miembros paritarios de UATRE y de los representantes del Ministerio de Trabajo de la Nación. Cabe destacar y remarcar que las entidades Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (CONINAGRO) y Federación Agraria Argentina (FAA) se manifestaron en contra de darle un bono a las trabajadoras y trabajadores rurales y se levantaron de la reunión antes de que se proceda a la votación”.

En ese sentido, la Sociedad Rural Argentina informó a sus socios que la votación de ayer en el marco de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, se trata de “un nuevo atropello a los empleadores rurales”, y al respecto dijeron que “nuestros representantes se levantaron de la mesa al haber sido sorprendidos con un acuerdo entre la UATRE y el Gobierno nacional para implementar un nuevo bono de fin de año a los trabajadores rurales. Desde la entidad creemos y lo manifestamos públicamente hace unos días, que las condiciones económicas no están dadas para afrontar en este momento un gasto extraordinario de esta envergadura”.

Por otro lado, señalaron que durante el período de negociación “veníamos manifestando nuestra postura y hemos tenido que aceptar, por su carácter de obligatorio y compulsivo, el bono que decidió el gobierno nacional de $24.000. El gremio de los trabajadores no se quedó conforme y pidió una suma adicional sobre dicho monto, iniciativa que fue negada una vez más por las entidades. Eso nos obligó a no convalidar el acto administrativo de ayer”.

Los directivos de la entidad que preside Nicolás Pino, comentaron que las condiciones actuales que atraviesan los productores de distintas regiones del país “es crítica”, luego de un año que empezó con incendios y que está terminando con una sequía que “pone en riesgo la rentabilidad y también, augura un principio de 2023 con mucha preocupación”.

El gremio de la UATRE aclaró también que se dispuso que “el bono absorberá los $24.000 que ya había dispuesto el gobierno a través del Decreto 841/2022 que beneficia a los trabajadores cuyo salario neto devengado en diciembre de 2022 sea inferior a $185.859 o el monto proporcional en el caso de que la prestación de servicios del trabajador o de la trabajadora fuere inferior a la jornada legal o convencional”. Al respecto, se informó que el importe salarial señalado incluye conceptos remunerativos y no remunerativos, y excluye al medio aguinaldo.

Frente a todo este contexto, finalmente la dirigencia de la UATRE anunció que continuará con los reclamos ante la Comisión Nacional de Trabajo Agrario por el pago del bono de fin de año, “para que se incluya a aquellos trabajadores y trabajadoras que se encuentran excluidos del beneficio”.

Por último, hay que recordar que esta semana el gremio realizó su Congreso en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, donde mediante una reñida votación los delegados congresales respaldaron a José Voytenco para que continúe al frente de la UATRE por un periodo de 4 años, desde 21 de diciembre de 2022 al 20 de diciembre de 2026.

Al rechazo que expresó en un comunicado la Rural, se sumó Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), entidad que preside Jorge Chemes y que también forma parte de la Mesa de Enlace. Mediante un comunicado señalaron que “carece de legalidad y vulnera la Constitución Nacional la facultad que se abroga la CNTA de imponer el pago de una suma no salarial ante la falta de acuerdo entre las partes. El art. 89 de la Ley 26.727 faculta a la CNTA a determinar las remuneraciones (salario) y no a imponer a la patronal el pago de sumas que no tienen naturaleza jurídica salarial (art. 103 LCT). Por lo que consideramos que cualquier avance en este sentido constituiría una violación a la ley y a la Constitución Nacional”.

Además, los dirigentes en el comunicado se preguntaron “qué sentido tendría entonces para la representación patronal concurrir a una Comisión Paritaria como lo es la CNTA, si las decisiones pudieran ser tomadas de facto por la UATRE con la complicidad del Gobierno Nacional y sin la anuencia del sector patronal, y en violación a las normas legales de procedimiento paritario”.

Por otro lado, recordaron que el sector agropecuario atraviesa un momento complejo y con el efecto de tres años consecutivos de la sequía, a lo que se suma un retraso en los precios de los productos agropecuarios, especialmente en la ganadería, de un 60% por detrás de la inflación. Frente a este panorama, la dirigencia de CRA comentó que ante las autoridades del gremio rural explicaron que no estaban dadas las condiciones económicas para aceptar un bono adicional a las remuneraciones ya abonadas, y agregando que en la última reunión paritaria se había concedido un aumento salarial por encima de la inflación.

“Por ello consideramos un atropello sin precedentes esta pretensión de la UATRE, y más aún si esto termina plasmado en una resolución de la CNTA. Esta imposición afectaría sin dudas derechos y garantías constitucionales de los particulares, en absoluta contradicción con la ley vigente y la Constitución Nacional, por lo que no acataremos dicha resolución y recurriremos a las vías recursivas correspondientes en resguardo de las garantías constitucionales de nuestros representados”, concluyó el comunicado de CRA.

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