Los integrantes de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos aires y La Pampa (CARBAP) expresaron su preocupación por el impacto que podría tener en el sector agropecuario si el Gobierno bonaerense logra avanzar con la Ley Impositiva del año próximo, que podría derivar en aumentos por encima del 200% para los campos de mayor valuación fiscal.
Concretamente la entidad planteó en un comunicado que se eliminaron los topes porcentuales del 75% para el cálculo del impuesto inmobiliario rural para los bienes de mayor valuación fiscal, y por lo cual de acuerdo a los cálculos que ya realizaron desde la Confederación, los mismos podrían registrar aumentos superiores en muchos casos al 200%.
Por tal motivo, y en medio de una situación climática adversa que se profundiza en el territorio bonaerense, los dirigentes que representan a los productores de Buenos Aires y La Pampa solicitaron a las autoridades legislativas “a rever esta situación antes de su tratamiento en la Legislatura, la que conlleva aún más intranquilidad al productor en un contexto de sequía acuciante”.
El eje del debate pasa por el artículo 10ª de la mencionada Ley Impositiva provincial del 2023, donde en el texto se precisa que, “el impuesto resultante por la aplicación de la presente escala no podrá exceder respecto del año 2022 según las previsiones del Título 1 de la Ley N° 15.311, los porcentajes que a continuación se detallan: a) 50% cuando se trate de inmuebles cuya base imponible correspondiente al año 2023 de la tierra libre de mejoras sea de hasta $2.031.822 inclusive, b) 60% cuando se trate de inmuebles cuya base imponible correspondiente al año 2023, de la tierra libre de mejoras sea superior a $2.031.822 y hasta $12.864.721 inclusive, c) 75% cuando se trate de inmuebles con valuación mayor a $12.864.721″.
Según adelantaron desde la entidad que preside Horacio Salaverri, dicho artículo debería modificarse, por la siguiente redacción: “El impuesto resultante por la aplicación de la presente escala no podrá exceder respecto del año 2022 según las previsiones del Título 1 de la Ley N° 15.311, los porcentajes que a continuación se detallan: a) 50% cuando se trate de inmuebles cuya base imponible correspondiente al año 2023 de la tierra libre de mejoras sea de hasta $2.031.822 inclusive, b) 60% cuando se trate de inmuebles cuya base imponible correspondiente al año 2023, de la tierra libre de mejoras sea superior a $2.031.822 y hasta $12.864.721 inclusive, c) 75% cuando se trate de inmuebles con valuación mayor a $12.864.721″.
Impacto y sequía
Fuentes del gobierno provincial señalaron a este medio que los aumentos del impuesto a la tierra rural tienen un tope del 50% para más de 195.000 partidas (65% del total de las existentes en la Provincia) y del 60% para otras 95.000 (32% del total). Es decir que, para el 97% de las partidas correspondientes a tierras rurales, “los incrementos se encuentran muy por debajo de la inflación acumulada”. Y con respecto al 3% restante (9.700 partidas), no se estableció aún el tope porque es parte de un debate que se dará en la Legislatura provincial en los próximos días.
Mientras tanto, en CARBAP sostienen que si se avanza con la Ley Impositiva tal como está redactada, un productor de 445 hectáreas en Dolores tendría un aumento del 60%, de 438 hectáreas en Punta Indio un incremento del 107%, y en Salto con tan solo 62 hectáreas la suba sería del 232%.
Todo esto sucede en medio de una prolongada sequía que complica a las diferentes actividades productivas. Al respecto, el Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, declaró esta semana el estado de emergencia y/o desastre agropecuario por sequía en un total de 33 municipios, mediante el decreto 1943/22 y en línea con la recomendación realizada oportunamente por la Comisión provincial de Emergencia Agropecuaria.
Al respecto, el presidente de CARBAP, Horacio Salaverri, consideró que la gravedad que reporta la situación de sequía llevaría a que la situación de emergencia alcance a un total de “entre 50 y 60 distritos en estado de emergencia” por la pérdida de cultivos, la falta de suelo para la siembra y las dificultades que reporta la producción pecuaria, principalmente en materia de alimentos. Es por eso, que la entidad ruralista reclamó la intervención de fondos nacionales, con créditos “razonables” para un productor en emergencia, y atender también el pago de gravámenes que promueve la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
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