Tras el revés oficial en el Presupuesto: cómo piensa el campo que se pueden bajar las retenciones y qué posibilidades tiene de lograrlo

Las retenciones volvieron a tomar el centro de la escena en las últimas semanas tras el pedido del Gobierno nacional al Poder Legislativo para que le vuelvan a otorgar la facultad de establecer y modificar los derechos de exportación. Esta intención quedó manifiesta en el artículo 95 del proyecto de Ley de Presupuesto de 2023, que no pudo pasar por el filtro de la Cámara de Diputados, debido al rechazo casi uniforme de la oposición a tal delegación.

Este hecho fue celebrado por las entidades gremiales del campo como una victoria propia, al considerar que la presión ejercida por la Mesa de Enlace rindió sus frutos. De hecho, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) emitió un comunicado durante esta semana en el cual aseguran que desde las entidades “trabajamos durante meses en pulir ideas y en frenar propuestas que socavan la autonomía de los poderes”.

“Así, con esfuerzo, llegamos a desbaratar la avaricia del oficialismo que no conforme con lo que ya nos quita por retenciones, pretendía arrogarse una facultad que no le es propia lastimando de muerte un concepto constitucional enorme”, rezaba el escrito, al mismo tiempo que lanzaba una fuerte crítica a lo que denominó “la dirigencia vintage” rural al sostener que “es sorprendente esa decisión que abonan algunos de no juntarse y no hablar”.

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Lo cierto es que si bien hubo un trabajo desde la dirigencia rural para que ese artículo no viera la luz, también ya se preveía que al oficialismo le costaría conseguir el consenso necesario en ese punto. No obstante, hoy el campo tiene una preocupación menos, ya que el Gobierno no podrá aumentar de manera unilateral las retenciones, pero también sabe que hoy no hay plafón político y económico que permita una reducción de las mismas, más allá de algunas puntuales pertenecientes a las economías regionales. Hoy las retenciones siguen allí, inamovibles, por lo tanto la discusión de cómo bajarlas vuelve a tomar importancia.

Gradualismo

“No veo en 2023 un contexto político, tanto por el oficialismo como por la oposición, proclive a una reducción en las retenciones, pero ese es el camino que tenemos que seguir”, dijo a Infobae el presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, quien hizo hincapié en que “a la voluntad la tenemos que hacer madurar los productores, sino no va a haber voluntad nunca por parte de la política. Es un trabajo y una presión bien coordinada de parte de todos los productores que debemos hacer para que la política entienda por dónde tiene que ir la cosa”.

Para Achetoni, la política de retenciones “no es el camino” a seguir, ya que “hace 20 años que se cobran y se multiplicó la pobreza”. Por eso, es necesario que los derechos de exportación emprendan un camino hacia su eliminación definitiva, que en el algunos casos debe ser inmediato y, en otros, emprender un trayecto descendente hasta que no existan más.

En este sentido, el dirigente agropecuario marcó que “en las economías regionales no tiene sentido que estén las retenciones porque frena el desarrollo del interior del país”, mientras que en lo que se refiere a las producciones de la “Pampa Húmeda debe ser gradual y por escala. Desde FAA propusimos una reducción desde las primeras toneladas de producción que vaya incrementando cada dos años y con una composición mixta, donde confluyen una reducción en porcentaje en general y se llegue a una eliminación total de las retenciones”.

O sea, el plan consiste en que en el primer año las primeras 200 toneladas que venda un productor estén exentas de pagar derechos de exportación, en el segundo año serán las primeras 400 y el tercero 600. Al mismo tiempo, se debe implementar una reducción en los porcentajes de retenciones que se le cobran a todos los cultivos. Por ejemplo, el primer año la alícuota que paga el maíz se reducirá en dos puntos, y en el siguiente también. “Así se ataca a las retenciones por dos lados. Se busca que todos por igual no paguen en las primeras toneladas, impactando de manera beneficiosa en mayor medida sobre el pequeño productor”, completó.

Ahora bien, el esquema propuesto no es para todos los cultivos igual, sino que se propone que las retenciones al maíz y al trigo (hoy en el 12%), desaparezcan en un lapso de 5 años, mientras que para la soja (33%) ese proceso llevaría 10 años. Una de las razones es para no desfinanciar de un día para el otro al Estado, más allá de que a partir de una mayor producción el aporte fiscal sería mayor y podría llegar a compensar esa merma. Pero otra también persigue la sustentabilidad. “Se tiene que buscar un esquema donde el incentivo esté para cualquier cultivo y que no haya predominio de ninguno para poder proteger los suelos”, dijo Achetoni.

Política de Estado

Para el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) y coordinador del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), Gustavo Idígoras, la discusión por retenciones se tiene que dar dentro de un plan integral estratégico para el sector, y que los resultados del mismo se conviertan en una política de Estado a 10 años que sirva como fomento exportador para el sector.

En diálogo con Infobae, Idígoras comentó que hace seis meses el CAA se abocó al diseño de un “plan agroindustrial federal” en el cual participaron 33 cadenas productivas del sector y que fue presentado a la Mesa de Enlace, a la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y También a la Unión Industrial Argentina (UIA) en las últimas semanas. Este proyecto pretende ser “federal, innovador y sustentable”.

“Hay cuatro grandes líneas que sigue este plan: la primera es la promoción de las exportaciones vinculada a la carga tributaria, por lo que vamos a proponer una ley que lleve a eliminar todas restricciones cuantitativas a la exportación; la segunda línea, es ir a un proceso de desburocratización en cuanto a las cantidad de trámites; la tercera línea es una cuenta única tributaria de comercio exterior; y la cuarta línea tiene que ver con los derechos exportación”, puntualizó Idígoras.

En este último punto, si bien el titular de CIARA-CEC no brindó muchos detalles ya que la presentación de este plan se realizará en noviembre, si adelantó a Infobae que se trabaja con “distintos criterios para economías regionales, para productos procesados listos para su comunismo, para el complejo cerealero-oleaginoso y para el cárnico”. Y agregó: “Todo va a un cronograma de eliminación, teniendo en cuenta que es un impuesto totalmente distorsivo, pero también bajo un criterio fiscal a los efectos de evitar una pérdida de ingresos en este sentido. Por eso hay distintos cronogramas de acuerdo a criterios objetivos”.

Para Idígoras, un plan así que durará 10 años hasta 2023 requiere de un “consenso político entre todos los partidos, ya sean peronistas, radicales, del PRO, socialistas o libertarios” y dijo que están en conversaciones con “economistas. think tanks y precandidatos no solamente a nivel nacional, sino también en provincias claves. Es un plan ambicioso que trabajaremos desde noviembre a marzo”.

La política y el 2024

Para el analista político y cofundador de la consultora Amplificagro, Hernán Satorre, la lectura que se debe hacer de las retenciones y la discusión que el sector agropecuario y agroindustrial deberían llevar adelante, es entendiendo cuáles son las posibilidades ciertas de que se vaya a una baja en las alícuotas y la modalidad a adoptar teniendo siempre en cuenta la realidad económica del país.

Así, por ejemplo, prevé que durante el 2023 el gobierno no da señales de querer alterar el esquema actual de derechos de exportación, ya que el Ejecutivo “ha aprendido que las retenciones como mecanismo de recaudación y como mecanismo para tratar de bajar la inflación son herramientas muy costosas políticamente y que generan movilizaciones en el agro, y que existen otras formas de generar un efecto similar sin pagar grandes costos políticos en un año electoral, con otros impuestos o tipo de cambio diferencial”.

No obstante, ese contexto cambiaría de cara a 2024 ya que Satorre ve factible un cambio de signo político en el Gobierno, que conlleve a la implementación de otro modelo económico “pro-mercado”. Pero más allá de esto, no cree probable que haya una quita abrupta de los derechos de exportación. “Visualizo un esquema de bajas graduales a medida que van ajustando el Gasto Público. No veo la posibilidad de bajar bruscamente las retenciones para generar un shock exportador”, dijo.

“Esto lo sostengo entendiendo que seguramente el nuevo gobierno que asuma en diciembre del año 2023 proponga un programa de ‘shock’, dado que no hay quién financie el gradualismo. Pero, a mi juicio, las retenciones podrán ser parte de las excepciones y posiblemente entren en un esquema de baja gradual hasta cierto punto, dado que si devalúan fuerte reduciendo la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue, necesitarán de las retenciones, para cerrar fiscalmente”, concluyó Satorre.

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