El campo busca profundizar sus reclamos, pero por ahora se alejó de un escenario de conflicto con el Gobierno

La relación entre el Gobierno y el sector agropecuario vuelve a ponerse en juego tras la impasse que significó el “dólar soja”. Pasado ese aluvión de comercialización de soja, los reclamos y las discrepancias entre ambos volvieron al centro de la escena. Las demandas ya son conocidas; se centran básicamente en la necesidad de reglas de juego claras y estables, abandonar el cortoplacismo, aliviar la presión fiscal, eliminar la intervención en los mercados e ir hacia un sistema único tipo de cambio que evite distorsiones en la comercialización de la producción y en la compra de insumos y no conspire contra la competitividad rural, en particular contra la de las economías regionales.

El Gobierno nacional, todavía exultante por los resultados del “dólar soja”, ahora centrará su política agraria en la asistencia a los pequeños productores de maíz y soja que no hayan podido ingresar al Programa de Incremento Exportador (PIE), para lo cual se destinará un fondo de $42.000 millones y una eventual ayuda a las economías regionales, aunque todavía poco se sabe de esta iniciativa, que podría ser nuevamente una eliminación o baja de retenciones.

Por el momento, los principales pedidos de la dirigencia agropecuaria no están en la agenda inmediata de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca que conduce Juan José Bahillo, lo que lleva a que las críticas de la Mesa de Enlace empiecen a fluir con mayor fuerza. Aunque vale aclarar que los titulares de las entidades descartan en el corto plazo la realización de protestas u otro tipo de acciones que lleven a un conflicto con el Gobierno. Todos estos temas estuvieron presentes en la nota exclusiva que Infobae realizó con los titulares de las entidades del campo.

“A favor del campo”

Más allá de la contundencia en los resultados del “dólar soja” y la impresionante participación de los productores, la dirigencia rural entiende que la naturaleza de la medida que establecía un tipo de cambio diferencial de $200 por dólar para el complejo sojero solo por septiembre era recaudatoria y no pensada como un alivio para el sector. Por eso, sostienen la necesidad de dejar de lado los “parches” y trabajar en cuestiones más estructurales.

“Estamos en prueba y error, porque no podemos considerar a la medida del dólar soja como una medida consensuada y que fue en favor del sector, sino que fue una tentación al sector para ellos armarse de divisas, así es que en cuanto a lo demás todavía falta ver, hablar y concretar medidas que realmente vayan en favor del campo”, dijo el presidente de la Federación Agraria (FAA), Carlos Achetoni a este medio.

En este sentido, destacó que “han sido todas medidas medio parche, nada contundentes”, planteó Achetoni y agregó que en el Gobierno “tienen que entender que lo del dólar soja es una muestra de que si nos sacan el pie de encima seguramente vamos a producir mucho más, vamos a generar una sinergia, una movilidad ascendente en el trabajo que va a redundar en beneficio de todos los argentinos, no solo del sector”.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolas Pino, remarcó el buen diálogo que existe tanto con Bahillo y el ministro de Economía, Sergio Massa, y opinó que “hay un proceso de querer empezar a tener puntos en común”, pero aclaró que “es una relación que viene muy desgastada con el Gobierno y va a costar trabajo llevarla para adelante”.

Por eso, señaló que más allá de los numerosos reclamos que mantiene el campo el “más importante es que estamos sufriendo todos los productores una pérdida de competitividad brutal en todo lo producido” y que si bien “el invento del dólar soja salió muy bien para el Gobierno, donde muchos productores vendieron y eso quiere decir que cuando se le da una condición medianamente favorable, el productor ve una posibilidad de poder vender o comercializar su producido algo mejor lo hace, pero esto no está pasando en ninguna de las producciones en Argentina”.

A su turno el presidente de Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Carlos Iannizzotto, marcó el buen diálogo entre el Gobierno y la dirigencia agropecuaria, aunque señaló que “no hay entendimiento, ya que las medidas salen para un lado y lo que pedimos nosotros va por otro. Le dijimos a (Sergio) Massa que sea valiente y que baje impuestos, porque es un aliento a la producción, a las pymes y a los cuentapropistas y que con eso va a conseguir bajar la inflación. Dentro de una lista grande de reclamos, sería el mayor gesto y va a ganar la confianza de todo el sector”.

Medidas

Como se dijo anteriormente, la única medida anunciada tras la finalización del PIE fue la creación de un fondo de $42.000 millones para financiar la siembra a pequeños y medianos productores de soja y maíz de entre 100 y 200 hectáreas que no pudieron acceder al dólar soja. Si bien no hay más detalles que estos, menos se sabe del supuesto fondo de $32.000 millones que anunció Massa en el último día de septiembre.

Para el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, las medidas anunciadas “son con un objetivo recaudatorio, no creo que estén pensando en una mejoría hacia hacia el sector agropecuario”, aunque sostuvo que seguramente habrá " productores que puedan llegar a tomarlo, porque desde ya que siempre una ayuda significa, pero esto no es lo que nosotros pedimos, no es la solución definitiva de los problemas estructurales”.

Respecto a las economías regionales y posibles medidas para ayudar al sector, Chemes indicó que “hemos ido a plantear la dificultades que tienen y se estaría generando alguna reunión en esta semana donde podrían aparecer algunas propuestas de medidas de ayuda hacia las economías regionales, pero todavía no sabemos con certeza qué”.

Iannizzotto también fue crítico con la medida anunciada, ya que las considera “aisladas, como parches, dentro de una situación de tanta zozobra. No es que no estamos de acuerdo, pero necesitamos otros tipos de medida. No hay una política de aliento al productor, ni a las economías regionales”. Para Pino “todo lo que sea para mejorarle la vida a los productores es bienvenido”, pero hizo especial hincapié en dejar de “mirar nada más lo que da mucha facturación que son producciones como la soja, el maíz o la carne, si no que es necesario que miremos también a muchísimos miles de productores que desarrollan su actividad en lugares donde realmente es muy difícil y no están viendo respuestas de nada”.

En esta línea, Achetoni puntualizó que “hay dos factores (de la medida anunciada) que hacen ruido”, como lo es que los productores que retengan más del 15% de soja no puedan acceder y que tampoco puedan aquellos que hayan participado del PIE, ya que “no es lo mismo haber vendido 10.000 toneladas de soja con este esquema a haber tenido que vender 30, 50 o 100 toneladas por una cuestión puntual de pagar alquileres. Que esto termine siendo una cosa discriminante no está bien”.

Profundización

Más allá de estos reclamos, la mayoría de las entidades que componen la Mesa de Enlace no ven la posibilidad, por lo menos en el corto y mediano plazo, que se den las condiciones para que se desate un conflicto, pero va a haber una profundización de los reclamos. Así, Chemes indicó que la situación “no está como para ir a una medida de fuerza, pero sí creo que se va a hacer cada día más profundo el reclamo, que van a ir a una discusión mucho más fuerte desde las entidades, pero no creo que el clima esté dado para ningún tipo de conflicto que lleve a una medida de protesta”.

Por su parte, Iannizzotto descartó la posibilidad de un conflicto, aunque “eso no quita la firmeza en el pedido de la baja de impuestos, de decirle al Gobierno que está equivocado, con los cepos y con el populismo. Tenemos firmeza en nuestras convicciones”, mientras que Pino tampoco ve un escenario de ese tipo entre el sector y el Gobierno, pero sostuvo que “el país está constante y permanentemente en conflicto”.

Pero Achetoni, si bien no planteó que podría pasar en el corto plazo, entiende que podría darse “una gran frente de conflicto” debido a la coyuntura que vive el campo. “La situación climática no es la mejor y si no hay una disposición fuerte de fondeo hacia la Ley de Emergencia y hasta ir avanzando en un seguro multi riesgo, puede ser un gran frente de conflicto, porque los productores se van a encontrar desfinanciados, sin producción y con una situación climática de emergencia sin ningún tipo de asistencia”.

“O sea, les servimos cuando teníamos producción para asistir al Gobierno y ellos no están generando ninguna herramienta para asistir al productor en el caso de la emergencia y yo creo que puede haber un fuerte conflicto porque estamos hablando de casi todas las economías del país que se están viendo afectadas por la sequía”, concluyó.

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