Qué mecanismos estudia el Gobierno para reemplazar al “dólar soja”

El campo se encuentra a la expectativa de las posibles medidas que anunciaría el Gobierno en las próximas horas, con el objetivo de incentivar la liquidación de soja en manos de los productores para de esa manera aumentar el flujo de dólares y fortalecer las reservas. Por otro lado, desde la Mesa de Enlace aguardan señales de los funcionarios para solucionar los problemas de competitividad que atraviesa el sector productivo.

A partir de que mañana vence el denominado “dólar soja”, el instrumento financiero que diseñó el Banco Central de la República Argentina, el Secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, mantuvo ayer contacto con integrantes de la dirigencia del campo con el propósito de intercambiar conceptos sobre las posibles medidas, aunque hasta el momento no hay precisiones sobre el camino que elegirá el Gobierno para reemplazar el esquema del Banco Central que no alcanzó el objetivo propuesto: solamente se realizaron 60 operaciones de venta de soja por parte de los productores, por un total cercano a los 4 millones de dólares.

De acuerdo a lo que pudo reconstruir este medio sobre la marcha de las negociaciones que se llevan adelante, son varias las alternativas que se analizan, de las cuales muchas se analizaron en las dos reuniones que mantuvieron los técnicos de la Secretaría de Agricultura y de la Mesa de Enlace. Una de las coincidencias que hay entre las partes es que el nuevo instrumento debe ser de fácil acceso. En este contexto, trascendió la posibilidad de fijar un dólar en $190 pesos, que permitiría pasar de un precio actual de la tonelada de soja que recibe del productor en $55.000 a uno de $70.000.

Además, en el equipo económico de Sergio Massa se propone reflotar una medida de 2008: se trata del Refinoplus, por el cual en aquel momento permitía la emisión de Certificados de Crédito Fiscal transferibles aplicables al pago de derechos de exportación de petróleo. Para replicarlo en el mercado de la soja, el Certificado se aplicaría al pago de los derechos de exportación y significaría una mejora del 30% en el precio de la oleaginosa al productor, que percibiría de manera “plena” y sin la intervención de las empresas cerealeras. En principio se estudia la medida para los meses de septiembre y octubre.

A todo esto en el entorno del Gobierno aseguran que buscan dar señales de confianza a los productores. Ayer en ese sentido, si bien no hubo comunicación oficial al respecto, desde el sector de la industria frigorífica se confirmó la decisión de la Secretaría de Agricultura de aumentar el nivel de exportación de carne vacuna. Ahora se permitió aumentar en un 15% el volumen despachado al exterior por mes, lo que significaba sumar unas 4.500 toneladas a las 30.000 toneladas embarcadas por mes.

En relación a la comercialización de la última cosecha de soja, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, señaló que a pocos días del cierre de agosto las ventas de la oleaginosa “han disminuido mucho” y podría cerrarse el “peor agosto de los últimos 10 a 15 años”, cuestión que da cuenta que los instrumentos impulsados desde el Banco Central (BCRA), como lo es el “dólar soja”, fracasaron de manera contundente.

Para Idígoras, existen cinco razones que demoran la comercialización de la soja por parte de los agricultores. En primer lugar, mencionó a la sequía, secundada por la falta de gasoil que se vivió en los meses de cosecha. Además, otro factor que influyó fue la disparada de las cotizaciones bursátiles e informales de los dólares tras la renuncia del ex ministro, Martín Guzmán, que llevaron la brecha cambiaria al “160% a 170%”, respecto al dólar oficial, al mismo tiempo que la incertidumbre en cuanto a la disponibilidad y precios de los insumos también dificultaron las ventas.

Pero una de las principales razones fue la indecisión del Gobierno respecto a qué instrumento implementar para agilizar la comercialización del poroto. En este sentido, Idígoras marcó que “hace 20 días que el Gobierno viene diciendo que hay distintas opciones para vender su soja, entonces el productor que tenía alguna intención de venta, esperó para ver esas mejores condiciones. Todo ese paquete, llevó a que hoy por hoy tengas 21 millones de toneladas que no ingresaron a ningún puerto sobre una cosecha de 44 millones. Hay un retraso aproximado de 4 a 5 millones de toneladas”, en las ventas.

Es por eso que revertir esta situación “depende de la decisión del gobierno de qué hacer y cuándo. Si sigue pensando que tiene que tener condiciones para el 30 de septiembre para poder sentarse con el FMI, sobre todo en el tema reservas, me parece que necesita tomar una medida lo antes posible, en esta semana. Lo razonable es que el productor vea el valor de la soja que venda a un mejor precio. Si eso es así, debe haber una medida que represente un beneficio específico para el productor”.

Para el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, el denominado “dólar soja”, “fracasó”, por lo cual solicitaron un “nuevo esquema”. Al respecto, el dirigente sostuvo que el mismo debe ser “de fácil instrumentación y que los valores sean los que recibe un productor en cualquier parte del mundo. En Argentina se cobra un tercio del precio internacional, el otro tercio corresponden a derechos de exportación y el otro, se lo lleva la diferencia en el tipo de cambio. Estas semanas desde el gobierno han generado una mayor incertidumbre y una retracción muy fuerte en la comercialización del producto”.

Por su parte, la dirigencia de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) entiende que de concretarse una medida que solo tenga como objetivo lograr una mayor liquidación de soja, constituiría un “evidente agravio por trato desigual, para el resto de los productores, que sin contar con este supuesto beneficio deben afrontar la venta de sus producciones, mediante la liquidación de dólares al tipo de cambio oficial, visiblemente retrasado, frente a las demás variables de la economía”.

En este sentido, se hizo especial hincapié en la problemática que atraviesan las economías regionales cuyas producciones se exportan, las cuales “se encuentran relegadas y con severos daños económicos, por la persistencia del Gobierno en sostener un tipo de cambio, notablemente inconsistente, con brechas superiores al 100% de aquellos tipos de cambio con el que se forman los costos de su producción”.

“En efecto, la inflación, los insumos, las paritarias, las tasas de interés corren a un ritmo que cada vez se despega más del tipo de cambio oficial, por tanto, resulta prioritario, no solo crear las condiciones económicas para que sus producciones sean rentables, sino también que las medidas económicas, sean cuales fueran, comprendan al universo de productores y no marginando algunos, por mero capricho del Estado”, concluyó la entidad en un comunicado.

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